Acuerdo UE - Marruecos: Tres mitos y un destino

25/01/2011
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Mito 1: Comercio agrícola es sinónimo de desarrollo
 
En septiembre de 2010, la Comisión Europea ratificaba el Acuerdo Bilateral entre la UE y Marruecos para liberalizar el comercio de productos agrícolas y pesqueros. El primero de diciembre, fue el Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE (órgano que prepara los trabajos del Consejo) quién daba el visto bueno al texto, que era aprobado el 13 de diciembre por el Consejo de Ministros de la UE, haciendo caso omiso a las demandas de muchas organizaciones agrarias del continente. Ahora la última palabra la tiene el Parlamento Europeo, que puede ratificarlo o no.
 
A grandes rasgos y sin entrar en detalles, el acuerdo consiste fundamentalmente en la liberalización del comercio mediante el desmantelamiento arancelario, para que los productos agroalimentarios puedan fluir con más facilidad entre las dos regiones. Lógicamente esta apertura aumentará el comercio mutuo, lo cual, una vez maquillado, condimentado y trufado, se vende como un avance y una oportunidad de negocio inigualable. Las cifras burbujean y los miles de millones de euros que se generarán soslayan la cuestión principal ¿Se benefician los millones de agricultores marroquíes y europeos de esta apertura?
 
Para despejar mínimamente la x retrocederemos un poco en el tiempo, concretamente hacia las épocas más doradas del “republicanismo bananero”. A finales del siglo XIX, el cónsul estadounidense desplazado en Honduras escribía: “Debido a la inseguridad de los transportes y a los bajos precios, por estar aquéllos en manos de un monopolio, durante el año 1888 se exportaron menos de 100.000 racimos de plátanos”.[1]
 
Hacía dos décadas que Estados Unidos había descubierto los plátanos y un floreciente comercio había germinado entre el centro y el norte de América. En las postrimerías del siglo XIX la producción de plátanos estaba en manos de agricultores hondureños y la comercialización era dirigida por empresas navieras estadounidenses. El modelo agroexportador, en principio generaba riqueza para los campesinos hondureños, pero con el paso del tiempo, ciertas empresas navieras controlaron el transporte y por lo tanto el comercio y los precios.
 
Ya iniciado el siglo XX, la situación se agravó por cuanto dos empresas (la Standard Fruit y sobre todo la United Fruit) acapararon parte de la producción y toda la comercialización entre Estados Unidos y seis países centroamericanos. Ríos de tinta se han escrito acerca de los desmanes de las compañías agroexportadoras en estos países. Mientras ellas generaron suculentos dividendos los peones de las bananeras y los agricultores locales soportaron atropellos y vejaciones. Es cierto que el comercio de plátanos generó mucha riqueza y muchas oportunidades de negocio… pero para las dos multinacionales que intermediaban entre las fincas y el consumidor usamericano.
 
Mito 2: El agricultor europeo se beneficiará de la apertura comercial
 
Primero (de España a Marruecos). 123 años han pasado y el modelo no sólo se repite sino que se perpetúa. Si en Centroamérica fueron primero las navieras y luego dos transnacionales fruteras las que controlaron el comercio, en la España del siglo XXI son los intermediarios y concretamente la distribución moderna quién monopoliza la oferta y establece los precios: entre 1.790.162 explotaciones agrarias[2] y 46 millones de consumidores, en 2005 existían 7 supermercados que controlaban el 75% de la venta de alimentos.[3] Esta posición de dominio en la cadena alimentaria también se repite cuando se trata de exportar a mercados foráneos.
 
La mentada situación de oligopolio se traduce en un control de los precios: la distribución marca el de compra a los agricultores y establece el de venta a los consumidores. Y no hay datos que mejor vislumbren el saqueo al agricultor que el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), creado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y las organizaciones de consumidores UCE y CEACCU. En el estudio del año 2010, los alimentos, de media, multiplicaban un 450% su valor desde el agricultor al consumidor.
 
Por eso, en su balance agrario de 2010, la COAG indicaba que “Los bajos precios en origen, impuestos por una gran distribución que abusa de su posición de dominio sobre los productores, en un mercado que se caracteriza por el desequilibrio y la falta de regulación, han continuado en 2010, especialmente en leche de vaca y cabra, olivar, uva de vinificación, porcino y gran parte de las frutas y hortalizas” y sentenciaba claramente que “Los agricultores y ganaderos han sido utilizados como mano de obra barata por industria y distribución”.[4] En diciembre pasado por ejemplo, más de mil ganaderos se manifestaron en las puertas de García Baquero exigiendo precios justos por su leche de cabra.[5] La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) manifestó que “Las irrisorias cotizaciones que García Baquero paga a los ganaderos, aprovechando su posición de dominio en el mercado, hace que estos estén produciendo por debajo de los costes de producción y que estas empresas sean responsables ante la situación de ruina de los ganaderos y del continuo goteo de explotaciones de caprino que están abandonando.”[6]
 
Las consecuencias son dramáticas. Miles de campesinos y ganaderos no cubren gastos. En muchas zonas de España campos y huertos son abandonados. Por eso desde hace años las organizaciones agrarias están exigiendo mecanismos reguladores para establecer precios dignos. Sin embargo, las diferentes administraciones, cobijadas en la ortodoxia liberal, hacen oídos sordos a las demandas de los pequeños agricultores y ganaderos mientras liberalizan y desregulan el mercado.
 
La desaparición de aranceles con el Acuerdo UE - Marruecos permitirá la entrada de productos europeos en el país africano, pero los beneficios se los embolsarán los distribuidores, exportadores, intermediarios, etc. que mantienen un margen de ganancia elevado. Por lo tanto, por muchos mercados que se abran en Marruecos, la Luna, Plutón y en la Constelación Alfa Centauro, mientras no se regule el comercio para evitar fluctuaciones y para garantizar precios justos, los agricultores y ganaderos seguirán siendo “mano de obra barata para la industria y la distribución”.
 
Segundo (de Marruecos a España). El gran temor de la agricultura europea es que, con el Acuerdo, se liberalizaran muchos productos que entraban con arancel, con precio mínimo o en una cantidad limitada por contingentes y temporadas. Con este acuerdo y sin salvaguardas, los productos provenientes de Marruecos, mucho más baratos, competirán y desplazarán la producción local. “Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya” ya ha hecho sus primeras estimaciones: los aranceles se reducirán un 30% y el cítrico marroquí tendrá un precio de 0,264 €/kg, cuando el coste de producción del catalán es de 0,514 €/kg. Las clementinas importadas ascenderán a 0,484 €/kg por los 0,747 €/Kg de las locales.[7] Por tanto, si ya son insultantes los precios impuestos por intermediarios, con la entrada de productos más baratos las cotizaciones bajarán más.  
 
Algo similar está ocurriendo ya con los plátanos. Desde hace años la UE viene reduciendo los aranceles de la fruta que proviene de América. Los opositores alegan que con ello se favorece “…la posición de las grandes multinacionales americanas, que son las que controlan el mercado del plátano en América Latina”, mientras los productores europeos no pueden vender la fruta y los americanos deben acatar las condiciones de las agroexportadoras.[8] Tres son las multinacionales que se reparten el pastel bananero mundial. Curiosamente una de ellas es Chiquita Brands, que absorbió hace años los negocios de la United Fruit. La otra es Dole, a la que pertenece la Standard Fruit. Y como se ve, las cosas tampoco han cambiado tanto en un siglo.
 
En otro orden de cosas, se puede argüir que el menor precio beneficiará al consumidor que podrá adquirir alimentos baratos. Pero esto no es el todo cierto, porque la posición monopólica de la distribución le permite establecer el precio de venta. El IPOD ilustra este hecho en productos que se encarecen hasta un 1000% del campo a la mesa. Y en algunos centros comerciales de Europa las mandarinas se están vendiendo a 3 y 4 euros el kilo, cuando al citricultor español se lo pagan a 30 céntimos. No existe por tanto, ni correspondencia ni solidaridad entre los precios de compra y venta.
 
En todo este embrollo, la posición del gobierno español respecto al Acuerdo ha sido de condescendencia a pesar de la rotunda oposición de las organizaciones agrarias. En comunicado de prensa del 18 de enero, a lo máximo que se comprometía la ministra Rosa Aguilar era a “…mantener un riguroso control del Acuerdo en contacto con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas.”[9] Paradójicamente, dos días después de estas declaraciones, Andrés Góngora, de COAG Almería, denunciaba que el calabacín marroquí había penetrado en España incumpliendo el precio establecido. La ministra, de esta forma, se tragaba su “riguroso control” mientras COAG denunciaba la pasividad del gobierno “…que hace oídos sordos a esta situación y mira hacia otro lado en lugar de intervenir…”.
 
Y es que el menosprecio del PSOE a las demandas de los agricultores ha sido más que palpable. El 11 de enero, el vicepresidente de la Comisión de Agricultura, el francés José Bové (del partido verde y opositor al Acuerdo), convocó una reunión con los eurodiputados para debatir sobre éste. En ella participaron organizaciones europeas, pero no acudió ningún europarlamentario socialista español.[10] Donde sí participaron delegados de la Embajada española en Marruecos, fue en otra reunión organizada el 13 de enero por la CEOE, en la que se animaba a las empresas agrícolas españolas a invertir en el país magrebí.[11] El PP, tímida y demagógicamente se opone al Acuerdo, pero cuando estuvo en el poder favoreció la liberalización de ambos mercados.
 
Mito 3: El agricultor marroquí se beneficiará de la apertura comercial
 
La premisa es la misma que en mito 2: Con este acuerdo, al agricultor marroquí se le presenta una oportunidad única para exportar y crecer. Ahora bien, en el país africano el 90% de la población rural (una tercera parte de la población marroquí) cultiva para subsistir y para vender en mercados locales. Sus tierras ocupan el 80% de la superficie cultivable y como dice la propia Embajada española en Rabat: “…garantizan la seguridad alimentaria de cerca de 35 millones de consumidores”.[12]
 
Por tanto, estamos ante un modelo dominado por pequeños productores, basado en la soberanía alimentaria, en la autosuficiencia y opuesto a la exportación. Para estos millones de agricultores -que representan el 80% del total- el Acuerdo comercial poco bueno puede aportarles y sus cultivos no son una amenaza para los europeos. Ahora bien, aquel que decida meterse en el pastel de la exportación a la UE, tendrá que pasar por el aro del intermediario o exportador (de Marruecos a Europa). Con la apertura comercial en los mercados de Marruecos aparecerán productos europeos, que competirán con la producción local y pueden desplazar a esos millones de campesinos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria (de Europa a Marruecos).
 
Consecuentemente, los problemas estructurales de un mercado agrícola liberalizado son los mismos para los pequeños agricultores sean de Marruecos o de Europa, mientras no se regulen los mercados, no se protejan las producciones locales y no se creen mecanismos para favorecer las plusvalías de los campesinos, en detrimento de los exportadores o intermediarios, que son los verdaderos privilegiados por el Acuerdo por cuanto accederán a nuevos mercados controlando los precios de compra y venta.
 
Entrando en otra dimensión, desde Marruecos ya se exporta a Europa pero no lo hacen los pequeños campesinos sino hacendados, inversores y exportadores, tanto magrebíes como foráneos. Y profundizar en este modelo, es el gran filón del Acuerdo y su primordial razón de ser. Es decir, muchos sectores industriales deslocalizaron e invirtieron en países del sur para producir más barato, y este Acuerdo lo que pretende es alentar la inversión agrícola garantizando el mercado y las ganancias.
 
Ya el 20% de la superficie fértil marroquí está orientada al cultivo industrial, en muchos casos para la exportación. Estas tierras pertenecían a colonos y en algunos casos fueron privatizadas a miembros de la familia real y a empresarios locales de confianza. También son compañías españolas y de otros estados las que han deslocalizado e invertido poseyendo decenas de miles de hectáreas en el país: Por ejemplo, el 80% de la exportación fresera marroquí estaba en manos de empresarios españoles.[13]
 
Desde hace años, el propio gobierno del país está promoviendo por diferentes vías el arrendamiento de tierras al percibir suculentos ingresos y con la excusa de modernizar el sector y atraer la inversión foránea. Por tanto, en los próximos años cientos de miles de hectáreas serán explotadas por intereses económicos extranjeros. La CEOE anima a invertir a los empresarios españoles y el eurodiputado José Bové afirmó que “Un fondo de inversión de Abu Dhabi ha obtenido una concesión del gobierno de Marruecos para cultivar en este país 700.000 hectáreas de cítricos y olivar”.[14]
 
Como es lógico, el costo de producción es menor y eso atrae a los inversionistas. Los recursos naturales y los campos fértiles son abundantes y baratos. El salario del peón magrebí es de 5 euros al día, labora 44 horas a la semana, existe el trabajo infantil y los requisitos fitosanitarios y ecológicos son más laxos. Sobre estos aspectos el Acuerdo, según COAG, no incluye condicionantes en estos ámbitos y por lo tanto la competencia ejercida por los inversionistas y hacendados locales será, socialmente desleal respecto a una agricultura europea mucho más estricta, controlada y legislada.
 
En definitiva, se busca fomentar un modelo industrial, inversor y exportador manejado por intermediarios, extranjeros y aristócratas locales. Profundizar en el mismo sin proteger la soberanía alimentaria traería graves consecuencias y más si se inician expulsiones de campesinos para ocupar sus tierras. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, indicó en referencia al acaparamiento de tierra por intereses extranjeros que “Los países (…) podrían depender cada vez más de los mercados internacionales para alcanzar su seguridad alimentaria. Así producirán más alimentos, pero estos alimentos se exportarán. Éste es uno de los fenómenos que observamos durante la crisis alimentaria mundial de 2007-2008. Los países que son menos autosuficientes y dependen más de los mercados internacionales son los que se han visto más gravemente afectados por la creciente volatilidad de los precios”.[15]
 
Los problemas para el país africano aún podrían ser mayores, según un estudio de la Universidad de Manchester para la Comisión Europea, en el que se indicaba que la liberalización comercial tiene impactos negativos en los países del Norte de África, por sobre-explotación de los recursos hídricos, mayor contaminación ambiental o pérdida de la fertilidad de los suelos y de la biodiversidad.[16]
 
Próximo destino: Soberanía Alimentaria
 
El estado español promociona las energías renovables para fomentar la soberanía energética y así depender menos de los vaivenes en los precios del gas, petróleo, etc. Pero por el contrario, en épocas de crisis energética, destruye el tejido agrícola local y espolea la importación de alimentos que recorren largas distancias y cuyos precios se ven influidos por la cotización del oro negro. También en épocas de crisis económica en donde inversores bursátiles juegan al “monopoly” especulando con alimentos, sacrifican la producción nacional en detrimento de un mercado mezquino y corrupto, al que le trae sin cuidado que la gente llegue o no a fin de mes. En épocas de crisis ecológica, cambios climáticos, etc. se importa comida de la otra parte del globo y se redunda en una agricultura “petrodependiente” e industrial que está “enganchada” a los agroquímicos contaminantes. Y en épocas de crisis laboral y altos índices de paro, se machaca la agricultura autóctona que da vida al campo, sustento a las zonas rurales y empleo a millones de personas.
 
En contraposición a las incoherencias del poder, cada vez son más los agricultores y campesinos que creen en la soberanía alimentaria para garantizar una producción local, ecológica, digna y en manos de los agricultores. Aún así la clase política, en su tradicional papel de amparar intereses particulares, se muestra anuente y favorece acuerdos que hunden a un sector que está en crisis desde hace lustros. El panorama pinta oscuro, pero las calles y los campos siempre serán del pueblo.
 
- Vicent Boix es Escritor, autor del libro El parque de las hamacas y responsable de Ecología Social de Belianís
 

[1] KEPNER, CH. D. y SOOTHILL, J. H.: El imperio del banano, Editorial Triángulo, Buenos Aires, Argentina, 1957, pag. 109. La primera edición en inglés data de 1935.
[3] Observatorio de la Alimentación (MARN), Cit. por F. García y G. Rivera: Supermercados no gracias, Icaria Editorial, Barcelona, noviembre de 2007.
[9] Comunicado de prensa del MARM, el 18 de enero de 2011.
[16] Institute for Development Policy and Management (University of Manchester). Sustainability Impact Assessment of the Euro-Mediterranean Free Trade Area, SIA-EMFTA Project, Noviembre 2007.
https://www.alainet.org/es/articulo/147038

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