La guerra, decía Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. La política, añado, es la prosecución de la cultura por otras vías. Sólo gana la confrontación política y militar quien vence la batalla cultural, que en gran parte se libra hoy con los medios de comunicación. La guerra mediática es por ello usualmente preámbulo de la política y estratégica. Las guerras militares tienen treguas; las culturales son incesantes, globales, perpetuas.

 

 

Las guerras contemporáneas se libran entre potencias imperiales por la conquista de colonias y mercados, y entre potencias imperiales y países en vías de desarrollo para reducirlos a semicolonias. Tales conflictos se disputan para saciar los intereses de los monopolios. Los monopolios mediáticos se parecen a los financieros, industriales y comerciales como gotas de agua. Ambos luchan por expandirse, se concentran cada vez en menos manos, utilizan lo político como instrumento para incrementar el poder, bien mediante normas que faciliten la acumulación, bien mediante conflictos que expandan mercados y apropien recursos. Su común objetivo es colocar bajo dominio total del capital monopólico la infraestructura económica y someter a los monopolios mediáticos la superestructura cultural que a su vez tiende a determinar la conducta del Estado y la sociedad.

 

 

Las guerras de los todopoderosos monopolios capitalistas y mediáticos contra los débiles países en vías de desarrollo son asimétricas, por la desproporción de recursos estratégicos y económicos. Pero en ellas la victoria no siempre favorece a los dueños de las más potentes armas de coerción estratégica o cultural. Examinemos la guerra mediática librada en Venezuela en la primera década del siglo XXI por las transnacionales y el gremio patronal contra el proyecto de revolución democrática y pacífica que gana por abrumadora mayoría las elecciones en 1998.

 

 

Para 1999, cuando Hugo Chávez Frías asume el poder, su gobierno apenas cuenta como instrumentos comunicacionales con una televisora nacional y una radio nacional, ambas de alcance muy limitado. La oposición, cuyo comando político es asumido por el gremio de patronos Fedecámaras, cuenta con cerca de sesenta televisoras, más de 700 radioemisoras y cerca de un centenar de periódicos. En su casi totalidad asumen un ataque frontal contra el gobierno, salvo los diarios Últimas Noticias y Panorama, que tienden a presentar información con un cierto grado de balance. Casi todos estos medios son acabados ejemplos de concentración oligopólica vertical y horizontal. Son poseídos por familias o por pocos accionistas, y el mismo capital a veces también domina radios, periódicos, productoras de contenido, disqueras, publicidades, agencias de relaciones públicas y de asesoría de imagen. A su vez, tienden a replicar los temas, campañas y puntos de vista de los grandes monopolios transnacionales de la comunicación, los cuales a su vez reciclan los contenidos e informaciones locales de los oligopolios venezolanos.

 

 

Desde finales de 2001 el gremio patronal y su abrumadora concentración de medios, con apoyo económico, diplomático y logístico de Estados Unidos, declaran abiertamente la guerra al gobierno electo. Hacen masiva campaña contra 49 leyes con moderadas reformas que éste sanciona, llaman a sustituirlo mediante un gobierno “de transición”, prestan aclamatoria difusión a los pronunciamientos de oficiales retirados que dicen representar a todo el ejército y estar dispuestos a derrocar a las autoridades legítimas por la fuerza. A principios de abril de 2002 los medios llaman a un paro que es en realidad un cierre patronal, convocan para el 11 de ese mes una manifestación opositora hacia el Parque del Este que es desviada contra el Palacio de Miraflores, cortan la cadena mediante la cual el Presidente se dirige a la Nación, presentan imágenes de gente del pueblo que se defiende de francotiradores mintiendo que disparan contra una manifestación que no estaba allí, difunden un pronunciamiento militar contra el gobierno así como la falsa noticia de la renuncia del Presidente electo, silencian por la fuerza la Televisora Nacional y la Radio Nacional, aclaman la instauración de una dictadura que anula una Constitución sancionada por voto popular y destituye todos los funcionarios electos, y ocultan la gran movilización social y la respuesta de los militares constitucionalistas que restituyen al Presidente legítimo al poder el 13 de abril. Los monopolios económicos contaban con la casi totalidad de los medios en prensa, radio y televisión; el pueblo, apenas con comunicación boca a boca, teléfonos, celulares. La omnipotencia mediática no es omnipotencia cultural ni política.

 

 

Restituído al poder, el presidente electo no adopta sanciones contra golpistas ni contra medios. Éstos no tardan en poner en marcha un operativo idéntico: para comienzos de diciembre de 2002 convocan otro cierre patronal, esta vez acompañado de un sabotaje contra la industria petrolera ejecutado por su Nómina Mayor privatizadora, y de una experiencia audiovisual jamás vivida en el mundo contemporáneo. Durante más de dos meses casi todos los medios privados se encadenan en una perpetua y saturativa campaña de llamados al derrocamiento por la fuerza del gobierno electo, sustituyen publicidad por 17.500 mensajes desestabilizadores e información por falsedad. El gobierno legítimo no suspende garantías constitucionales ni declara estado de excepción, apenas responde con una televisora y una radio que no cubren todo el territorio nacional, y sin embargo la gigantesca ofensiva patronal, mediática y golpista a la postre se desploma por sí misma, como un ídolo con pies de barro que no pueden asentarse en el compacto rechazo popular.

 

 

En verdad, en ninguno de los eventos decisivos de la vida venezolana en los últimos años han impuesto su criterio los monopolios mediáticos. No detuvieron la sublevación social masiva del 27 de febrero de 1989 contra el Fondo Monetario Internacional, que durante una semana sacudió al país. No pudieron desviar la simpatía popular hacia la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. No restauraron la fe del pueblo hacia los partidos del status, lo cual determinó el virtual desalojo de éstos de los procesos electorales desde 1993. No derrotaron la candidatura de Hugo Chávez Frías en las elecciones de 1998. A pesar del pacto de apoyo con el dictador Carmona, no evitaron la caída de éste ni el regreso del Presidente electo. Después de emplearse a fondo en el apoyo del cierre patronal y del sabotaje petrolero de 2002 y 2003, y en el desconocimiento del árbitro electoral en 2004, tampoco se salieron con la suya. Menos pudieron inducir la derrota del movimiento bolivariano en el referendo de agosto de 2004, ni impedir su clamoroso triunfo en las elecciones regionales del mismo año. Sólo vencieron en una oportunidad, al lograr mediante una campaña fundada en el estímulo del terror que el gobierno perdiera en 2007 por unos 50.000 votos el referendo convocado para una compleja reforma constitucional. A pesar del monopolio capitalista y mediático, el proyecto bolivariano en una década es relegitimado por la victoria en más de una docena de elecciones, todas vigiladas por centenares de observadores internacionales, ninguna objetada por ellos.

 

 

¿Bastará, entonces con esperar a que el adversario se desplome para vencer en una guerra mediática? El ejemplo de Venezuela demuestra que se puede librar un conflicto mediático contra una oposición golpista y violenta sin apartarse un ápice del estricto cumplimiento de las normas de la legalidad democrática. Pero para ello se ha de abrir una contraofensiva en cuatro frentes; 1) Creación de medios tanto de servicio público como alternativos, libres y comunitarios 2) Regulación legislativa del espacio radioeléctrico 3) Uso soberano de la potestad estatal de otorgar y renovar o no concesiones sobre el espacio radioeléctrico 4) Educación del público.

 

 

En aplicación de estas tácticas, el gobierno democrático a partir de 2003 crea los canales Vive, de documentales comunitarios, Telesur, dirigido a la audiencia latinoamericana, Asamblea Nacional, sobre debates parlamentarios, Ávila TV, juvenil y contestatario; repotencia Venezolana de Televisión y Radio Nacional, adquiere el circuito de radio YVKE Mundial y crea la Radio del Sur. Surgen varios centenares de pequeñas radios comunitarias, unidas en la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos. En 2003 los comunistas editan Diario Vea, y en 2009 el proceso bolivariano imprime Correo del Orinoco. Centenares de pequeñas publicaciones alternativas también aparecen y desaparecen.

 

 

En diciembre de 2005, en medio de enconado debate con la oposición, la Asamblea Nacional sanciona la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Ésta desarrolla las normas constitucionales que exigen veracidad, oportunidad y pluralidad en la información, limita el tiempo de publicidad, establece porcentajes de producción nacional e independiente, extiende su alcance a la televisión por suscripción, que copa más de la tercera parte de la audiencia del país. Este triunfo es en parte anulado porque ni los medios cumplen las normas, ni la Comisión Nacional de Telecomunicaciones las hace cumplir.

 

 

En 2007 caducaron la mayoría de las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, otorgadas en uso de su potestad soberana por la Nación en mayo de 1987 por un lapso de 20 años. El gobierno las renovó todas por un lapso de cinco años, salvo la concedida a Radio Caracas Televisión, planta que por sí sola cubría más de la mitad de la factura publicitaria de la televisión, y que junto con Venevisión había integrado un cartel para evitar el surgimiento de nuevas televisoras y arruinarlas cobrando menores tarifas a quienes se comprometieran a no anunciar en ellas. Mientras el directivo de RCTV Marcel Granier hacía gira para implorar ante los gobiernos europeos la intervención en Venezuela e incitaba a que los medios venezolanos llamaran una vez más a la sublevación en el país, el 11 de julio de 2007 el propietario de uno de los grupos multinacionales de comunicación más importantes de América, Diego Cisneros, divulga por los medios una confesión que aclara parte de lo que sucede en Venezuela. Afirmó que “muchos en el gobierno y en la oposición creen que un canal de televisión puede ser protagonista del juego político. Pero esa no es la misión de la televisión (...) Los canales, repito, no pueden parcializarse en el conflicto nacional y ni siquiera pueden pretender sustituir a los partidos políticos, si no quieren empeorar el conflicto. Eso es lo que ha pasado en Venezuela” (El Nacional, 12-7-2007, p.4, Nación). RCTV pudo continuar transmitiendo en televisión por suscripción, pero ello mermó considerablemente su audiencia. En marzo de 2010 se negó a cumplir con los requisitos necesarios para transmitir por señal de suscripción, por lo que dejó de emitir señal.

 

 

En cuanto a la educación del público en la decodificación de los mensajes mediáticos, se han adoptado pocas iniciativas sistemáticas. Un brillante programa de análisis de los medios difundido en VTV desde 2004, “La Hojilla”, a cargo de Mario Silva, ejerce una pedagógica crítica cotidiana, no exenta de pasión ni de humor. “El Quiosco Veraz”, de Earle Herrera, cumple semanalmente idéntica función. En el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) he dictado cursos de maestría sobre los medios como actores políticos. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información ha editado libros y convocado Foros sobre el tema. La pervasividad del mensaje mediático reclama sin embargo una acción pedagógica general, que no sólo involucre a todos los medios, sino al sistema educativo.

 

 

Pero el factor decisivo en esta larga confrontación fue que a lo largo de más de una década, los monopolios mediáticos perdieron progresivamente la confianza del público, aunque no las ilusiones de suplantar de manera inmediata al Estado. Los diarios El Universal y El Nacional bajaron su circulación del centenar de miles de ejemplares a promedios cercanos a los cincuenta mil; el último enfrenta una dura crisis económica. Mientras tanto, los periódicos más equilibrados, Últimas Noticias y Panorama, sobrepasaron tirajes de trescientos sesenta mil ejemplares en sus ediciones dominicales. Tras su carta de 2007 en la cual señaló que el papel de los medios como actores políticos no contribuía a la paz en el país, Gustavo Cisneros moderó parcialmente la agresividad del canal Venevisión. En 2010 el canal opositor más violento, Globovisión, retiró de la dirección de la planta al más frenético opositor, Federico Alberto Ravell. Estos cambios no eliminan la prédica del plan de tomar por asalto el Estado: la hacen menos violenta, persistente y obvia. No hay que olvidar nunca que la guerra mediática es el preámbulo de la guerra estratégica: del cierre patronal, el sabotaje petrolero y el golpe de Estado en Venezuela; de la agresión militar externa en otros países, y quizá en el nuestro también. Medios alternativos, libres y comunitarios, normas regulatorias, manejo de las concesiones y educación sobre los medios permiten defenderse de la campaña mediática, no del cuartelazo ni de la invasión.

 

 

Mientras los medios de producción material estén en manos de minorías, éstas controlarán los medios de producción intelectual y los harán servir para sus exclusivos intereses. Al igual que con los monopolios económicos y financieros, la victoria sobre los monopolios mediáticos sólo advendrá cuando los trabajadores asuman la propiedad social sobre los medios de producción material e intelectual y los pongan a su servicio. Cualquier otro triunfo es apenas una escaramuza.

 

PD: En pocas semanas se publica mi libro El pensamiento del Libertador: Economía y Sociedad. Las ideas sociales de Bolívar, en su fuente directa.