Colombia

Las consecuencias de la guerra y su degradación

Pedro Santana Rodríguez

04/12/2011

Opinión

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En Homenaje a Eladio YascualImbaquín y a los constructores de democracia y ciudadanía

El domingo 27 de noviembre fue asesinado Eladio YascualImbaquín, coordinador de la Misión de Observación Electoral, MOE, en el departamento del Putumayo. Eladio Yascual era el coordinador de la MOE desde el año 2009 en dicho departamento, líder campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en dicha región. Eladio era un buen ciudadano que había decidido vincularse a la lucha por la conquista de una democracia más auténtica lo cual lo llevó a desempeñar un liderazgo en las luchas campesinas y más recientemente en la observación electoral para que se respetara la libre decisión de los ciudadanos, y para desterrar los vicios de la política y la infiltración de los actores ilegales y las mafias en la misma.

Sabemos por las informaciones que se han publicado hasta ahora -sin que haya pronunciamiento de los organismos de investigación del Estado- que Eladio venía haciendo un seguimiento al proceso electoral de la ciudad de Mocoa y a la elección de Élver Porfirio Cerón como alcalde de dicha ciudad el pasado 30 de octubre. El Alcalde electo afronta una investigación en la Procuraduría General de la Nación por la subasta de un lote propiedad del municipio que aparentemente fue vendido por un precio inferior al que realmente tenía y por actos de corrupción logados con dicha negociación, por lo cual la Procuraduría, en primera instancia, ordenó su destitución e inhabilidad por doce años. Cerón había sido alcalde en el período de 2004-2007. Eladio YascualImbaquín con el respaldo de firmas de ciudadanos de Mocoa había hecho una solicitud a la Procuraduría para que éste organismo se pronunciara en segunda instancia sobre la sanción proferida en primera instancia y que Cerón ha apelado, lo cual le permitió mantenerse como candidato. En las elecciones y en representación del Partido Conservador, ganó las elecciones en la capital del departamento del Putumayo con 8.014 votos. Eladio había enviado cuatro documentos a la publicación virtual La Silla Vacía con la solicitud que esta publicación le hiciera seguimiento a este caso.

Como lo público La Silla Vacía en la carta enviada a la Procuraduría General, Eladio y los ciudadanos firmantes señalaba que “Ciudadanos de Mocoa queremos que por primera vez en el Putumayo y sobre todo en Mocoa se marque un precedente que la justicia en Colombia si existe, y que municipios lejanos se les tiene en cuenta, éste es un S.O.S. que hace el municipio” dice la carta fechada el 3 de noviembre.

Así mismo Eladio como dirigente de la ANUC formaba parte de la Mesa de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Afros de Putumayo, y en esta condición también luchaba por causas ligadas con los Derechos Humanos, las reclamaciones de tierras y por la minería en la región. En particular fue el vocero del pueblo indígena Kamsá que se opone a la construcción de la vía Mocoa-San Francisco por falta de consulta previa con dicha comunidad. Uno de los líderes indígenas IgidioMuchanisoy, fue asesinado el día 20 de noviembre después de asistir en representación de su comunidad a una reunión del Observatorio Nacional de Paz que se realizó en Mocoa los días 18 y 19 de noviembre. En aquella reunión Eladio había intervenido denunciando las pretensiones de la minería en la región así como la oposición de la comunidad indígena a la construcción de la vía Mocoa-San Francisco.

Queremos aquí sumarnos a la exigencia que ha hecho la Misión de Observación Electoral, MOE, de la cual la Corporación Viva la Ciudadanía hace parte, para exigir del Estado una investigación que esclarezca el crimen de Eladio YascualImbaquín y que sancione ejemplarmente a los criminales que cegaron su vida. Resaltar y poner como ejemplo, a Eladio como un ciudadano íntegro, un demócrata que no dudó en sacrificar su vida por la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos. A su familia nuestro sentido pésame y a la familia MOE de todo el país nuestro compromiso con su causa que es la nuestra y nuestra solidaridad.

El asesinato de los policías por parte de las FARC

No podemos guardar silencio ante el cruento asesinato de los cuatro miembros de la Fuerza Pública a manos del Frente 63 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el pasado sábado 26 de noviembre. El coronel Edgar Duarte, el mayor Elkin Hernández y el intendente Álvaro Moreno miembros de la Policía Nacional al lado del sargento José Libio Martínez del Ejército Nacional, fueron asesinados por los integrantes de las FARC en medio de un ataque perpetrado por la Fuerza Pública en contra de la columna guerrillera que los mantenía en cautiverio. Todo indica que fueron asesinados por la guerrilla al inferir que se trataba de una operación de rescate. Aún si eso fuera cierto se trató de un crimen de guerra perpetrado por la guerrilla que es la responsable de dichos crímenes pues como lo estipula de manera clara el Derecho Internacional Humanitario: ésta guerrilla era responsable por la vida de los retenidos que estaban en todo momento en situación de indefensión y por tanto su vida era única y exclusiva responsabilidad de sus captores. La mayor parte de ellos estaba en poder de las FARC desde hacía más de 10 años. No valió ni las exigencias de su liberación por parte de sus familiares y amigos y por la exigencia de la sociedad colombiana que fueran liberados incondicionalmente como un gesto de buena voluntad para avanzar en acuerdos humanitarios.

El asesinato de los integrantes de la Fuerza Pública, incrementa el descrédito de la guerrilla en amplios sectores de la sociedad colombiana pues no es coherente un discurso de negociación y de búsqueda de diálogo para poner fin a la confrontación militar con el asesinato de miembros de la Fuerza Pública privados de su libertad durante más de diez años. Pero como lo señala el Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, es justamente ahora que se requiere levantar la bandera de la paz negociada. Esta es una guerra absurda en que perdemos todos los colombianos. La degradación de la guerra conlleva actos de crueldad como éste que estamos comentando en donde son asesinados por sus captores, cuatro secuestrados de manera inhumana y sin que los rehenes tuvieran ninguna posibilidad de salvar sus vidas.

No se sabe sobre los pormenores del ataque de la Fuerza Pública a la columna guerrillera, pero como hemos dicho el derecho de gentes o Derecho Internacional Humanitario señala que en todo caso la responsabilidad recae sobre los hombros de quienes mantenían en cautiverio a las personas retenidas. El riesgo de los rescates militares consiste precisamente en el peligro que corren las víctimas del secuestro y en eso consiste precisamente la validez y la salida que brindan los acuerdos humanitarios. Es lo que recientemente ocurrió en el conflicto entre Israel y Palestina en donde mediante un acuerdo humanitario, se logró la liberación de un militar israelita rehén de los palestinos a cambio de más de un centenar de prisioneros palestinos que estaban en las cárceles de Israel.

Pero en Colombia a los acuerdos humanitarios se los ha satanizado. Debemos al Gobierno de Uribe y en ello ha continuado el Gobierno de Santos, la creencia que los acuerdos humanitarios legitiman a las guerrillas y desmoralizan a las tropas. No se entiende cómo se ha logrado en la opinión pública un clima desfavorable a acuerdos que disminuyan el sufrimiento y la crueldad de la confrontación armada. Los acuerdos humanitarios no surgieron para terminar el conflicto sino para humanizarlo, para disminuir el sufrimiento de las víctimas y para recordar que aún en la guerra hay reglas mínimas que obligan a los combatientes. Socorrer al combatiente herido en vez de rematarlo, entregar los despojos mortales a sus familiares, intercambiar prisioneros, excluir de la guerra a los menores y a los enfermos, respetar los bienes públicos como las escuelas, los hospitales, los lugares de culto, no violentar ni agredir sexualmente a las mujeres, todo esto, hace parte de las reglas mínimas de la guerra y para ello se crearon los acuerdos humanitarios que permitan disminuir la pena y el dolor de las víctimas.

Uno no se explica por ejemplo, por qué el Presidente de la República, no les ha concedido una Audiencia que han solicitado los familiares y las víctimas para conversar sobre las salidas al secuestro de sus familiares y al futuro de los acuerdos humanitarios. O más bien si nos explicamos, por qué los acuerdos humanitarios no están en su agenda y no sabría cómo responder a los familiares de policías y militares en manos de la guerrilla.

Como hemos señalado en otras ocasiones y lo hicimos recientemente a propósito de la muerte de Alfonso Cano, creemos que la salida negociada al conflicto que padecemos los colombianos desde hace ya más de sesenta años es la mejor alternativa para el país. En las circunstancias actuales las FARC, deberían dar muestras de su voluntad de negociación poniendo en libertad a todos los secuestrados en su poder como un gesto de que quieren lo que tanto pregonan que es la salida política. Pero, como también lo dijimos en aquella ocasión y ojalá nos equivoquemos, las FARC creen que es la hora de la acumulación de fuerzas dado los duros golpes que les han propinado las Fuerzas Armadas. Repito, ojalá nos equivoquemos y las FARC entiendan que la vía armada para el acceso al poder ha caducado y que son las vías políticas las únicas viables para lograr los cambios y transformaciones sociales hoy en Colombia.

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 283, Semana del 2 al 8 de diciembre de 2011. Corporación Viva la Ciudadanía. http://www.viva.org.co/

https://www.alainet.org/es/articulo/154465