La Cámara de Senadores rechazó en su sesión extra de ayer el veto a la Ley Nº 4.179 que “modifica y amplía los artículos 57, 58, 70, 73 y 100 de la Ley Nº 642/95, de Telecomunicaciones”.

 

La Cámara de Diputados ya había rechazado, sin modificaciones, el veto presidencial dado a conocer mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.403, por lo que corresponde al Ejecutivo la promulgación de la ley tal como fue redactado en el el Poder Legislativo.

 

Hubo 26 votos a favor del rechazo del veto y tres abstenciones, las de Sixto Pereira, de Tekojoja, Blanca Fonseca Legal y Miguel Ángel González Erico ambos, del PLRA.

 

Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones debilitan varios aspectos del funcionamiento de las radios comunitarias y educativas, entre ellas la imposibilidad de ahora en más de emitir avisos publicitarios de cualquier tipo, con lo cual bloquean toda posibilidad de autogestión de las comunitarias.

 

 

En un comunicado emitido ayer, Voces Paraguay, espacio de articulación de radios comunitarias y medios alternativos, afirma que la sanción de la Ley que rechaza el veto del Ejecutivo y modifica varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones es “un lamentable retroceso para la libertad de expresión en Paraguay”. Libertad de expresión, Paraguay, Congreso, censura

 

“VOCES Paraguay, Asociación de Radios Comunitarias y medios alternativos del Paraguay expresa su profunda indignación con esta decisión parlamentaria, que lejos de fortalecer nuestra democracia, la hiere profundamente con esta ley que es anticonstitucional y va en contra de todos los estándares en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación a nivel nacional e internacional”.

 

Agrega el documento que “La ley con la modificación actual viola la libertad de expresión, la cultura democrática y el derecho constitucional de todos los paraguayos y las paraguayas a contar con medios de comunicación que estén por fuera del ámbito privado y empresarial. Va en detrimento de la labor de las radios educativas y comunitarias, a quienes no se las puede condenar a la desaparición, imponiendo una potencia que no les permita llegar a la comunidad con la que trabajan, y la falta de medios para la sostenibilidad”.

 

Por su parte, Jorge González, miembro del Colectivo por la democratización de las comunicaciones, manifestó que la modificación de la ley de telecomunicaciones cercena el principio de la libertad de expresión para todos los ciudadanos en favor de los intereses de los grandes empresarios de la comunicación.