La marcha contra la guerra a las drogas demanda reformas políticas de gran alcance

Laura Carlsen

16/05/2011

Opinión

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Miles de mexicanos transformaron el rostro de la política nacional e internacional este 8 de mayo en la primera manifestación masiva en el mundo para exigir el fin de la guerra contra las drogas.

Al término de una marcha de cuatro días desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, encabezada por familiares de las víctimas de la guerra, y convocada por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue brutalmente asesinado en marzo, se estima que 90,000 manifestantes colmaron la plaza central o Zócalo (la cobertura realizada por el Programa de las Américas de toda la marcha puede verse entrando a www.americasmexico.blogspot.com )

Los manifestantes exigieron cambios de enorme alcance en la política de seguridad mexicana así como el fin de la “guerra contra las drogas”. En discursos y documentos, convocaron también a reformas políticas que vayan hasta la raíz del deterioro alarmante de la seguridad pública y el bienestar social desde que el presidente Felipe Calderón desplegó al ejército en una ofensiva contra el crimen organizado en diciembre de 2006.

La histórica manifestación presentó un “Pacto Ciudadano” con el cual reemplazar la “guerra absurda que nos ha costado 40,000 víctimas y millones de Mexicanos abandonados al miedo y la incertidumbre” en palabras de Sicilia.

El Pacto demanda que se nombre a las víctimas de la reciente violencia y que su memoria sirva como un catalizador para restaurar una paz con justicia duradera en México. Dos mujeres directamente afectadas por la violencia y la impunidad que caracteriza la actual crisis leyeron en voz alta el pacto a la multitud. Olga Reyes Salazar, de Ciudad Juárez, perdió a seis de sus familiares, incluyendo a su hermana Josefina Reyes, activista prominente contra la militarización, sus hermanos Rubén y Elías, su hermana Magdalena, su cuñada Luisa Ornelas y a un sobrino, por ejecuciones durante el último año y medio, sin que se haya aprehendido a un solo sospechoso en ninguno de los casos. El hijo de Patricia Duarte murió en el incendio de la Guardería ABC. Este caso, no resuelto después de dos años, se ha vuelto un símbolo de la impunidad en el país.

El Pacto, en sus seis puntos, exige: 1) la resolución de los asesinatos y desapariciones, y el nombramiento de las víctimas; 2) El fin de la estrategia de guerra y la adopción de una estrategia de “seguridad ciudadana; 3) Medidas eficaces contra la corrupción y la impunidad; 4) Un ataque que se concentre en las raíces económicas y las fuentes de ingresos de los criminales, incluyendo el lavado de dinero; 5) Atención inmediata a la situación de emergencia que vive la juventud y acciones eficaces para reconstruir el tejido de una sociedad rota, que incluyan la reorientación del presupuesto a la educación, la salud, la cultura y el empleo; 6) Una democracia participativa.

El Pacto “busca detonar una nueva convivencia y sentar nuevas bases para la legalidad. Las propuestas son el inicio del camino, no son su fin.”

Sicilia, quien se ha convertido en la punta de lanza del nuevo movimiento contra la guerra a las drogas, definió el Pacto como “un compromiso fundamental para la paz con justicia y dignidad que permita restaurar a la nación.” La movilización, señaló, busca substituir una política gubernamental que “asume que solamente hay dos maneras de enfrentar esta amenaza [la del crimen organizado]: administrándola ilegalmente como era común en el pasado y todavía común en muchos lugares en la actualidad, o declarándole la guerra con el ejército en las calles, lo que está sucediendo hoy.”

“[Esta política] ignora que las drogas son un fenómeno histórico que… debe tratarse como un problema de salud pública y sociología urbana, y no como un asunto criminal que se confronta con violencia.”

La concentración en el centro de la Ciudad de México coronó una marcha de cientos, luego de miles y al final de decenas de miles desde Cuernavaca hasta el “Zócalo” o Plaza de la Constitución. Durante el camino, pancartas expresaban gratitud a Sicilia por ser el catalizador del extendido descontento: “Gracias, Sicilia, por sacudir mi espíritu y sacarlo del letargo.”, “Hoy el pueblo exclama al unísono ¡No Más Sangre!”, y su oposición al presidente y a sus políticas. En la protesta, las comunidades indígenas se unieron a estudiantes y obreros, profesionistas de clase media y artistas.

Un llamado al cambio en las políticas de EE.UU.

El nuevo Pacto Ciudadano mexicano finaliza con un llamado a los connacionales que viven en Estados Unidos y a los demás ciudadanos estadunidenses para que apoyen al movimiento exigiendo al gobierno de E.U. que detenga el flujo de armas a México y combata activamente el lavado de dinero.

En su discurso a la multitud, Sicilia atacó también los actos y políticas de Estados Unidos como parte del problema.

“Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista –más letal, por contundente y expansiva, que las drogas- cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.”

En una carta abierta a Javier Sicilia, un grupo de distinguidos intelectuales y organizaciones mexicanas declara: “Cada vez es mayor la evidencia de que las políticas y acciones relativas a la seguridad nacional estadunidense han sido disfrazadas como problemas de seguridad pública, bajo el eufemismo de la seguridad conjunta de ambas naciones.

“Los instrumentos y compromisos que forman parte de esta vinculación entre ambos gobiernos son la Iniciativa Mérida, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la reorganización de la Policía Federal conforme a los lineamientos de la Ley de Patriotismo de E.U., aplicada en México por el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna… De hecho, México no es –como se ha planteado- un ‘estado fallido’, sino uno que ha sido infiltrado a un grado tal, que está perdiendo su independencia y auténtica soberanía.”

En la marcha se vieron pancartas acerca del papel de Estados Unidos. Uno de ellos mostraba un mapa de Estados Unidos y México diciendo: “Ellos ponen las armas, México (pone) los muertos.” En otro se leía simplemente: “Esto no es una guerra; es un negocio.”

Las exigencias de cambio

En el Zócalo, Sicilia exigió la renuncia del Secretario de Seguridad Pública García Luna como un mensaje de parte del gobierno de Calderón de que sí escuchó las demandas del pueblo. Instó a una limpieza profunda del sistema político y de las filas de todos los partidos políticos de aquellos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos.

“Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar.”

Mientras miles exigían un fin a la violencia frente a Palacio Nacional, el gobierno respondió en un comunicado de la Secretaría de Gobernación.

“Sin el esfuerzo permanente del Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México y la Policía Federal en las localidades con alta incidencia delictiva, las poblaciones que ahí habitan se encontrarían sujetas a la voluntad de los criminales y sería imposible comenzar a reconstruir el tejido social que ha sido dañado.”

El comunicado contestaba indirectamente al requerimiento de la juventud y otros sectores representados en la marcha, del retiro inmediato de las fuerzas armadas de todas las comunidades de México. Esta exigencia es más intensa en sitios como Ciudad Juárez, áreas de elevada criminalidad donde gran parte de la población ha llegado a percibir la presencia del ejército como un factor de conflicto más que de su solución.

La tasa de homicidios ligados a las drogas subió de un promedio de 2,000 anuales antes de la guerra contra las drogas de Calderón, a 15,000 asesinatos el año pasado.

La protesta multitudinaria del domingo 8 de mayo sentó los términos del debate en México. Decenas de miles salieron a las calles de la Ciudad de México y otras ciudades a lo largo y ancho del país para exigir se ponga fin al modelo de guerra contra las drogas impuesto por la administración de Calderón con el respaldo y estímulo del gobierno estadunidense. Ellos han establecido los lineamientos de un Pacto Ciudadano de enormes alcances y propuestas específicas para atacar a la delincuencia organizada desde sus raíces abordando el fracaso de los sistemas político y judicial y la desigualdad, pobreza y falta de democracia plena que debilitan a la sociedad.

Como respuesta, el gobierno se ha limitado a reafirmar la estrategia militar, sin dar muestra alguna de flexibilidad con respecto a las demandas de los manifestantes. El mensaje apunta a un recrudecimiento en tanto que se está despachando a más tropas a un número creciente de lugares de alta criminalidad en el país.

La Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad constituye un parteaguas en la política mexicana. Una parte significativa de la población ha demandado el fin de la guerra contra las drogas, identificando la misma estrategia de seguridad como parte principal del problema y no de la solución. El Pacto Nacional rebasa la lucha contra el crimen organizado y pone sobre el tapete reformas políticas, incluyendo la eliminación, para los funcionarios gubernamentales, del fuero, o inmunidad a ser objeto de un proceso judicial, una autonomía real del poder judicial, participación en referendos y plebiscitos, y un énfasis en los programas sociales y en la expansión de oportunidades educativas.

Esta colisión de paradigmas para la seguridad implica mucho más que una diferencia de opiniones sobre cómo combatir al crimen organizado. A poco más de un año antes de las próximas elecciones presidenciales e inmersos en la peor crisis en México desde la revolución, los ciudadanos están tomando la iniciativa para establecer el marco para reconstruir su sociedad según sus propios términos.

Como el Pacto lo deja claro, el primer paso es demandar acciones de los líderes políticos de todas las tendencias que indiquen una disposición a librarse y limpiarse de la corrupción y responder a las necesidades sociales que se han ido acumulando y su crisis fuerza ya a un desenlace en el movimiento por la paz. El Pacto define un punto para comenzar a estructurar soluciones de la base hacia arriba, yendo más allá de meras protestas u oposiciones.

Las víctimas siguen siempre como el centro moral del movimiento mientras que instan a la sociedad a elevarse por encima de la postura de la víctima, como lo han hecho al dirigir el movimiento mismo.

Javier Sicilia resumió así las convicciones de los participantes:

“Estamos aquí para decir(…) que este dolor del alma (…) no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo (…). Para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos en defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.” (Traducido por María Soledad Cervantes Ramírez)

- Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en la Ciudad de México, www.cipamericas.org.

https://www.alainet.org/es/articulo/149782