México

Ataque sistemático a defensoras de derechos humanos

Sara Lovera

17/11/2010

Opinión

^-A ⁺A

Tras dos días de trabajo y diagnóstico, de explicaciones y relatos de experiencias de vida, 60 mujeres defensoras de derechos humanos de 20 entidades del país concluyeron que esta actividad en México se ha convertido en una de las más riesgosas para su vida e integridad.

La situación sofoca la libertad y, por el contexto de persecución y violencia contra las defensoras, crece el machismo, la misoginia, se profundiza la antidemocracia, están en peligro las instituciones y se criminaliza la protesta social.

Para las mujeres de Chiapas o de Ciudad Juárez, de la Huasteca o de la Montaña de Guerrero la explicación es que ellas constituyen "los ojos", son las testigas de la injusticia y la impunidad, "llevamos la cuenta y sabemos". En esas localidades, día a día desarrollan la cotidiana defensa de otros y otras.

Reunidas para hacer el balance de esta situación, contaron cómo son perseguidas y hostigadas, y cómo algunas, como Bety Cariño (Oaxaca), fueron asesinadas.

Concluyeron que es hora que el Estado, la sociedad, el movimiento de derechos humanos y sus propias organizaciones se comprometan y las reconozcan, les den cobertura, fortalecimiento y apoyo por su aporte como defensoras de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

Las mujeres dieron testimonio de lo que les pasa: "amenazas, allanamientos, difamación, violencia y tortura sexual, persecución judicial, ataques a nuestras familias, asesinato y ejecuciones extrajudiciales son algunas de las formas en las que somos atacadas, tanto por nuestro género como por la labor que realizamos en la promoción y defensa de los derechos humanos", sintetizó una participante.

Indicaron que estas agresiones provienen tanto de las autoridades federales y locales de los tres poderes del Estado, como de particulares y lo que llamaron "los poderes de facto" (iglesia, empresarios, intereses trasnacionales y organizaciones delincuenciales).

Ratificaron su compromiso de mantener su activismo y relataron, en mesas de trabajo y conversatorios, que también se han enfrentado a las costumbres, a las ideas tradicionales de su entorno, incluso de su familia. Explicaron su soledad cotidiana en estas acciones y, sin embargo, reconocieron que deben seguir adelante.

A la reunión, denominada Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, celebrada en la capital del país los días 14, 15 y 16 de octubre, llegaron feministas, indígenas, mujeres que luchan por la liberación de presos y presas políticas, de refugios para la atención de la violencia, de defensa de la tierra, de la diversidad sexual, de lucha contra el feminicidio, del desarrollo rural y otras.

Llegaron procedentes de distintos puntos de la República Mexicana y de movimientos y organizaciones sociales de diversas tendencias, e hicieron un apretado recuento de los obstáculos que afrontan.

Recordaron que Otilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa, en Guerrero, recibió una amenaza de muerte recientemente. La razón fue haber dado apoyo y orientación a Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas por militares en 2002, quienes al denunciar su agresión lograron apenas hace 10 días que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado Mexicano y le exigiera la reparación de todos los daños que hasta ahora sufrieron.

El 12 de noviembre de 2009, más de 20 militares se presentaron en el domicilio de Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense. Ahí fue encañonada por los agresores y le exigieron comprobara su identidad; la interrogaron y hostigaron.

El frente que dirige ha denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército Mexicano.

Los testimonios se abultaron. Informes del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que dio una conferencia de prensa tras el encuentro, informó que sólo en 2009 se registraron agresiones en contra de 36 defensoras y defensores.

Lo agravios en contra de las y los activistas incluyen amenazas de muerte, desaparición forzada, hostigamiento, detenciones arbitrarias, intento de asesinato, allanamiento, difamación, abusos de autoridad, violencia física y asesinato.

La reunión fue convocada por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Asociadas por lo Justo, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Se realizó en el marco del seguimiento de la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

En el encuentro, jóvenes y menos jóvenes, indígenas y urbanas, de cara a la realidad, fueron contando cómo se comprometieron por la causa de la vida y los derechos que en México, dijeron, se han quebrantado y denunciaron que no hay justicia, sino indignación.

Hasta ahora, de más de 128 casos de hombres y mujeres que defienden estos derechos y denunciaron los ataques recibidos, 98 por ciento permanece impune, declaró a SEMlac Luis Arriaga, director del Centro Agustín Pro Juárez.

Solamente el año pasado, al menos ocho activistas fueron agredidas por los distintos poderes. Margarita Guadalupe Martínez, de Chiapas, no pudo moverse de aquella entidad ni asistir al encuentro porque el Estado Mexicano no le garantiza la protección cautelar a que se hizo acreedora. Ella pertenece a la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. (Chiapas).

La declaración

Al final de los trabajos, el Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos elaboró una declaración política en la que plantea cuestiones que ya entregaron a Mila Paspalanova, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

En el documento, las participantes patentizan que su trabajo y compromiso con los derechos humanos amplía y reconstruye la democracia, el estado de derecho y desarrolla oportunidades de vida digna para toda la sociedad.

La labor de las defensoras favorece la libertad, el acceso a la justicia, a la ciudadanía y la no discriminación de las mujeres, sostiene el texto.

Subraya que, por esa razón, creen que el Estado, la sociedad, el movimiento de derechos humanos y "nuestras propias organizaciones" tienen que reconocer este trabajo.

El documento final también define a México como un Estado Fallido, que es necesario enfrentar porque ha renunciado a su obligación de garantizar los derechos de la población. Tanto que, de forma reiterada, utiliza a las instituciones y recursos públicos para atacar, criminalizar y vulnerar la labor de las personas que defienden los derechos humanos, subraya.

Según las delegadas, ese contexto limita el ejercicio ciudadano y agrava la cultura de machismo, misoginia y discriminación contra las mujeres, debilita la democracia y el estado de derecho.

Denuncian que prima la impunidad y la corrupción, la agudización de la violencia contra las mujeres y remarcan que se vulnera el carácter laico del Estado y que existen violaciones a los derechos humanos por la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y la protección de intereses privados violatorios de derechos económicos sociales y culturales.

Definen que el problema está en todo el país, pero consideran preocupante la situación en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. También existen agresiones a periodistas, a defensoras indígenas y a activistas de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual, Transexual y Transgénero. Son presas por aborto y por defenderse de sus agresores.

Piden urgentemente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de asegurar la seguridad, protección y apoyo a las defensoras.

Para ello, dijeron, es su obligación investigar y sancionar judicialmente a los responsables de las amenazas, actos de hostigamiento o atentados de los cuales ellas han sido víctimas.

Explican que, por la gravedad de los ataques y el alto riesgo en que desarrollan su labor, se ha solicitado para decenas de defensoras medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y denuncian que estas medidas, a pesar de haber sido aceptadas por el gobierno mexicano, son deficientemente implementadas. No sólo hay burocracia y mala coordinación, sino obstáculos sistemáticos que propician el desgaste y aumento de la vulnerabilidad de las defensoras, insisten.

También piden un mecanismo para la reparación integral del daño, cuando son injustamente juzgadas o detenidas o encarceladas.

Fuente: http://www.redsemlac.net

https://www.alainet.org/es/articulo/145559?language=en