El pasado 3 de mayo se celebró en Guatemala y el resto del mundo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, fecha instituida en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para fomentar la libertad de prensa a nivel mundial, por la importancia que tiene para toda sociedad democrática la existencia de una prensa libre, pluralista e independiente.

 

 Sin embargo, tal conmemoración ha resultado empañada en los últimos años debido al creciente cuestionamiento del papel que juegan los medios de prensa tradicionales en muchos países del mundo. A estos medios se les señala de tener una estrecha relación con los detentadores del poder, también se les sindica por el monopolio que tienen de la producción de información y opiniones, por la parcialidad que demuestran frente a determinados temas, por la escogencia arbitraria de los mensajes que difunden, la pobreza de sus investigaciones, la pérdida de seriedad y, en síntesis, por la precaria responsabilidad social que muestran todos esos señalamientos.

 

 Para analizar la justeza o no de tales señalamientos para el caso nacional, basta con revisar la posición que asumen los principales medios de prensa escrita, televisada y radial frente a un hecho muy común en la actual coyuntura del país: las manifestaciones públicas de organizaciones indígenas y campesinas. Estas, no son más que las muestras de descontento de la población ante las problemáticas que les afecta y la inacción, o inadecuado tratamiento, que da la institucionalidad pública a tales asuntos. No está de más resaltar también que tales manifestaciones además de ser legítimas, por responder a necesidades sentidas de la población, también son legales, al estar reconocidas y respaldadas por el artículo 33 Constitucional que señala que el derecho a las mismas no puede ser restringido, disminuido ni coartado.

 

 Temas como la necesidad de la aprobación de una ley de Desarrollo Rural Integral, la solución de la conflictividad agraria y ambiental, el desarrollo de programas efectivos contra la hambruna e inseguridad alimentaria, el acceso a tierra cultivable y el desarrollo de planes y políticas de apoyo a las economías campesinas e indígenas del país, así como el cese de la destrucción de los recursos naturales por parte de transnacionales mineras, son enarbolados recurrentemente en las calles de la capital y en las carreteras del país por diversas organizaciones que lo único que piden es que se ponga atención a estos temas y se responda adecuadamente desde la institucionalidad existente a sus demandas, respetando la legislación nacional y el legítimo interés y derecho de los pueblos y comunidades que habitan en los territorios en donde se concentran esas problemáticas.

 

Ante ello, las coberturas de prensa de que hemos sido testigos los guatemaltecos centran su atención en los problemas de locomoción y circulación que causan las manifestaciones. Se trata de notas de prensa o reportajes que tratan de descalificar esas acciones sociales señalando que los manifestantes no conocen el motivo de la movilización, que son pequeños grupos de hombres y mujeres a los que se les paga por venir a la capital o concentrarse en determinados puntos del país para protestar y a los que finalmente se criminaliza con calificativos como “bochincheros”, “acarreados” y, más recientemente, hasta de “terroristas”.

 

 

 

Para que hubiera un balance en los contenidos de la información, el periodista debería mostrar cierto sentido crítico e investigativo e ir más allá de las consignas y peticiones de la manifestación para llevar a la audiencia, teleaudiencia o a sus lectores, una visión completa de la problemática que se plantea.

 

 Cuando se protesta por la hambruna e inseguridad alimentaria, por ejemplo, es porque la mitad de los niños del país están muertos en vida al padecer de desnutrición crónica. El papel del periodista en este caso sería revisar esas estadísticas y ofrecerlas a la opinión pública, además de distinguir entre los recurrentes problemas de hambruna que pueden deberse a problemas estacionales naturales como las sequías o el exceso de lluvias, y los problemas históricos y estructurales que mantienen altos los niveles de desnutrición en el país.

 

El hambre crónica que impera en el área rural guatemalteca responde al hecho de que el 92% de los productores y productoras agrícolas (que son los que además de producir para su propia consumo, abastecen a capitalinos y población no productora de los granos básicos, frutas y legumbres que consumimos) carecen de tierra suficiente y en calidad adecuada, así como del apoyo crediticio, técnico y para el almacenamiento y comercialización adecuados de sus productos.

 

Todo lo contrario ocurre con el 2% de productores que se dedican a los cultivos de exportación que, además de poseer un 56% de la tierra cultivada del país, cuentan con abundante apoyo técnico, incluso gubernamental, la infraestructura productiva y de comunicaciones necesaria y hasta con exoneraciones fiscales para exportar.

 

 Es por ello que ante los sesgos que muestra la mayor parte de la prensa nacional al descalificar y criminalizar acciones sociales como las movilizaciones y manifestaciones y la crisis que parece estar atravesando el concepto de “Libertad de Prensa” a la luz de los señalamientos de falta de responsabilidad social que se le hacen, cabría reflexionar sobre lo restringido que resulta el contenido del concepto “Libertad de Prensa” que es utilizado para garantizar el trabajo de los medios de prensa, más que para fomentar condiciones de información abierta a toda la población.

 

Para que exista un balance en los contenidos de la información deberán impulsarse prácticas más abiertas y democráticas como las propugnadas por el “Derecho a la Comunicación”. Este contempla la dimensión del acceso a la información no como derecho exclusivo de los medios de prensa sino como un derecho de todas las personas. Otro aspecto no menos importante del “Derecho a la Comunicación” es que contempla el derecho de todas las personas a acceder al conocimiento y también a la participación en su producción, con lo que se procura que exista una comunicación pública y democrática del conocimiento. De esta manera, si estamos conscientes de la necesidad de superar el concepto de “Libertad de Prensa” debemos asumir una actitud más crítica frente a los medios tradicionales que dominan el panorama informativo del país y que por su forma de trabajar han llevado a que en Guatemala se viole la libertad de expresión, porque se sesga la información al plantear noticias que ignoran la globalidad de “la realidad”. De ahí, el paso siguiente sería el de trabajar en la promoción del necesario reconocimiento jurídico del “Derecho a la Comunicación”.

 

Guatemala, 11 de mayo del 2010.

 

- Luis Galicia es Investigador del Área de Estudios del Campesinado, AVANCSO