Hoy fue presentado el informe de Amnistía Internacional “Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo: los pueblos indígenas de América bajo amenaza”. El documento recoge casos concretos que evidencian una serie de abusos y desatención de los gobiernos desde Canadá hasta Chile en contra de los pueblos originarios de América.

 

Jorge Trefogli, representante de Amnistía Internacional, en entrevista con ALAI, indica que el objetivo principal del informe “es hacer recomendaciones a los gobiernos para que promulguen leyes que hagan efectivo el derecho a la consulta, incorporando el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en los proyectos que hagan referencia a sus territorios o sus derechos”.

 

Este pedido es importante porque en la gran mayoría de casos los Estados otorgan concesiones sin realizar un proceso de consulta previa. “Se otorgan concesiones y luego los pueblos indígenas están protestando porque ni siquiera han sido informados de las obras en su territorio”, recalca Trefogli.

 

Por ello, una de las recomendaciones centrales del informe de Amnistía Internacional es que “los gobiernos se abstengan de otorgar concesiones de exploración o explotación en los casos que no hayan realizado las consultas a los pueblos indígenas”.

 

En ese mismo sentido, Amnistía Internacional ha registrado varios reclamos de pueblos indígenas por haber sido desalojados de sus tierras sin un marco claro para resolver esas disputas o sin agotar todas las instancias legales.  Ante esta situación la organización internacional considera que no se debería desalojar a los pueblos indígenas de sus territorios mientras no se haya resuelto totalmente la disputa, porque el desalojo de un pueblo implica complejos desplazamientos que luego complican seriamente el proceso de retorno.

 

Otro punto que resalta Trefogli está referido a la criminalización de la protesta de los pueblos indígenas.  Considera que en el continente se ha convertido en un patrón la “persecución penal de los indígenas, cuando ellos en realidad están tratando de ejercer su rol de defensores de derechos humanos”. Por ello, Amnistía Internacional hace un llamado para que “cese la utilización del aparato judicial penal en contra de los líderes indígenas y en todo caso los Estados deben brindar un marco para que ellos puedan protestar de forma pacífica”.

 

Finalmente, el informe también se refiere a la situación de las mujeres indígenas porque se ha detectado una fuerte desprotección social de parte de los Estados hacia ellas. Por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos se registran numerosos casos de las mujeres indígenas objeto de violación sexual por personas ajenas a su etnia.

 

El marco general de este informe va en el sentido de que en varios países de América Latina se ha presentado “un falso debate en torno de lo que es desarrollo y los pueblos indígenas”. Trefogli cita como ejemplo el caso del ex presidente peruano Alan García, quien argumentó que los pueblos indígenas tenían territorios que no usaban, ricos en recursos para el país y que por una minoría no se iba a afectar a la mayoría. Ésta visón es considerada por el investigador como un falso dilema, porque la conclusión sería que “el desarrollo económico es puesto en jaque por los pueblos indígenas que no aspiran a ningún desarrollo”. Pero desde otra mirada, sí puede haber desarrollo económico y social junto con el debido respeto a los pueblos indígenas. Es más, el respeto a los pueblos indígenas debería ser un buen indicador de desarrollo social y económico.