Con ocasión de la muerte del “Mono” Jojoy…
Vaya conflicto tan difícil de entender!
23/09/2010
- Opinión
A mucha gente en el exterior le queda difícil entender la situación colombiana. En la reciente posesión de Juan Manuel Santos el presidente del Congreso Armando Benedetti mencionó que Colombia era el 2º país más desigual de América y citó numerosas y contundentes cifras sobre los niveles de pobreza e inequidad en que vive la mayoría de los colombianos. Tal intervención no fue del gusto del presidente saliente Álvaro Uribe Vélez, y seguramente los potentados colombianos en Miami, New York, Madrid y Barcelona deben haber dicho al unísono: “¡Qué impertinencia!”
En contraste los medios de comunicación presentan a diario las cifras de las exorbitantes ganancias obtenidas en Colombia por las empresas transnacionales y los 5 grupos económicos “nacionales” que monopolizan la riqueza nacional. También se reporta a diario cómo el capital extranjero se apodera de los recursos naturales de importantes regiones mediante una estrategia de intervención territorial que aprovecha la debilidad de una sociedad que anhela un efectivo progreso pero que es manipulada políticamente por una oligarquía que consiguió presentar a la guerrilla como el principal enemigo del país.
El mundo se sorprende al escuchar noticias tan contradictorias. El evidente impacto de la economía del narcotráfico; la permanente violencia guerrillera, paramilitar y delincuencial, tanto en el campo como en las ciudades; la visible corrupción política y administrativa a todos los niveles del Estado; las denuncias de los “falsos positivos” o asesinatos de jóvenes para ser presentados como bajas guerrilleras; el escándalo de las “chuzadas” o interceptaciones ilegales de las comunicaciones privadas de magistrados, dirigentes de la oposición y periodistas que comprometen al saliente gobierno de Uribe. En fin, la percepción es de una sociedad en descomposición y un “Estado fallido”.
En cualquier otro país con las condiciones de Colombia la rebelión no sólo se justificaría sino que sería aplaudida y apoyada. ¿Qué pasó en nuestro país con la lucha armada revolucionaria para que la muerte de un comandante guerrillero como el “Mono” Jojoy sea celebrada jubilosamente no sólo por la oligarquía y el imperio sino por una buena parte de nuestro pueblo? Explicarlo no es fácil, y entenderlo para quien no lo haya vivido es todavía más difícil.
Trazando una explicación: breve reseña
Para entender qué ha pasado con la guerrilla colombiana hay que retrotraerse a la década de los años 60. En esos años se superpusieron dos tipos de lucha: a) la resistencia armada campesina gaitanista, liberal, en declive después de batallar por más de una década tras el asesinato de Gaitán (1948). b) La insurgencia revolucionaria de amplios sectores de la juventud y la intelectualidad colombiana estimulada por el triunfo de la revolución cubana (1959).
La oligarquía temerosa que “una chispa pudiera encender la pradera” decide aniquilar cualquier tipo de agrupación guerrillera. En 1961 se ofreció un proceso de reinserción que no fue considerada por los líderes campesinos ante los asesinatos de Guadalupe Salcedo, Dulmar Aljure y otros dirigentes traicionados por sus jefes políticos liberales. Por ello, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) decide atacar y arrasar militarmente a las llamadas “repúblicas independientes” que eran un reducto de campesinos en resistencia ubicados en Riochiquito (Cauca), Marquetalia (Tolima), y El Pato y Guayabero (Meta).
En respuesta defensiva los principales dirigentes agrarios encabezados por Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez), Ciro Trujillo, Ciro Castaño y otros, se agrupan, deciden resistir y se “enmontan”. De allí surgen las FARC. Su base social fue durante mucho tiempo el campesinado desplazado hacia la frontera agrícola que sufrió la violencia hacendataria de los años 50s, “chulavita”, conservadora, de esa época de terrorismo terrateniente. Ese fue su fuerte y retaguardia estratégica.
Por otro lado, la joven dirigencia revolucionaria colombiana de entonces no tenía una estrategia unificada. Unos creían en la teoría “foquista”, veían el triunfo a corto plazo. En esa dinámica entra el ELN cuando invita al cura Camilo Torres a alistarse. Otros se plantean la tesis maoísta de la “guerra popular prolongada”. Intentan crear zonas o bases de apoyo en el nordeste antioqueño (EPL) sin percatarse que la oligarquía y el imperio estadounidense tenían un fuerte control sobre las principales áreas del territorio.
Otro sector, de origen obrero-sindical (MOIR) rechaza el camino del “guerrillerismo guevarista pequeñoburgués”, como lo denominó su principal dirigente Francisco Mosquera. Se plantean una línea de trabajo paciente con las masas, participan desde 1970 en las elecciones y se trazan una estrategia de acumulación de fuerzas hacia una eventual insurrección popular que sería la base de una “revolución de nueva democracia”. Su gran falencia: definir a la URRS (“social-imperialismo soviético”) como el principal enemigo de la humanidad lo que los llevó a un duro enfrentamiento con el Partido Comunista y las FARC.
Los dirigentes de las FARC ya eran guerrilleros cuajados en la lucha armada. Fueron obligados a construir una guerrilla “andante”, una “autodefensa campesina móvil”, que sería – según ellos - una especie de retaguardia armada del pueblo a la espera de un levantamiento popular. Es en defensa de su vida que ellos actúan. Así se va conformando el planteamiento y la práctica de la “combinación de las diferentes formas de lucha”.
En 1970 la oligarquía desconoce la elección presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Jaime Bateman Cayón, un extraordinario dirigente comunista formado en las FARC, reacciona a tal hecho y con un grupo de jóvenes con formación militar y de intelectuales socialistas que se habían afiliado a la Anapo[1], lanzan el movimiento político-militar denominado M-19. Ellos planteaban que la lucha guerrillera campesina era desgastante, que se requería estimular al pueblo con un proyecto que mostrara vocación de poder, de ser gobierno, y para ello era necesario impactar con acciones y mensajes políticos a la población de las ciudades.
En retrospectiva todas esas estrategias eran relativamente válidas. Fueron una expresión de lucha de las diferentes clases y sectores sociales, de sus particulares condiciones de vida y de sus miradas políticas diversas. Sin embargo, el entorno internacional y la falta de madurez de la dirigencia revolucionaria convirtieron esas diferentes experiencias de resistencia en un terreno fértil para la rivalidad y el sectarismo. Ese enfrentamiento se refleja todavía en las expresiones políticas legales que tuvieron allí su origen.
En la década de los años 80s las múltiples formaciones guerrilleras obligan a las clases dominantes a diseñar una estrategia de Paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-86). La oligarquía tiene en ese instante graves problemas de gobernabilidad. El ajuste impuesto por el FMI como parte de la política neoliberal diseñada por los gobiernos de Reagan y Tatcher les augura mayores problemas. Se podría decir que la insurgencia revolucionaria tenía a principios de la década de los años 80 una situación estratégica inmejorable. ¿Qué pasó entonces?
El factor de la economía del narcotráfico y los errores de la insurgencia
Desde los años 70 se inicia en Colombia el cultivo, procesamiento y tráfico de marihuana y de cocaína. El poder narco de la familia Ochoa Vásquez y de Carlos Ledher estaba en surgimiento. A su sombra surgía Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. La guerrilla nunca se percató que una actitud connivente con la mafia narcotraficante iba a ser su gran traspié. La oligarquía colombiana y – seguramente el gobierno de los EE.UU. – dejaron que ese fenómeno mafioso creciera y se reprodujera. Ya tenían la experiencia de Laos y Camboya.
En la región del Magdalena Medio conformada por zonas aledañas al río Magdalena de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Boyacá, Santander y sur de Bolívar, se produce una confluencia muy especial. Dineros de la mafia compran la protección temporal de la guerrilla para apropiarse de grandes haciendas que en pocos años se convierten en la base territorial del paramilitarismo. Allí nace el MAS (Muerte a Secuestradores) y se entrenan los cuadros militares de las futuras “Autodefensas Campesinas”. Yair Klein y otros mercenarios israelíes acompañados de altos mandos militares colombianos fundan los campos de entrenamiento paramilitar.
Un poder oscuro y criminal se fortalece a la vista de la insurgencia. Nunca se pensó que la oligarquía tuviera la capacidad de utilizar hábilmente diversas alianzas con la mafia para desaparecer – asesinando – a dirigentes demócratas liberales como Luis Carlos Galán y a líderes de izquierda como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Ellos fueron la cuota inicial de la posterior masacre de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, de otras organizaciones de izquierda y de muchos funcionarios honestos que se atravesaron en su camino. Entonces como ahora, la mafia hizo el trabajo sucio.
Es de anotar que en regiones como el Cauca y Nariño, en donde los “cultivos de uso ilícito” han sido parte de la economía campesina (indígena, afro y mestiza) desde hace más de 30 años, no surgió el terrateniente mafioso. Ello explica que el fenómeno del paramilitarismo no adquiriera una forma autóctona porque no tuvieron base de apoyo. Los frentes de las AUC (Calima, y otros) que actuaron en la región suroccidental de Colombia estaban integrados por gente traída de otras regiones, especialmente de la Costa Caribe y Antioquia.
Lo demás ya es suficientemente conocido. A partir de los años 90 en Antioquia se consolida la convergencia entre la elite política terratenientes (Uribe), la cúpula estratégica del paramilitarismo (Carlos Castaño), y un grupo de intelectuales surgidos en la izquierda resentidos con las FARC[2]. Esa alianza obtiene el visto bueno y la financiación de los empresarios y el apoyo de la cúpula militar.
La estrategia de la guerrilla fariana, al convertir al campesinado rico y medio en su objetivo militar (objeto de su política de impuestos, secuestro, extorsión, etc.), y una lectura incorrecta de su capacidad militar, que había sido obtenida y financiada gravando la economía del narcotráfico, le ayudó a la oligarquía a convertirlos en el enemigo número uno del pueblo colombiano. Los ataques indiscriminados a pueblos en donde la población civil era sacrificada, los continuos bloqueos a vías, retenes y la práctica de las “pescas milagrosas” (secuestros masivos), fueron dándole a las clases dominantes el motivo y la forma de aislar a la guerrilla de las bases sociales que los apoyaban aún en la época de las negociaciones de Paz con el presidente Pastrana (1998-2002).
En ese proceso de diálogo la oligarquía logró mostrarse magnánima y ansiosa por firmar la Paz. Despejó una amplia región del sur de Colombia (El Caguán) y dialogó con la guerrilla durante tres (3) años. Mientras tanto firmaban el Plan Colombia con el gobierno de los EE.UU. y se preparaban para lanzar la supuesta “ofensiva final”.
El prometido desenlace y la dinámica hacia el futuro
El gobierno de Uribe – sobre ese acumulado – prometió derrotar a las FARC y erradicar el narcotráfico en un año. Ocho años duró en el gobierno usando y manipulando la lucha “anti-terrorista”. Santos ha llegado para continuar su obra. La muerte del “Mono” Jojoy sólo es un accidente más en una guerra irregular que se alimenta de la economía del narcotráfico. Hace parte de una estrategia de dominación colonial y neo-colonial que somete a nuestro país, se apodera y expolia las riquezas y el trabajo de nuestra gente, y además, se presenta como el gran aliado salvador frente al “terrorismo”.
Desde hace 8 años nos tienen “engatusados” con la destrucción total de las FARC. Cada golpe contra la guerrilla está fríamente calculado para que sirva a ese objetivo mediático. No es casual que el presidente Santos estuviera en Nueva York participando de las sesiones de la ONU y tuviera programada la entrevista con Obama. Seguirán montando nuevos shows para poder anular la capacidad de reflexión de nuestro pueblo. La guerra anti-terrorista es la mejor fórmula para presentar a la antinacional oligarquía colombiana como la gran defensora de la Patria.
Además, esa campaña mediática también les sirve para intentar ocultar los graves crímenes cometidos durante los últimos 30 años usando de fachada la lucha contra la subversión. Hoy más que nunca necesitan tapar sus delitos, que han empezado a ser develados y denunciados ante la justicia internacional, empezando por las desapariciones del Palacio de Justicia que comprometen a la alta cúpula militar.
Pero son otros los problemas que a los actuales gobernantes les preocupa. El ajuste que el gobierno prepara en el terreno económico, el re-direccionamiento de los recursos de las regalías petroleras y mineras para enmascarar el déficit presupuestal, la reforma de la salud que urgen para cubrir la grave crisis financiera de ese sector, el apretón en impuestos que van a tener que aplicar dada la situación fiscal que tiene el gobierno, el crecimiento del desempleo, las nuevas condiciones que tienen que ofrecer a las inversiones extranjeras especialmente en contratación laboral y costo de la mano de obra, la reacción de la población a dichas “reformas”, todo ello y mucho más, es lo que en verdad les inquieta.
Los demócratas colombianos no podemos confundirnos. No se puede negar que la estrategia de degradación de la guerra planificada por el imperio y la oligarquía acudiendo a la economía del narcotráfico no tuvo una respuesta política e inteligente de parte de la insurgencia. No es posible ocultar la crueldad y la brutalidad de muchas de las acciones de la guerrilla. Por ello, ni celebramos ni justificamos la muerte de campesinos a los que les tocó ser sujetos de una guerra atroz, impuesta, manejada y manipulada desde el exterior.
Hoy el pueblo colombiano necesita la Paz para quitarse el velo que le impide ver la realidad. Observamos con lástima y preocupación cómo la dirigencia insurgente – por sí misma – es incapaz de salir de esa trampa. Tienen con qué seguir resistiendo, lo hacen con convicción de lucha, han entregado su vida en esa guerra y frente a las condiciones económicas y sociales de la población, no ven otro camino más que morir en su ley.
Sólo un gran movimiento democrático que tenga claridad frente a los orígenes del conflicto armado y a su evolución posterior, puede sacarnos de esta tragedia histórica. La conquista de la Paz, la eliminación de la economía del narcotráfico que nos degrada como Nación, el rescate de nuestra soberanía y la construcción de una democracia incluyente, siguen siendo las tareas inmediatas de la sociedad colombiana.
En ese proceso político civilista tendremos que construir escenarios de Paz, haciéndoles entender a los jefes guerrilleros que su estrategia armada hoy en día sólo le sirve a los enemigos de nuestro pueblo.
Popayán, 24 de septiembre de 2010
Notas:
[1] ANAPO: Alianza Popular Nacional, partido político fundado por Gustavo Rojas Pinilla en 1953.
[2] Un grupo de intelectuales salidos de la regional del Moir son los ideólogos de Uribe.
https://www.alainet.org/es/articulo/144370
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