El futuro que queremos no está aquí

Helga Serrano Narváez

21/06/2012

Opinión

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Río de Janeiro.- Cientos de jóvenes ingresaron a Río Centro, el centro de convenciones en el cual se realiza la Conferencia Río+20, para expresar su desacuerdo con los resultados de la Conferencia bajo la consigna “el futuro que queremos no está aquí”, en alusión al documento final adoptado por la Conferencia denominado “el futuro que queremos”.

En efecto lo que se puede destacar en el documento adoptado es la falta de compromisos de los países desarrollados para asumir mayor ambición tanto en la lucha contra el cambio climático cuanto en proveer financiamiento y transferencia de tecnología para fortalecer la capacidad de los países desarrollados para llevar adelante las acciones requeridas en los campos social, económico y ambiental.

En contraste, los países en desarrollo deberán realizar la transición de manera voluntaria, a la denominada “economía verde” con “asistencia” de los países desarrollados. Se reitera en muchas secciones del documento que el rol de los países desarrollados es “asistir” a los países en desarrollo en el cambio de matriz energética, la movilización de recursos internos, la construcción de capacidades y la conservación.

Esto es contradictorio con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que sí está recogido en el documento, debido a la presión continua del G77+China, grupo de negociación que agrupa a 132 países en desarrollo. Este principio se basa en el reconocimiento que todos tenemos responsabilidad frene a la crisis ecológica, pero que son los países desarrollados los que tienen mayores emisiones de gases de efecto invernadero que los países en desarrollo.

Este principio, adoptado en la Conferencia de Río en 1992, ha sido la base para establecer, por ejemplo, compromisos de reducción de emisiones obligatorios para los países desarrollados en el marco del Protocolo de Kioto, instrumento derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Ecuador en Río+20

Precisamente sobre este tema, el Presidente Correa planteó en su discurso ante el pleno de la Conferencia Río+20 el 21 de junio, que el 20% de los países más ricos emite el 60% de los gases de efecto invernadero, mientras el 20% de los países menos desarrollados produce 0,72%, es decir menos de 1%. Esta es la mayor injusticia por cuanto refleja que los patrones de producción y consumo insostenibles de los países desarrollados infringen enormes daños al Planeta, cuyos impactos son más graves para los países en desarrollo.

Al mismo tiempo, son estos países los que protegen al Planeta mediante la gran biodiversidad que mantienen. Por ello, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, constituye también la base para el reconocimiento de la deuda ecológica y, por tanto, la corresponsabilidad en el manejo de los bienes públicos globales, como es la atmósfera.

En su intervención, el Presidente Rafael Correa destacó que los resultados de esta Conferencia son insuficientes para enfrentar las múltiples crisis y el daño ambiental que estamos infringiendo al Planeta. Resaltó que propuestas como la que llevó Ecuador para la adopción de un proceso para alcanzar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza no fueron acogidas, por cuanto lo que está en juego son intereses políticos y relaciones de poder.

En un breve balance, Tarsicio Granizo, Jefe del Equipo Negociador ecuatoriano, señaló que se considera positivo que se hayan incluido los siguientes temas en el documento final, los cuales también impulsó en el marco del proceso de negociación:

- Se reafirma el derecho al desarrollo y el combate a la pobreza y la desigualdad como prioritarios.

- Se reafirma el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a pesar de varios intentos por revisarlo e incluso eliminarlo.

- En relación a la sección sobre economía verde, se mantiene el reconocimiento de diversos enfoques, modelos y visiones de desarrollo, y la soberanía de los países para definir el modelo más conveniente para sus pueblos. Con esto, se define que no existe solo la economía verde, sino estas varias visiones y enfoques, en los cuales se incluye el concepto del Buen Vivir. La incorporación de salvaguardas con relación a la “economía verde”, para evitar medidas de eco-ajuste con relación a la imposición de medidas unilaterales al comercio internacional que pueda perjudicar a los países en desarrollo.

- En el documento se afirma que existen países que reconocen los Derechos de la Naturaleza y la necesidad de avanzar en una vida en armonía con la naturaleza.

- Reconocimiento de la contribución de la diversidad natural y cultural a la consecución del desarrollo sostenible.

- Énfasis en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible.

- Lanzamiento de un proceso intergubernamental en la Asamblea General de Naciones Unidas con miras a una Estrategia de Financiamiento del Desarrollo Sostenible, así como el reconocimiento de los compromisos previos en asistencia oficial al desarrollo.

Entre los aspectos en los que no se avanzó, y que Ecuador estaba impulsando, se incluyen los medios de implementación, de manera particular en el tema de financiamiento, donde se hace un llamado a la movilización de recursos internos (de los países en desarrollo) y de la Cooperación Sur-Sur, dejando de lado el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas donde los países desarrollados deben proveer financiamiento, sobre todo público, a los países en desarrollo. Granizo señaló que se la quiere colocar en el mismo paquete de la cooperación a la Norte-Sur, que se basa en la corresponsabilidad que tienen los países del Norte con los países en desarrollo con la cooperación Sur-Sur que se basa en la solidaridad. Señaló además que no existen compromisos concretos de financiamiento de los países desarrollados.

Con relación a la propuesta de Ecuador de comenzar la discusión hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, lo cual no se logró incluir, se abre el camino para continuar trabajando a nivel internacional, especialmente a partir del apoyo de la Red por los Derechos de la Naturaleza que entregó 120.000 firmas al Secretario General de Naciones Unidas en apoyo a dicha Declaración.

No se logró tener una hoja de ruta clara para el desarrollo de una nueva arquitectura financiera internacional para el desarrollo sostenible, ni un avance mayor en la transferencia de tecnología que implique la flexibilización del régimen de propiedad intelectual.

Finalmente, permanece fuerte el rol del sector privado, especialmente en el tema de financiamiento y tecnología, lo que puede constituir un campo abierto para fortalecer el mercado y las transnacionales.

Helga Serrano Narváez

Integrante de al delegación ecuatoriana a la Cumbre Río + 20

https://www.alainet.org/es/articulo/158927