Qué está pasando con la Ley de Servicios Audiovisuales?

Carlos A. Valle

05/07/2011

Opinión

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En pocos meses habrá de cumplir dos años, la Ley de Servicios Audiovisuales (Nº 26522), que fuera aprobada después de largas discusiones y acusaciones de todo tipo ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Hasta dónde se ha implementado esta Ley? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta?

La comunicación en capilla

Varios jueces se mostraron reacios a su implementación total o parcialmente. Hay, al menos, uno que teniendo un concepto bastante laxo de lo que es una “medida cautelar” sigue manteniendo en suspenso un artículo clave para el desmantelamiento del oligopolio de medios y la consiguiente puesta en marcha de una distribución democrática de las ondas (Art. 161). La Corte Suprema se ha pronunciado en forma muy esquiva sobre el tema indicando que las medidas cautelares debieran durar un plazo razonable, pero sin mencionar su duración. Joaquín Morales Solá ya pronosticaba: “A la futura ley de medios audiovisuales le aguarda el fárrago lento y arduo de una compleja gestión judicial. Será, al mismo tiempo, una ley fugaz; un próximo gobierno la cambiará o hará una nueva.” (LN, 04.10)

Ni bien aprobada la Ley, desde el diario La Nación se hicieron los pronósticos más agoreros. Pablo Sirven preanunciaba un peligroso futuro: “Ya está. Allá vamos: la sovietización progresiva de los medios nos espera con los brazos abiertos y, ahora, con fuerza de ley.” Rosendo Fraga, basado en encuestas, y con cierto asombro por los resultados obtenidos a pesar de la reciente derrota electoral, augura: “La historia muestra que el poder puede demorar las realidades del consenso, pero no anularlas o impedirlas, sobre todo en democracia.” Adrián Ventura extrema el dramatismo: “La democracia se suicidó” Con una lectura particular de la historia concluye: “En 1989 se derrumbó el Muro de Berlín, en 2009, el Gobierno y el Congreso, alegremente, construyeron el muro de la censura.”

Todas estas predicciones, que fueron acompañadas por reiteradas acciones contra la Ley, están demorando su plena implementación. Con la instalación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se tomaron varias medidas para implementar la Ley, pero sus resoluciones reglamentarias están enfrentando un fuerte rechazo o simplemente son ignoradas.

La comunidad por el medio

Todavía sigue llamando la atención que una ley de comunicaciones de la dictadura haya sobrevivido en la era democrática. Pasaron más de 25 años y varios gobiernos elegidos por el pueblo. En estos años se introdujeron algunas modificaciones que no han hecho más que incrementar la concentración de los medios y limitar o impedir participación de multitud de voces de la sociedad. También se elaboraron más de 75 proyectos de ley que nunca fueron tratados por el Parlamento. Esto parece indicar que la voluntad política ha estado sometida a los poderes empresariales que, desde hace muchos años, quieren seguir marcando el paso del país.

En las trajinadas jornadas de preparación y discusión de la Ley, mucho espacio escrito y televisivo se concentró en incrementar las críticas al gobierno y a desvalorizar las propuestas de la Ley. Sin reparar que en la Ley se han rescatado muchas de las iniciativas elaboradas mayormente a partir de los aportes de muy variados grupos sociales y políticos. Cuando la comunidad se reúne, reflexiona y piensa como tal, surgen aportes y se abren caminos para que su voz es escuchada en los lugares de decisión.

Esos largos días, sin embargo, están libre de sabor amargo. Los aportes y la dedicación de tantos grupos para que la comunidad pueda tener acceso a la comunicación y para que la cultura que crea el pueblo pueda compartirse, no han sido en vano. La riqueza del diálogo, el disenso que posibilita la oportunidad de abrirse a nuevas propuestas y reconsiderar las propias, conocer verdades ocultas o intereses particulares Esto y mucho más vio la luz.

Lo público es del pueblo

Las declamaciones en defensa de la manoseada “libertad de prensa” de muchos medios podrían resumirse a “los negocios no se tocan”. A pesar de este repiqueteo descalificador no pudieron impedir que muchas otras voces comenzaran hacerse oír.

Lejos se está de negar el carácter comercial de buena parte de los emprendimientos de medios. Pero hay dos cosas que no se pueden obviar. Una, que la comunicación de la comunidad no puede reducirse a un negocio. El reduccionismo mercantilista de la comunicación es una forma de establecer el poder totalitario del negocio. Dos, la posibilidad del negocio de los medios tiene que tener un límite y una orientación. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y debe ser regulado. Este es el camino para una verdadera democracia. El filósofo Habermas se preguntaba cómo ejercer la libre representación de lo público en un espacio que tiene dominio privado cuyo objetivo no es político, sino económico.

Las dificultades que sigue encontrando la Ley para su implementación no han impedido que otras voces se manifestaran. La uniforme voz de los medios más importantes ha dejado de ser para muchos la voz de la verdad única. El halo de infalibilidad y autoridad que muchos medios y periodistas ejercieron por muchos años se ha ido desmoronando. Hace tiempo que no puede ya sostenerse que todo lo que ocurre en la sociedad es verdad porque así lo dice la televisión.

¿Qué es eso de 6,7, 8?

Es llamativo que ese resquebrajamiento de la autoridad indiscutida se haya dado a partir de alguno que otro programa radial o televisivo que cuestionaba esa hegemonía, por ejemplo, el programa “6,7,8” una propuesta del Canal Público -que muchas publicaciones y periodistas consideran como casi inexistente- ha levantado más reacción que ningún otro programa televisivo.

Los que lo atacan comienzan por afirmar que no lo ven o que vieron por algunos minutos alguna vez. A las críticas por su carácter propagandístico, el uso repetido de la sorna y las excesivas reiteraciones, entre otras, se ha añadido una descalificación a la idoneidad de sus panelistas. Se podrían concordar con algunas de esas críticas, pero llama la atención que a un programa considerado “inexistente” se le de tanta importancia.

Al mismo tiempo, la reacción espontánea de la audiencia a acompañar el programa y salir a la calle para declararse en su apoyo, no parece ser registrado por los medios más preponderantes. Beatriz Sarlo se ha mostrado sorprendida por ese fenómeno social, pero no puede articular ningún comentario que haga justicia a la expresión popular. Su asombro no alcanza a interpretar que se trata de una demanda de participación democrática en el ámbito de la comunicación social.

La destronada arrogancia de los medios

¿De dónde ha venido esa arrogancia de los medios para considerarse dueños indiscutibles de la verdad? Se podría pensar si algo de esto no lo han heredado o tomado de los religiosos. La actitud todopoderosa de los religiosos, en muchos momentos de la historia, definía los límites entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo justo de lo injusto.

El poder que provee tener la información pone una distancia y un grado de superioridad en la relación que inhibe toda crítica. Pero los tiempos de la autoridad religiosa impositiva han terminado, la verdad no les pertenece. La verdad se va creando en la verdadera comunicación sin ataduras de la comunidad toda.

La comunicación democrática se abre paso

Nuestro país ha vivido muchos períodos de oscuridad y opresión que han costado muchas vidas, impedido mucha creatividad, producido mucho dolor. No se pueden plegar las banderas de la ciudadanía responsable por el atropello de unos pocos que solo tiene el argumento de su fuerza y su poder económico. Esta es una hora para que los cristianos miren a su propios fundamentos y se hermanen con el pueblo todo en la búsqueda de la comunidad solidaria.

Washington Uranga -un incansable trabajador por la democratización de la comunicación- sabe que “Esto recién empieza” (P/12, 11.10) y, por eso, afirma: “… la norma no surtirá un efecto mágico. Necesita de políticas públicas activas. No habrá más diversidad, más producción nacional y otras voces porque lo dice el texto legal. El Estado y los mismos que hasta ahora lucharon por obtener la sanción de la ley tendrán que seguir trabajando con creatividad para garantizar el derecho a la comunicación de todos y todas. También la oposición política si está dispuesta, como declama, a contribuir a la libertad de expresión y a la comunicación democrática.”

Publicado en El Estandarte Evangélico, órgano oficial de la Iglesia Metodista en Argentina.

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