Josefina Reyes se inició como organizadora para la defensa de derechos humanos del mismo modo que miles de mujeres alrededor del mundo: defendiendo a su familia y a su comunidad.

La madre, de edad madura, se declaró en huelga de hambre para exigir el regreso, sano y salvo, de su hijo que habían secuestrado de su hogar por soldados mexicanos. Había perdido a otro hijo en la violencia que ha caracterizado al Valle de Juárez, donde vivía su familia, desde que comenzó la guerra contra las drogas. Josefina se convirtió en una voz potente contra la violencia y específicamente contra los abusos perpetrados por el ejército y la policía.

En agosto de 2009 participó en el primer Foro Regional contra la Militarización y la Represión. El 5 de enero de 2010, Josefina Reyes murió de un balazo en la cabeza.

El Valle de Juárez ha estado ocupado por tropas del ejército mexicano desde 2008, cuando el gobierno federal lanzó la campaña militar más intensa que el país haya conocido, para combatir al crimen organizado. Hasta la fecha su hijo, dos de sus hermanos, una hermana y una cuñada han sido asesinados, sin que ninguno de los crímenes haya sido resuelto.

El caso de Josefina es uno entre muchos, y las organizaciones de derechos humanos temen que si no se hace algo pronto será uno entre muchísimos más. Este año ha estado marcado por un notable incremento en la violencia contra las mujeres y el acoso a las mujeres defensoras de derechos humanos. En América Latina las amenazas de muerte y asesinatos por desconocidos tienden a ser el modus operandi; se cree ampliamente que los principales culpables son agentes clandestinos del estado, paramilitares y miembros de la delincuencia organizada.

Pero como casi nunca se investigan ni se enjuician a cabalidad estos crímenes, esta forma de violencia con motivos políticos continúa sin nombre y sin castigo. La impunidad reinante es el criadero de donde tiene que brotar más violencia.

Los riesgos especiales para las mujeres defensoras de derechos humanos.

En el transcurso del año, reportes de organizaciones no gubernamentales de mujeres, de movimientos populares y de prensa, advertían que las mujeres que osaban manifestarse contra la violencia caían presas de ella en índices alarmantes. Informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales de derechos humanos confirmaron esta percepción.

Señalan que tanto los hombres como las mujeres que defienden derechos humanos se convierten en objetivos. Sin embargo, la situación de las defensoras de derechos humanos debe analizarse por separado por varias razones.

Las mujeres dirigen con frecuencia organizaciones y movimientos comunitarios que se ubican al frente de las batallas contra las violaciones de derechos humanos y el militarismo. Estas mujeres valientes, casi siempre obligadas a actuar por su experiencia personal, se enfrentan a las fuerzas más formidables de la sociedad casi sin apoyo o publicidad, y con pocos aliados y recursos.

A menudo se encuentran con el ostracismo de parte de sus familias, la estigmatización y la calumnia, así como con la hostilidad de los funcionarios gubernamentales contra quienes enderezan sus agravios o que resultan cómplices en proteger los intereses de los perpetradores. Sin un visible nivel social o buenas conexiones, estas mujeres activistas reciben las amenazas y el acoso solas y desprotegidas, y así y todo, su esfuerzo es fundamental para describir, denunciar y castigar violaciones que atentan contra las libertades básicas en el mundo entero.

Este 10 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos presenta el primer informe dedicado exclusivamente a las mujeres defensoras de derechos humanos.

El informe declara que “Las defensoras de derechos humanos y quienes se ocupan de temas de género o derechos de las mujeres en Latinoamérica parecen arriesgarse más a ser asesinadas o sufren más atentados contra sus vidas.” No es de extrañar que las sedes de las guerras contra el narcotráfico en el continente –Colombia y México- hayan recibido, y por mucho, el mayor número de comunicaciones referentes a casos documentados de amenazas de muerte contra defensoras de derechos humanos.

Las defensoras corren el riesgo de la violencia de género, la cual incluye la violación y el acoso sexual en su trabajo. Las amenazas y la violencia a que se enfrentan suele extenderse a sus familias y amigos. Precisamente porque estos lazos con sus seres queridos son los que motivan con tanta frecuencia sus actividades de protesta y organización, esta forma de represión es tal vez la más cruel de todas.

Los casos de ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos no están bien documentados y suelen permanecer invisibles salvo para la comunidad más inmediata. Esto, y la falta de reconocimiento gubernamental hacia su trabajo y los riesgos que implica, las vuelven particularmente vulnerables. El informe de la ONU señala: “En la mayoría de los casos no existen mecanismos de protección, y cuando ellos existen, hay un incumplimiento o una falta de voluntad política o de sensibilidad ante temas basados en el género.” Explica que México está trabajando hacia un programa y mecanismo de protección pero que al parecer éstos carecen de una perspectiva de género. Lo que es más, los esfuerzos hacia la protección reciben muy pocos subsidios aunque los hayan ordenado algún organismo nacional o internacional a pesar de los cientos de millones de dólares que aportan los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.

Las mujeres y los hombres que protestan contra el feminicidio (el asesinato sistemático de mujeres como se ha documentado en Ciudad Juárez), activistas LGBT, defensores y defensoras de derechos sexuales y reproductivos, líderes sindicales, mujeres dirigentes de comunidades desplazadas y organizadoras de movimientos contra la militarización reportan el mayor número de amenazas y casos de violencia en América Latina. Estas mujeres han sufrido ataques contra su persona, miembros de su familia y sus hogares; se han visto obligadas a cerrar sus organizaciones de derechos humanos y, como en el caso de quienes quedan de la familia Reyes Salazar, al exilio forzado por la amenaza de violencia contra ellas.

Un informe especial sobre mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica presentado en Ginebra el 8 de marzo, llega a la conclusión de que la presencia policíaca y militar ha sido contraproducente para la protección de la seguridad pública y la de las mujeres en especial.

“La militarización e influjo masivo de agentes federales para combatir la inseguridad no ha logrado revertir esta situación de violencia. Por el contrario, las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, especialmente contra jóvenes y mujeres, se está incrementando. En este contexto, los defensores de derechos humanos corren mayores riesgos para realizar su trabajo al mismo tiempo que carecen de los recursos necesarios para protegerse. Podemos afirmar que lejos de disminuir, la violencia contra quienes trabajan por los derechos humanos, sus familias y organizaciones relacionadas se intensifica y expande.”

En los lugares donde se ha promovido activamente el miedo para justificar las respuestas militares, las mujeres no sólo carecen del apoyo que necesitan, sino que se las ataca por “hacer olas”. A medida que la violencia y el miedo se vuelven la norma en las áreas donde viven y trabajan, el activismo no violento es visto como desestabilizador. Frecuentemente se castiga social y físicamente a las mujeres activistas por su protesta contra las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos del Estado, así como por sus transgresiones contra las normas patriarcales de que las mujeres no deben desempeñar papeles de liderazgo en la política o en la organización comunitaria.

El informe de la ONU argumenta que una falta de voluntad política es la causa fundamental de que las mujeres que defienden derechos humanos estén expuestas a riesgos tan elevados: “Los mismos funcionarios gubernamentales o policíacos pueden compartir las perspectivas conservadoras y patriarcales de la comunidad en general hacia las defensoras y quienes se ocupan de los derechos de las mujeres o de problemas basados en el género, y debido a ello pueden mostrar poco o ningún entusiasmo por intervenir de manera eficaz para su protección a pesar de su obligación de hacerlo”, enuncia.

Pese a los riesgos, las mujeres siguen organizándose y dirigiendo movimientos de derechos humanos. Algunas recomendaciones para su protección son las siguientes: crear campañas autónomas con apoyo comunitario, lograr más visibilidad en la prensa y el público, entablar y documentar demandas públicas, movilizar a la familia y amigos y organizaciones simpatizantes, buscar acompañamiento de ONGs, impartir o tomar capacitación informal para su seguridad y realizar talleres psicológicos para sobrellevar la presión.

Las medidas de protección nacionales e internacionales son un instrumento para reconocer formalmente la situación de peligro en que se encuentran las mujeres y en ocasiones, pero no siempre, aportan protección física. Las medidas precautorias, particularmente las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proporcionan algún grado de protección y visibilidad.

Pero las defensoras de derechos humanos nunca deberían tener que recurrir al prolongado proceso burocrático de solicitar medidas precautorias. El mero hecho de tener que hacerlo es prueba incontestable de la impunidad del Estado y la negligencia gubernamental en sus países.

Defender a las Defensoras

El informe de la ONU de esta semana concluye que la seguridad de las mujeres está vinculada a la seguridad de sus comunidades; esto a su vez requiere “un enfoque holístico que incluya el fortalecimiento de la democracia, el combate a la impunidad, la reducción de las desigualdades económicas y la procuración de la justicia social y ambiental entre otros factores.” Por desgracia, en México y otros países en donde se ha aplicado el modelo de guerra contra las drogas, estas estrategias se han visto desplazadas por otras de aplicación de leyes y de confrontación que exigen como indispensable la presencia de fuerzas de seguridad.

Para proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos, la sociedad debe ver su trabajo como valioso y, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU, reconocer públicamente el papel significativo que desempeñan las defensoras y todos aquellos que se ocupan de los derechos de las mujeres o de problemas de perspectiva de género en la consolidación y el progreso de sociedades plurales e incluyentes.” Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus comunidades suelen enfrentar campañas de descrédito que las vinculan con el crimen organizado, como en el caso de la familia Reyes, o que descalifican su integridad personal. Es un método usual con que el Estado elude su responsabilidad y evita manchar su imagen con acusaciones de que persigue a defensoras de derechos humanos.

Las defensoras de derechos humanos han sido amenazadas, torturadas, violadas, exiliadas y asesinadas, pero no silenciadas. Ellas luchan por los derechos de todos nosotros a costa de tremendos riesgos personales. No se las debe dejar solas.

- Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en la Ciudad de México, www.cipamericas.org.

(Este artículo se publicó originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus. )