La entidad binacional brasileño-paraguaya que administra la hidroeléctrica de Itaipú tenía hacia finales de 2008 una deuda de más de 19 mil millones de dólares. En reunión realizada por representantes de los dos países el 11 de diciembre pasado, el Brasil aceptó que la Contraloría General de la República del Paraguay haga una auditoría de esa deuda. Aquí explicamos la importancia de esa medida y prospectamos las dificultades que habrá.

 

Cuando se firmó en 1973 el Tratado para la construcción de la hidroeléctrica, se proyectaba que iba a costar poco más de 2 mil millones de dólares. Para financiar las obras fueron tomados préstamos internacionales por Eletrobrás, empresa eléctrica pública brasileña, que los repasaba a Itaipú (por eso, el principal acreedor de Itaipú es Eletrobrás). Hacia finales de la década, rápidamente, ese costo previsto había subido. Los dos países se encontraban bajo dictaduras militares y no había condiciones de tener ningún tipo de control público democrático sobre la administración del emprendimiento.

 

La empresa binacional Itaipú pagó hasta el presente a Eletrobrás y al Tesoro brasileño 30 mil millones de dólares en concepto de amortización e intereses de la deuda. Y se anuncia que hasta 2.023, cuando se espera que todos lo préstamos que se tomaron para su construcción estarán cancelados, la binacional habrá pagado algo como 60 mil millones de dólares.

 

¿Qué explica tamañas disparidades? La auditoría ayudará a entender lo ocurrido. Pero, ya hay algunas pistas.

 

Primero, en su fase de construcción, Itaipú estuvo atravesada de casos de corrupción. Hacia 1978 pagaba el precio más caro del mundo por el metro cúbico de cemento armado, entre otras evidencias. La contratación de empresas del dictador Stroessner y sus amigos los convirtieron en multimillonarios. Así surgieron los que en Paraguay son conocidos como los “barones de Itaipú” que después de la caída del dictador Stroessner (1989) ocuparon la silla presidencial también por el Partido Colorado ya en la fase democrática.  Ahora bien, recordemos que a las empresas paraguayas les correspondió el 15 % de las obras y a las brasileñas el 85 % restante. Falta estudiar si la repartija de la corrupción siguió esos mismos porcentajes.

 

Segundo, después de terminadas las obras y de haber sido contratados ya todos los prestamos necesarios, la deuda volvió a subir. ¿Por qué? La explicación está en que los gobiernos brasileños de los años 1980-90 propusieron (y los gobiernos paraguayos, dominados por “barones de Itaipú” aceptaron) medidas que favorecían al Brasil y eran perjudiciales para Itaipú (y para el Paraguay). Es así que entre mediados de los años 1980, cuando la usina comienza a producir electricidad, e inicios de los años noventa, las empresas brasileñas decidieron que no podían pagar el costo de la energía de Itaipu y pagaron valores menores que el costo. Ese perjuicio se fue acumulando y cuando llegó mediados de la década pasada, a la deuda de las empresas eléctricas brasileñas, se le sumó a la deuda principal de Itaipú. Un caso único, donde los deudores (las empresas eléctricas brasileñas) tienen sus deudas asumidas por el acreedor (Itaipú). Por eso, la deuda de Itaipú hoy es más alta que quince años atrás.

 

De esa forma, los gobiernos brasileños como proponentes, y los del Paraguay como cómplices, violaron el propio Tratado de Itaipú. Según éste, la tarifa debía cubrir todos los costos (operacionales y financieros del periodo) y no se podían acumular nuevos pasivos. Sin embargo, como era para favorecer a las empresas eléctricas brasileñas y a las grandes industrias consumidoras  instaladas en Sao Paulo, los gobiernos de los dos países no vieron problemas en proceder de esa manera.

 

Decíamos que por el Tratado, Itaipú debe vender su energía a las empresas eléctricas brasileñas y paraguayas por el costo (operacional y financiero). La cuestión es que hoy día 65% del costo es para el pago de la deuda de Itaipú con Eletrobrás (que desde hace una década tiene un fuerte componente privado y opera en las bolsas de valores de los Estados Unidos, etc.). Todos los años esa empresa recibe de Itaipú más de dos mil millones de dólares en ese concepto.

 

La contrapartida de eso es que del 50% de la energía de Itaipú que le corresponde al Paraguay y que en gran medida es utilizada por Brasil, dos tercios de los 40 dólares por MWh que las empresas brasileñas pagan vuelven a ese país a través de Eletrobrás en concepto de pago de la deuda. 

 

En la fase de construcción de la usina, hubo problemas de corrupción que no fueron combatidos e investigados en su época. En la fase de funcionamiento, ha habido problemas de gestión que perjudicaron intereses del Paraguay.

 

Cuando fue conveniente para las empresas eléctricas brasileñas y las grandes industrias localizadas en Sao Paulo, el Tratado fue violado. En seguida, el gobierno brasileño exige que el Tratado vuelva a cumplirse cuando conviene a sus intereses.

 

Así iban las cosas hasta el pasado 20 de abril cuando una amplia movilización popular llevó a la victoria del candidato Fernando Lugo para presidente de la República del Paraguay.  

 

Desde 1973 las fuerzas progresistas y de izquierda del Paraguay cuestionaban el Tratado de Itaipú y la forma como vino siendo administrada la binacional. El dictador Stroessner y sus sucesores colorados ya en la fase democrática siempre se pautaron por sus propios intereses corruptos y fueron condescendientes con los manejos de los administradores brasileños. Para cambiar ese cuadro había que derrotar a la fuerza política heredera de la dictadura. El cambio solo vino cuando Lugo asumió la presidencia del país el pasado 15 de agosto.

 

Esto coloca un desafío al gobierno de Lula en Brasil. Su política bilateral con Paraguay se había acomodado al status quo dejado por sus antecesores porque le era conveniente a los “intereses nacionales brasileños” que es la denominación que se le da a los intereses de los grandes consumidores de energía paulistas, a los inversionistas privados de Eletrobrás y al Tesoro brasileño que percibe parte importante del lucro generado por esa empresa. Al mismo tiempo el gobierno de  Lula ha sido muy activo en los proyectos de integración regional y como tal ha afirmado que el Brasil no puede enriquecerse a costa de sus vecinos más pobres.

 

El gobierno Lugo y las fuerzas sociales y políticas que lo llevaron a la victoria electoral afirman justamente eso. Itaipú ha sido una herramienta con la cual sectores de Brasil se han enriquecido en perjuicio de intereses del Paraguay. El gobierno brasileño debe ahora optar entre ese statu quo y la integración regional.

 

Los dos gobiernos han iniciado negociaciones en torno a las reivindicaciones paraguayas, que están en curso. La aceptación por parte de Brasil de que la Contraloría paraguaya audite la deuda de la binacional es un paso pequeño pero importante obtenido en la mesa de negociación. Hasta ese momento, resguardada por su carácter “binacional”, la empresa estaba fuera del control de los órganos fiscalizadores públicos de los dos países, una herencia propia de su origen en dos dictaduras militares contrarias a la transparencia administrativa.

 

Transparentar es la única forma de definir si la gigantesca deuda de Itaipú, que en 50% es deuda de Paraguay, es legítima. Una deuda que impide que el país se beneficie del uso de su principal recurso natural, el caudal de sus ríos.