Blackfire amenaza a México encima de los daños ya hechos
20/02/2010
- Opinión
La empresa minera canadiense quiere embolsarse US $800 millones de dólares por medio del Capítulo 11 del TLCAN
Ottawa y Toronto - Una coalición de organizaciones canadienses condena el uso del TLCAN por la compañía Blackfire Exploration para obtener US $800 millones de dólares del estado mexicano pobre de Chiapas. La empresa minera, con sede en Calgary, está implicada en acusaciones de corrupción de funcionarios públicos de México y el asesinato de un destacado activista ambiental en el estado mexicano de Chiapas. Ahora, según un informe reciente en la prensa mexicana, Blackfire también amenaza con demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita en diciembre de 2009[1].
En respuesta a este suceso, Rick Arnold de Common Frontiers declaró, “Uno pensaría que Blackfire, metido como está en la controversia, trataría de mejorar las relaciones con las comunidades afectadas en Chiapas ofreciendo compensación. En cambio, la empresa está procediendo a intimidar a las autoridades públicas mexicanas con la amenaza de una demanda de mega-millones de dólares en base al Capítulo 11 del TLC los cuales el país podría dificilmente pagar.”
“El Capítulo 11 del TLCAN ofrece amplios privilegios a los inversionistas extranjeros y su aplicación de manera confidencial, en tribunales comerciales no democráticos, fuera del sistema judicial nacional debe ser eliminada y considerada como práctica comercial desleal,” dijo Janet Eaton, encargada de campañas sobre comercio y medio ambiente del Sierra Club de Canadá. "Ya es hora de que el Capítulo 11 del TLCAN desaparezca."
Por su parte, REMA (la Red Mexicana de Afectados por la Minería) está exigiendo que el gobierno federal mexicano actúe de inmediato para cancelar todas las concesiones mineras otorgadas a Blackfire, y expulsar a la empresa de México por violar derechos humanos fundamentales[2]. REMA acusa a la empresa minera canadiense de haber planeado el asesinato de Mariano Abarca Roblero en noviembre 2009, razón por la que algunos de los trabajadores de Blackfire han sido arrestados.
Miembros de la REMA señalan que Blackfire no ha cumplido con sus promesas de desarrollo de carreteras y tanques de almacenamiento de agua y en cambio ha generado un impacto ambiental negativo, ha fomentado un clima de amenazas, asesinato y corrupción y ha empobrecido aún más a la población local.
Los delitos de Blackfire en Chiapas y su actitud impenitente demuestran la necesidad de un marco normativo sólido que el gobierno de Canadá debería poner en marcha de inmediato para hacer frente a los casos en que los derechos humanos, derechos laborales y normas ambientales sean pisoteados por las empresas canadienses que operan fuera de nuestras fronteras.
“Estas empresas canadienses que invierten en los sectores de la minería, el petróleo y el gas, en los países en desarrollo, son la cara de Canadá en el extranjero. La autorregulación a través de un marco de "responsabilidad social empresarial" claramente no está funcionando,” dijo Ken Neumann, Director canadiense del sindicato United Steelworkers.
El intento flagrante de presionar a los legisladores en México, con la sola mención del Capítulo 11 del TLCAN, plantea una vez más el espectro de las empresas privadas que impiden a los gobiernos tomar decisiones en favor del interés público. Según Jamie Kneen, de Alerta Minera Canadá, "Simplemente no tiene sentido de que incluso las acciones más mínimas de un gobierno local para proteger a su propia gente y al medio ambiente puedan ser llamadas "expropiación" y ser sujetas a acción legal dentro el TLCAN."
"La amenaza de Blackfire de demandar en base al TLCAN demuestra cómo las normas comerciales han dado a las empresas mucho más derechos para beneficiarse, de lo que permiten a las comunidades desarrollarse de manera sostenible y proteger los derechos humanos. Si alguna vez hubo una oportunidad más clara para que los gobiernos de Canadá, México y los Estados Unidos eliminen el Capítulo 11 del TLCAN, este debe de ser,” dijo Maude Barlow, Presidenta Nacional del Consejo de Canadienses.
Las organizaciones canadienses están exigiendo que Blackfire cese y desista de sus amenazas dentro del Capítulo 11 del TLCAN contra el gobierno de Chiapas, y que el gobierno canadiense inicie una investigación rigurosa de las actividades de Blackfire en México. La coalición también pide a todos los parlamentarios que reconozcan que los abusos de las empresas mineras canadienses en el hemisferio sur son endémicos. Aprobar la Iniciativa de Ley C-300, sobre la Minería Responsable, será un paso en la buena dirección para garantizar la supervisión gubernamental de las actividades mineras canadienses en el extranjero.
Mecanismos de solución de conflictos entre inversionistas y estados, como el Capítulo 11 del TLCAN, se deben eliminar de todos los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y no ser incluidos en ningún acuerdo futuro. No hay ninguna justificación para la protección de las inversiones y el lucro de las empresas mineras multinacionales en detrimento de derechos humanos básicos y derechos ecológicos.
Comunicado suscrito por:
Ottawa y Toronto - Una coalición de organizaciones canadienses condena el uso del TLCAN por la compañía Blackfire Exploration para obtener US $800 millones de dólares del estado mexicano pobre de Chiapas. La empresa minera, con sede en Calgary, está implicada en acusaciones de corrupción de funcionarios públicos de México y el asesinato de un destacado activista ambiental en el estado mexicano de Chiapas. Ahora, según un informe reciente en la prensa mexicana, Blackfire también amenaza con demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita en diciembre de 2009[1].
En respuesta a este suceso, Rick Arnold de Common Frontiers declaró, “Uno pensaría que Blackfire, metido como está en la controversia, trataría de mejorar las relaciones con las comunidades afectadas en Chiapas ofreciendo compensación. En cambio, la empresa está procediendo a intimidar a las autoridades públicas mexicanas con la amenaza de una demanda de mega-millones de dólares en base al Capítulo 11 del TLC los cuales el país podría dificilmente pagar.”
“El Capítulo 11 del TLCAN ofrece amplios privilegios a los inversionistas extranjeros y su aplicación de manera confidencial, en tribunales comerciales no democráticos, fuera del sistema judicial nacional debe ser eliminada y considerada como práctica comercial desleal,” dijo Janet Eaton, encargada de campañas sobre comercio y medio ambiente del Sierra Club de Canadá. "Ya es hora de que el Capítulo 11 del TLCAN desaparezca."
Por su parte, REMA (la Red Mexicana de Afectados por la Minería) está exigiendo que el gobierno federal mexicano actúe de inmediato para cancelar todas las concesiones mineras otorgadas a Blackfire, y expulsar a la empresa de México por violar derechos humanos fundamentales[2]. REMA acusa a la empresa minera canadiense de haber planeado el asesinato de Mariano Abarca Roblero en noviembre 2009, razón por la que algunos de los trabajadores de Blackfire han sido arrestados.
Miembros de la REMA señalan que Blackfire no ha cumplido con sus promesas de desarrollo de carreteras y tanques de almacenamiento de agua y en cambio ha generado un impacto ambiental negativo, ha fomentado un clima de amenazas, asesinato y corrupción y ha empobrecido aún más a la población local.
Los delitos de Blackfire en Chiapas y su actitud impenitente demuestran la necesidad de un marco normativo sólido que el gobierno de Canadá debería poner en marcha de inmediato para hacer frente a los casos en que los derechos humanos, derechos laborales y normas ambientales sean pisoteados por las empresas canadienses que operan fuera de nuestras fronteras.
“Estas empresas canadienses que invierten en los sectores de la minería, el petróleo y el gas, en los países en desarrollo, son la cara de Canadá en el extranjero. La autorregulación a través de un marco de "responsabilidad social empresarial" claramente no está funcionando,” dijo Ken Neumann, Director canadiense del sindicato United Steelworkers.
El intento flagrante de presionar a los legisladores en México, con la sola mención del Capítulo 11 del TLCAN, plantea una vez más el espectro de las empresas privadas que impiden a los gobiernos tomar decisiones en favor del interés público. Según Jamie Kneen, de Alerta Minera Canadá, "Simplemente no tiene sentido de que incluso las acciones más mínimas de un gobierno local para proteger a su propia gente y al medio ambiente puedan ser llamadas "expropiación" y ser sujetas a acción legal dentro el TLCAN."
"La amenaza de Blackfire de demandar en base al TLCAN demuestra cómo las normas comerciales han dado a las empresas mucho más derechos para beneficiarse, de lo que permiten a las comunidades desarrollarse de manera sostenible y proteger los derechos humanos. Si alguna vez hubo una oportunidad más clara para que los gobiernos de Canadá, México y los Estados Unidos eliminen el Capítulo 11 del TLCAN, este debe de ser,” dijo Maude Barlow, Presidenta Nacional del Consejo de Canadienses.
Las organizaciones canadienses están exigiendo que Blackfire cese y desista de sus amenazas dentro del Capítulo 11 del TLCAN contra el gobierno de Chiapas, y que el gobierno canadiense inicie una investigación rigurosa de las actividades de Blackfire en México. La coalición también pide a todos los parlamentarios que reconozcan que los abusos de las empresas mineras canadienses en el hemisferio sur son endémicos. Aprobar la Iniciativa de Ley C-300, sobre la Minería Responsable, será un paso en la buena dirección para garantizar la supervisión gubernamental de las actividades mineras canadienses en el extranjero.
Mecanismos de solución de conflictos entre inversionistas y estados, como el Capítulo 11 del TLCAN, se deben eliminar de todos los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y no ser incluidos en ningún acuerdo futuro. No hay ninguna justificación para la protección de las inversiones y el lucro de las empresas mineras multinacionales en detrimento de derechos humanos básicos y derechos ecológicos.
Comunicado suscrito por:
Common Frontiers
Sierra Club de Canadá
United Steelworkers
Consejo de Canadienses
https://www.alainet.org/es/articulo/139602
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