Martín Becerra es un reconocido académico argentino que defiende la nueva ley sobre espacios radioeléctricos y el proceso abierto para su efectiva vigencia. Propone reforzar el criterio de servicio público para los medios estatales

 

Algunos países de América Latina lograron embarcarse decididamente en procesos que buscan democratizar el sector de los medios de comunicación, comenzando por el reemplazo de instrumentos jurídicos obsoletos y en muchos casos violatorios de los derechos humanos. Otros tantean el terreno y hay quienes aguardan tiempos políticos más propicios para impulsar el mismo debate.

 

Pero lo que está claro es que ya nadie duda que se trata de un tema instalado de manera indeleble en la agenda regional, a pesar de los pataleos y las campañas orquestadas por poderosos grupos monopólicos y oligopólicos, que tratan de mantener sus privilegios intactos por sobre el derecho de toda sociedad a informar y estar informada, con pluralidad y reglas equitativas.

 

APM dialogó con el argentino Martín Becerra, docente, investigador y autor de varios libros sobre comunicación. Sus dos últimos trabajos, “Los dueños de la palabra” y “Los monopolios de la verdad”, realizados junto al académico Guillermo Mastrini, forman parte de un amplio estudio sobre la concentración de los medios latinoamericanos.

 

Enfocándose en el caso de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en Argentina el pasado 10 de octubre, Becerra habla en esta entrevista de los desafíos que quedan por delante, las dificultades que se plantean en torno a la aplicación de las nuevas normativas y las posturas reaccionarias de los sectores hegemónicos en la región.

 

 

Es una ley positiva, que tiene una concepción de la comunicación como derecho humano, que habilita a que organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a la titularidad de licencias. En este aspecto termina con la discriminación que tenía el marco legal anterior. Por razones de capacidad adquisitiva, numerosas organizaciones y emprendimientos estaban marginados del acceso a los medios de radio y televisión. Me parece también que es una buena ley porque pone un límite, un límite moderado, a medios que pueden tener un mismo propietario, es decir un límite a la concentración. También exige la producción de contenidos de tipo federal y plantea criterios para integrar la autoridad de aplicación y el directorio de los medios de gestión estatal. Todos estos puntos constituyen un gran avance respecto de lo que había antes.

 

 

Negativo fue el marco en el que se dio la discusión, tanto por responsabilidad del gobierno nacional como de los grandes medios concentrados. Estos últimos salieron con una posición muy intransigente, no sólo contra el contenido del proyecto, sino contra cualquier posibilidad de regulación que establezca reglas de juego ecuánimes para el conjunto de la sociedad. Luego tengo diferencias frente a algunas conceptualizaciones. Por ejemplo, cuando se habla de medios públicos, la ley sólo se refiere a los medios de alcance nacional, pero existe un conjunto de radios y canales provinciales, emisoras municipales, que la propia ley crea, que no tienen un criterio de integración de tipo público de sus directorios. Es decir, pueden llegar a depender de la discrecionalidad del gobernador de turno. Estos son aspectos de la ley con los que tengo diferencias, cuestiones parciales, pero a nivel general, repito, me parece una buena ley.

 

 

Creo que son de dos naturalezas. En primer lugar, hay dificultades que tienen que ver con el hecho de que se trata de una nueva ley, de que hay mecanismos que son novedosos, de que hay una cultura que se quiere instalar, la cultura de lo público, que no está fuertemente anclada en la tradición de políticas de la radiodifusión argentina. Esto requiere construir una cultura totalmente nueva. Las universidades, por ejemplo, que tenían que designar integrantes para la autoridad de aplicación, por una lógica interna de funcionamiento poco democrática, tornaron la designación de esos representantes de una manera inconsulta. Ésta es sólo una muestra de las dificultades de una ley que propone mecanismos de participación a una sociedad que jamás contó con prácticas democráticas en el sector de los medios. Entonces, se tiende a operar con la inercia del momento anterior. El segundo orden de dificultades es, si se quiere, externo a la voluntad de aplicación de la ley. Es la resistencia que han planteado los grandes grupos concentrados de medios y una parte de la oposición política de centroderecha al gobierno, que, en algunos casos, está orgánicamente vinculada al capital de esos grupos concentrados, como ocurre en el caso de Francisco de Narváez (diputado electo y empresario de medios). Se trata de una disputa que sigue presente y que está lejos de agotarse.

 

 

Sí, por eso a mí me parece fundamental para defender la norma, que se defiendan al mismo tiempo las prácticas democráticas en su implementación. Porque si ahora, en vez de continuar con una senda participativa, deliberativa, que fue lo que posibilitó la sanción de la ley, se entiende que ya está logrado el objetivo y se acaba la participación, la deliberación, la consulta, entonces la oposición por derecha va a tener herramientas para deslegitimar lo que ya fue sancionado.

 

 

Una de ellas está vinculada al capítulo inconcluso que mencioné anteriormente con respecto a los medios de gestión estatal en las provincias, para que su orientación tenga la misma relevancia que se le asigna a los medios estatales nacionales, para que sus mecanismos de integración y sus directorios y órganos sean verdaderamente consultivos. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el financiamiento de la radio y la televisión no comercial. La ley tampoco cierra este capítulo. Lo abre, lo habilita, lo cual es un gran avance, pero no está claro que la supervivencia económica de aquellos medios que no tengan una lógica comercial pueda realizarse de manera eficaz con las disposiciones aprobadas. Creo que en este punto se va a necesitar un esfuerzo por nuevas reglas de juego, nuevas regulaciones, que aseguren que los operadores comunitarios, barriales, sindicales, universitarios, puedan tener condiciones efectivas para la producción de calidad. Estos son distintos aspectos que hacen a una agenda de democratización que la ley, por supuesto, introduce y no agota. El gran desafío es continuar esa agenda, profundizarla, porque eso es lo que va a garantizar que la ley se aplique bien, y que también sea complementada por otras leyes, reglamentos, decretos, que la potencien.

 

 

Tenemos como características comunes la altísima concentración de la propiedad de los medios, la fuerte centralización geográfica de la producción de contenidos, la ausencia de un criterio de servicio público para los medios de gestión estatal. La lógica de funcionamiento que prevalece es la comercial, y en algunos casos es hasta hipercomercial. Todo esto hubiese sido imposible en nuestros países de América Latina sin la colaboración de distintas gestiones gubernamentales a lo largo de varias décadas. Esto también influyó en que, hasta hace cinco o seis años aproximadamente y dependiendo del país, no hayamos tenido Estados comprometidos con la regulación de los medios de comunicación. De este modo, en casi toda la región, los grandes operadores de radio y televisión manejaban las licencias como si fueran títulos nobiliarios, creían que las tenían de una vez y para la eternidad. Lo que vemos entonces en distintos países donde se intenta regular el sector es una fuerte reacción por parte de los grupos más concentrados. Se trata de una reacción que no está orientada a resistir esta o aquella regulación, no tiene que ver con las características del proyecto que se presenta. Lo que resisten verdaderamente es que el sector de medios esté regulado y, por el contrario, abrazan el mito de la autorregulación. Esto se vio planteado en algunos editoriales del diario La Nación durante el debate de la ley de medios argentina. Pero la autorregulación está a las antípodas de los intereses del resto de la comunidad, que necesita reglas de juego claras para tener acceso al derecho humano a la comunicación.

 

 

Sin duda pueden llegar a convertirse en una alternativa, en tanto y en cuanto sean gestionados con criterio de servicio público y no con criterio de servicio gubernamental, que es lo que sucede hoy en día. Los medios de gestión estatal en la Argentina, por ejemplo Canal 7, Radio Nacional, no son actualmente medios públicos. Es verdad que ahora existe una mejor conducción en estos medios, pero no creo que esa mejora le garantice nada a la sociedad en su conjunto, que es la que en definitiva los financia. Si mañana cambia el gobierno y asume el señor De Narváez como presidente de la República, nada impide a este señor designar como interventor de los llamados medios públicos al peinador estilista Rubén Orlando.

 

 

Se garantizaría con directorios consensuados. El directorio de un medio no es un dato menor porque es, precisamente, el que orienta la programación de los medios estatales. Es el órgano que decidiría, llegado el caso, si se da un nuevo estatuto que garantice el mandato de servicio público. Es decir, hay un conjunto de acciones pendientes que pueden llevarse a cabo, que la ley de medios argentina permitiría, pero que no van a concretarse si no existe una voluntad y una vocación política fuertes.