A los ciudadanos y ciudadanas que asumieron como legisladores.

A la ciudadanía toda.

En ocasión de conmemorar la reacción de nuestro pueblo del 19 y 20 de diciembre de 2001 y los mártires de esa lucha. 

Como todo cambio institucional, consideramos es este un momento oportuno para el balance, la capitalización de experiencias y relanzamiento de objetivos, pues resulta evidente que la joven y vapuleada democracia argentina está en deuda con la ciudadanía, en lo que hace a la construcción de un auténtico estado de justicia social.

 La recuperación de las instituciones en 1983, luego de la más funesta de las dictaduras, representó todo un desafío y abrió una enorme esperanza para el conjunto de nuestra sociedad. A 26 años de esa instancia, observamos no pocos retrocesos y la escasez de lo realizado, al tiempo que advertimos sobre la grave responsabilidad de distintos gobiernos, al privilegiar los negocios privados y las estrategias sectoriales de poder, al interés público. La manipulación de la ley, el autoritarismo, la soberbia, el enriquecimiento asociado al privilegio de los grandes intereses en el manejo de la cosa publica, constituyen sin duda, la piedra angular del deterioro de la democracia. En tanto que la  concentración de poder en la órbita del gobierno nacional, con la complicidad de gobernadores convertidos en señores feudales y la clientelización política de la pobreza, se convierten en un nuevo peldaño descendente.

Asumiendo la responsabilidad que como ciudadanos nos corresponde, desde el Foro de Pensamiento y Construcción Social, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por temas que ya hemos denunciado y reiteramos, porque están en la agenda de los reclamos de nuestro pueblo, aspirando a que sean tomados con decisión, por las autoridades ejecutivas y el parlamento nacional. Esos temas son:

• La extrema concentración de los ingresos, que obligan al 20% más pobre de la población a conformarse con el 4% del PBI, en tanto que el 20 % más rico disfruta de un porcentaje superior al 50% del total. 

• El sostenimiento del modelo extractivo-exportador que continúa la antigua tradición de saqueo colonial, hoy acentuado y acelerado por el vértigo de  inescrupulosos métodos de producción, que generan en el ámbito agrario el avance de la frontera de  monocultivos, agronegocios y la consecuente expulsión de pequeños productores que pasan rápidamente a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, la concentración y extranjerización de la tierras, la contaminación y degradación de los suelos, el agua y el aire, además de la pérdida de la biodiversidad. Sumado a ello, la mega-minería y la industria contaminante, junto a la no intervención del Estado, se han convertido en las principales causas del agravamiento de la crisis ambiental en nuestro país. 

• La persistencia del HAMBRE en un país con capacidad de producir alimentos para toda su población e importantes posibilidades de exportación. 

• La no recuperación de las empresas y recursos estratégicos para el desarrollo de la Nación, malvendidas, en algunos casos renegociadas del mismo modo y que continúan en manos de empresas multinacionales o subsidiarias locales, sin cumplir siquiera con los beneficiosos convenios que le fueron otorgados y en algunos casos, además subsidiadas. 

• La devaluación de la participación democrática de nuestro pueblo en la toma de decisiones políticas, mediante la marginalización de la mayoría de las organizacio-nes sociales, la criminalización de la protesta y una reforma política dirigida a consolidar el bipartidismo y evitar toda posible alternativa. 

• El sostenimiento de un modelo absurdo y egoísta, basado en la optimización del lucro por encima de todo otro valor y que concluye responsabilizando a los pobres y excluidos de todos los males de la sociedad e impone una agenda donde los problemas de inseguridad son tratados con recetas de mayor represión, penas más duras  o la imputabilidad de los menores, cuando está demostrado científicamente y corroborado en la práctica que la verdadera seguridad de los pueblos se encuentra indisolublemente vinculada a la vigencia de la justicia social y los derechos humanos integralmente comprendidos (salud, educación, vivienda, trabajo digno, buen vivir, descanso, esparcimiento, previsión social y posibilidades ciertas de evolución socioeconómica).                  

Asumiendo el compromiso de no limitarnos a la denuncia. Con disposición y voluntad para ejercer nuestro derecho y responsabilidad en relación al diseño, propuesta y respaldo activo de toda iniciativa bien intencionada, venga del sector que venga y en la certeza de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, entendemos indispensable que el nuevo Congreso centre su atención en una estrategia decidida a recuperar la capacidad de decisión del Estado Nacional en: 

• La decisión política de eliminar el hambre. Esto significa sustituir la lógica de un Estado que subsidia con 20.000 millones anuales a grandes empresas y no grava la renta financiera, por un esquema encaminado a pagar la deuda interna, con relación a las victimas de años de saqueo neoliberal. Es urgente la implementación de programas universales de apoyo social, eliminando la vergüenza del manejo clientelar de la pobreza. 

• La sustitución del actual modelo productivo, por otro que centre su prioridad en la soberanía alimentaria, la preservación de los bienes naturales, la recuperación de las empresas y recursos estratégicos y la recuperación de las economías regionales con un plan federal de ocupación del suelo y distribución de la tierra. Que respete e integre la diversidad y preexistencia de los Pueblos Originarios. 

• La puesta en marcha una auditoria integral de la Deuda Externa, que permita conocer claramente el monto de la deuda espuria y las responsabilidades políticas y personales en ese gran negociado que hipoteca desde hace años el futuro de la sociedad argentina y el rechazo a la creación de “fondos especiales de desendeudamiento”, convertidos en la práctica en una nueva postergación de la cuantiosa deuda interna. 

• Eliminación del IVA a los alimentos. En nuestro país se da el contrasentido de que pagan más caro los que menos tienen. El pago con tarjeta, el costo del gas natural, las tasas e impuestos y el valor de transporte de la ciudad, son algunas de los muchos ejemplos de discriminación en perjuicio de los más postergados. 

• La ampliación de la participación democrática del pueblo en la toma de decisiones políticas. El reconocimiento de las demandas de las organizaciones sociales, la habilitación de nuevas formas de participación popular. Además de asegurar que el 33 % de frecuencias que garantiza la nueva Ley de Medios cumpla su enunciado de dar voces propias a las organizaciones sociales y comunitarias, sean o no afines al gobierno. 

• La implementación de políticas de Seguridad basadas en garantizar la vigencia integral de los derechos humanos. Brindar una existencia segura a nuestro pueblo otorgando más trabajo, educación, salud, viviendas. Junto a políticas de contención y defensa de los más débiles y en peligro, que son los niños y adolescentes pobres.

Finalmente queremos manifestar nuestro optimismo:

 Porque más allá de la esperanza cifrada en el cumplimiento de los legisladores en relación al mandato recibido de sus electores, tenemos razones para creer en un pueblo que no se resigna a la opresión, la corrupción y la mentira. Un pueblo que como la mayoría de los pueblos de América Latina está dispuesto a organizarse y movilizarse, valorando la confianza en sus propias fuerzas y en todos aquellos que acompañen sus decisiones. En síntesis, tenemos fe en la capacidad de estratega y maduración política de un pueblo que a lo largo de la historia protagonizó jornadas de enorme significación y en el caso de nuestro país, revalidó esa herencia el 19 y 20 de diciembre de 2001.

19 de diciembre de 2009

Grupo Convocante

PÉREZ ESQUIVEL, Adolfo. Argumedo Alcira. Atuati Rafael. Baravalle Mirta. Boris Diego. Brunati Luis. Calgaro Carlos. CIEZA Guillermo. Cortiñas Nora. Dimarco Juan Carlos. Echeverría Daniel. Guzman Fernando. Helguera Adela María. IÑIGUEZ, Carola. Juliá Carlos. Marzano Liliana. MERINO Susana. Olmedo Jesús. Olmedo Pedro. Pelloni Martha. Pérez Esquivel Leonardo. Pino Solanas  Fernando. Piña Joaquín. QUINTERO Ceferino. Raffo Julio C. RENAUD Juliette. Ricci Juan E. Saracini Carlos. Torreiro Jorge. Yahdjian Juan.