Que vamos a hacer si las leyes se hornean como pan caliente en el congreso y nadie nos dice nada…el pueblo

El día domingo 26 de junio fue promulgada la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Nº 144, una Ley que tiene por objeto establecer las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios forestales de las y los diferentes actores de la economía plural, como lo establece el artículo segundo.

El Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, en una entrevista concedida el día de la promulgación, manifestó que la Ley de la Revolución Productiva contempla una biotecnología que nada tiene que ver con la peligrosidad de los transgénicos y que más bien apunta al desarrollo del país en función de una soberanía alimentaria, contrariamente a lo que se ha dicho en una campaña mediática por desprestigiar dicha ley en un interés oculto, sea por una intención maliciosa o electorera propia de una campaña destinada a oponerse al proceso de cambio.

Esta declaración nos convoca a revisar dicha Ley y aclarar algunos puntos ya que varias autoridades indígenas y sindicales continúan llamando a la reflexión a nuestro presidente sobre la modificación de los artículos 15 y 19 de la misma.

El numeral tres del artículo 15 sostiene que “no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”¹.
Este artículo da a entender que no se van a introducir paquetes que involucren semillas transgénicas de especies de las que Bolivia sea el centro de origen, lo que puede significar que si se permitirá transgénicos que sean de otro origen, o bien por otro lado solo se habla de semillas, pero ¿que va a suceder con los herbicidas y sustancias químicas que alteran el código genético de las plantas, dando lugar a los organismos genéticamente modificados? ¿y que pasará con las personas que actualmente utilizan esos productos en los cultivos de soya en Santa Cruz?

Por otro lado, si bien el artículo citado señala que: “No se introducirán paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas…. que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana” , nos preguntamos, ¿acaso significa que si hay otros paquetes tecnológicos que involucren semillas y/o herbicidas, pesticidas, en suma transgénicos que si cuidan el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas, etc. etc? ¿Cuales son? Hasta la fecha solo se sabe que los transgénicos producto de la biotecnología e ingeniería genética, semillas, herbicidas y pesticidas, elaborados por Monsanto, como en el caso del Round Up, conducen a la degeneración del código genético de la soya eliminando cualquier forma de vida a su alrededor y afectando el sistema de control de la división celular de las plantas, cuyas semillas son modificadas genéticamente por esta acción química y posteriormente producen el mismo efecto en las personas que la consumen. En suma, una muerte silenciosa de la que muy poco se sabe en Latinoamérica, debido a la escasa información que circula sobre este tema en nuestro idioma, y donde las ganancias redundan en beneficio de las grandes corporaciones dedicadas a su fabricación, quienes por cierto continúan enfrentando juicios a nivel mundial no solo por mentir en sus productos indicando que son biodegradables, cuando por el contrario, su acción continúa dañando el suelo durante meses e incluso años, ocasionando daños irreversibles a los consumidores de transgénicos en el sistema endocrinológico, malformaciones en niños, cáncer, degeneración de la piel, envenenamiento y toxicidad.

Nos parece sumamente necesario aclarar en una ley que se prohíbe definitivamente el ingreso y comercialización de los transgénicos sea cual fuere su condición como lo hizo la legislación de la Unión Europea en el año 2003. Es indispensable limitar el desarrollo y consumo de la soya transgénica y los herbicidas que esta requiere y que solo continúan erosionando nuestros suelos y dañando nuestra flora y fauna de manera irreversible.

Por otro lado algunos representantes de Conamaq se han manifestado también en rechazo de los artículos 15 y 19². Al respecto, el numeral cinco del artículo 19, señala que “se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”.

Lo que refrenda la interpretación del artículo arriba mencionado. Ahora bien, esto significa que si va a existir comercialización de los transgénicos en Bolivia, sea a través de semillas de las que Bolivia no es centro de origen o bien de herbicidas como el Round Up o el 2,4D³ que ya se utilizan en nuestro país.

Nos preguntamos, cómo se va a regular la producción, importación y comercialización de estos productos a nivel nacional pero lo más importante a nivel de las familias bolivianas que consumen estos transgénicos en un desconocimiento criminal. La soya transgénica ya está en circulación, es parte del subsidio materno y está presente en el desayuno escolar⁴.

De hecho los efectos no son inmediatos: el cáncer se desarrolla luego de tres a cuatro años de consumo, según algunos especialistas⁵.

Entonces, ¿a quién beneficia esta normativa en cuanto al uso de los transgénicos? Saque usted su conclusión, la Cámara Agropecuaria del Oriente si bien ha manifestado algunas objeciones a la Ley por su falta de seguridad jurídica, la poca facilidad de acceder a créditos agropecuarios y el hecho de que no se habría contemplado el apoyo para el repoblamiento ganadero⁶, sobre los transgénicos tiene un silencio sepulcral, que se condice con las ingentes ganancias que estos producen cada vez en pocas manos y ni que decir de las grandes corporaciones que los producen.

Mientras tanto, los bolivianos no decidimos sobre la progresiva degradación y erosión de nuestros suelos como resultado de estos cultivos de soya transgénica que al ser reutilizados sin descanso ya que así lo exige el herbicida Round Up deforestando la fauna y la flora dramáticamente como en el caso de Argentina, India Colombia, Perú, China, Indonesia, EEUU, Canadá, Francia etc., tendremos como resultado no solo el aumento de la erosión del suelo en el oriente boliviano, sino también un daño irreversible a un país que concentra el 45% de la biodiversidad mundial.

Mientras la ganancia es sumamente provechosa para quienes concentran la tierra en tanto se vende o se subsidia a los bolivianos de escasos recursos un alimento sintético no natural pero masivo, ¿a quien le interesa erradicar al pobreza de una manera silenciosa y limpia? y más aún que los propios bolivianos paguen por consumir su propia muerte desconociendo el origen de la misma.

Para quienes creemos en este proceso de cambio, demandamos a nuestras autoridades reconsiderar los artículos mencionados de la Ley nº 144. Si bien tenemos que reconocer que la Ley destaca muchos puntos encomiables como por ejemplo la creación del seguro Agrario Universal “Pachamama” que asegura la producción agraria en caso de desastre climático, entre otros. Consideramos que en el objetivo de acabar con la pobreza de nuestro país, permitir niveles de comercialización de los productos transgénicos en cualquiera de sus formas es contraproducente a la larga por los efectos nocivos de la misma.