Calificadoras de riesgo país y control de los flujos de capital

Eduardo Gudynas

20/01/2009

Opinión

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La actual crisis económica internacional obliga a revisar el papel de las llamadas “calificadoras de riesgo”. Empresas como Moody's, Standard & Poor's o Fitch Ratings, si bien no son muy conocidas, juegan un papel clave en regular los flujos de capital a nivel global, y han tenido una influencia notable en América Latina.

Según las posturas convencionales, estas calificadoras ofrecen una evaluación externa y objetiva del riesgo de una inversión. Se entiende ese riesgo como las posibilidades de poder recuperar el dinero invertido y asegurar la rentabilidad. Esas evaluaciones se apoyarían, según la visión convencional, en análisis rigurosos y “externos”, tanto a los inversores como a quienes toman los préstamos, y por lo tanto ofrecerían una visión independiente.

Sus formas más conocidas de operar son otorgando calificaciones a los países (expresado en letras, tales como AAA), o bien bajo un “índice de riesgo país” (que aparece como un número). Por ejemplo, la calificadora Fitch asigna una A para Chile (máxima nota), mientras que Ecuador recibe un RD (que es la penúltima nota, indicando suspensión parcial de pagos). En cuanto al riesgo, por ejemplo en Brasil es bajo (en el orden de los 470 puntos a fines de 2008), y muy alto en Argentina (1 800 puntos).

El descrédito de las calificadoras cobró notoriedad en los últimos años. Un primer golpe ocurrió con el derrumbe de la corporación energética Enron, a pesar de sus excelentes calificaciones. Más recientemente, estas empresas otorgaron magníficas evaluaciones a los préstamos hipotecarios de Estados Unidos, y fueron totalmente incapaces de alertar a tiempo sobre las “hipotecas tóxicas” o la insustentabilidad de los bancos de inversión.

Pero a pesar de todo siguen presentes, premiando y castigando, y afectando la dinámica de la deuda externa. Por ejemplo, tras la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar inválida parte de su deuda externa, las calificadoras reaccionaron, disparando las calificaciones de riesgo hasta el nivel de los 4500 puntos (casi tan altos como los observados al inicio de la crisis argentina en 2001).

El control del capital

Las calificadoras de riesgo, más allá de su discreción, en realidad desempeñaron un papel clave en regular y controlar los flujos de capital. Operan en más de cien países y evalúan miles de empresas. Si se contaba con su visto bueno, un país o una empresa podía aspirar a recibir inversiones. Cualquier crítica que partía de sus oficinas terminaba impactando en reducir el ingreso de capitales, y en muchos casos obligaba a que los gobiernos modifiquen sus políticas (por ejemplo, reduciendo la cobertura social o aumentando las tasas de interés). Los gobiernos deseaban ser “serios” en su manejo macroeconómico, para así alcanzar la codiciada calificación de “investment grade”.

El poder simbólico es enorme; recordemos que el presidente de Brasil, Lula da Silva, celebraba en abril de 2008 la obtención del grado de inversión afirmando que “traduciendo esto a un lenguaje” que todos entendieran, significaba que “Brasil fue declarado un país serio, con políticas serias”, siendo una “conquista del pueblo”, avalando que “pasamos a ser dueños de nuestra nariz y podemos determinar las políticas más convenientes”.

La crisis de las calificadoras

A pesar de sus pretensiones de rigurosidad y objetividad, las calificadoras fueron totalmente incapaces de predecir los desplomes en el mercado hipotecario y financiero. En Estados Unidos se preguntan si evaluaban con rigurosidad o si estaban ocultando la verdadera situación de las hipotecas de baja calidad, cuyo derrumbe dio el empujón final a la actual crisis. Por ejemplo, la calificadora Moody’s evaluó la empresa de créditos hipotecarios más grande de EE UU, Countrywide Financial, y a pesar de sus muchos problemas, se suavizaron los análisis otorgándole un puntaje alto. Eso permitió que esos paquetes de hipotecas se colaran en los mercados.

En efecto, las calificadoras alentaron la “securitización” de las hipotecas (agrupamiento de préstamos individuales en grandes paquetes para ser vendidos a otros bancos e inversores). El complicado sistema era considerado seguro en buena medida por el visto bueno de estas agencias calificadoras. Esos paquetes, que recibían en el año 2006 las mejores calificaciones (triple A), a inicios de 2008 se desplomaron. El cambio de las calificaciones a la baja se hizo en muchos casos después del desplome, con lo cual quedó en evidencia la incompetencia de los procedimientos de evaluación, cuyo principal objetivo era alertar con anticipación.

Muchos analistas consideran que la calificación se convirtió en un negocio, y entonces aparecieron problemas como las evaluaciones benévolas con grandes clientes, o las denuncias de empresas que afirmaban que estaban siendo calificadas sin haberlo solicitado, y esto era usado como excusa para reclamar una contratación de servicios. Los detalles metodológicos permanecieron en la oscuridad, y los factores subjetivos eran cada vez más importantes. Se imponía la búsqueda de ganancias, ya que estas empresas cobran por sus evaluaciones y además venden sus resultados. El negocio es muy fructífero, con márgenes de ganancias operativos en la franja de 50% para Moody’s (superando a las empresas más exitosas de sectores como informática o hidrocarburos).

Una mirada alternativa

Frente a esta situación, el equipo de CLAES D3E está explorando evaluaciones alternativas. El punto de partida es abandonar la referencia de las calificadoras tradicionales, donde se toma como riesgo cero a los bonos del tesoro de Estados Unidos. La escala numérica que usan esas calificadoras expresan las tasas de interés adicionales a las que paga EE.UU., y que se considera necesaria para atraer capitales.

En nuestra concepción alternativa se rechaza esa postura, y se toma como referencia un “riesgo aceptable”. Por ejemplo, se considera la tasa de alfabetización, apuntando a un 98% de alfabetizados, donde se acepta como un riesgo aceptable únicamente un 2% que no accede a la educación. La composición del indicador también es radicalmente diferente. Se incluyen dimensiones sociales, políticas y ambientales ignoradas por las empresas calificadoras. Además, en la visión ortodoxa, esos otros aspectos hacen aumentar el riesgo, ya que se interpreta que pueden reducir la rentabilidad. En nuestro indicador alternativo, el avance en medidas sociales y ambientales, por el contrario, reduce el riesgo.

El indicador de riesgo país alternativo comenzó a ser discutido en el Foro Social de las Américas en Quito (2004). En su primera versión, se encontró que Argentina y Brasil enfrentaban un default socio-ambiental. En la última versión del indicador, calculada unos meses atrás por Carolina Villalba, se encontró que ahora son once países los que se encuentran en “default socio-ambiental”. En esa condición están varias naciones centroamericanas y del Caribe (por ejemplo, Rep. Dominicana y Nicaragua, con los peores indicadores), junto a Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Si bien Argentina y Brasil mejoraron su situación, ningún país registra niveles bajos de riesgo.

Este tipo de ejercicios sirve, por un lado, para poner en evidencia las limitaciones de los análisis convencionales, y por otro lado, para elaborar nuestras propias agendas de riesgos aceptables y metas del desarrollo. Sea bajo un caso u otro, debe quedar en claro que las calificadoras de riesgo convencionales siguen presentes, incidiendo directamente en la conformación de la deuda externa y actuando como porteros que controlan los flujos de capital a nivel internacional.

- Eduardo Gudynas es investigador en CLAES / D3E, un centro de investigación y promoción del desarrollo sostenible. Más informaciones sobre el riesgo país en www.EconomiaSur.com.

https://www.alainet.org/es/articulo/141130?language=en