El Salvador

Un nuevo conflicto armado y una nueva lucha por la paz

Roberto Pineda

01/09/2012

Opinión

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Antecedentes

El proceso histórico salvadoreño es singularmente violento. Desde las invasiones norteñas de las tribus mexicas a partir del siglo X d.n.e., pasando por la cruel invasión y conquista ibérica, por la dictadura de los criollos independentistas, por la dictadura de los cafetaleros liberales, por la dictadura de los militares, por la dictadura de la oligarquía financiera, hasta llegar a la actual situación de guerra social.

El actual conflicto armado, a diferencia del anterior conflicto, que arrastraba un fuerte componente ideológico, es básicamente un conflicto entre un sector marginal de la sociedad y el estado. Es un conflicto que surge no desde la Universidad o los Sindicatos sino desde las Cárceles. Los nuevos insurgentes desde la delincuencia, no se proponen convertirse en vanguardia política o la toma del poder sino sencillamente la sobrevivencia, la incorporación y el reconocimiento social.

Pero tanto el conflicto actual como los anteriores – la guerra de Aquino, la insurrección de Farabundo en el 32 , y la guerra del FMLN- tiene a la base la explotación y la opresión de nación, de clase, de raza, de género y etaria. Estos cinco niveles principales de opresión y explotación, recorren y determinan a cada una de estas etapas históricas, forman nuestras raíces de lucha y resistencia.

Estos factores de opresión y explotación, pero especialmente la violación sistemática de los derechos humanos y el cierre de los canales democráticos para el acceso al poder público, desencadenaron el último conflicto armado, que va de 1980 a 1992. Este conflicto tuvo como desenlace la profunda modificación del sistema político mediante los Acuerdos de Paz de 1992, los cuales logran alcanzar la democracia política, pero evaden enfrentar lo relativo a la democracia económica, social y cultural.

Los Acuerdos de Paz y su cumplimiento –democratización, desmilitarización y reconstrucción- coincidieron con los dos primeros gobiernos del partido ARENA (Cristiani 1989-1994 y Calderón Sol 1994-1999) y la implantación del modelo neoliberal, que mediante privatizaciones (electricidad, telecomunicaciones, fondos de pensiones entre otras) y reducción del estado, recortaron drásticamente la protección pública de los sectores sociales, la cual era el resultado de la acumulación histórica de luchas populares iniciadas en los años veinte y treinta del siglo pasado.

Todas estas medidas económicas neoliberales trastornaron sustancialmente la estructura productiva, en particular golpearon fuertemente a los sectores vinculados a la agricultura, tanto campesinos como propietarios. Se generó un nuevo polo de desarrollo económico relacionado al comercio y a la banca. Captar remesas vía bancos y promover el comercio vía consumo se convirtieron en los nuevos ejes del desarrollo económico. Luego vino la aplastante ofensiva del capital internacional.

A esto debe agregarse el fenómeno de la emigración masiva hacia Estados Unidos, comenzada a principios de los años ochenta a partir del conflicto armado y que continuó ensanchándose por los siguientes treinta años, hasta el presente. Una tercera parte de nuestra población vive y trabaja hoy en el país del norte. Es nuestra diáspora.

La emigración masiva de las cabezas de familia hacia las principales urbes de Estados Unidos, provocó entre otros factores, el aumento drástico de la desintegración familiar, el envío permanente de remesas y finalmente, la deportación de centenares de jóvenes de familias salvadoreñas vinculados a pandillas, que nacieron como organismos de autodefensa comunitaria, pero que rápidamente se integraron a actividades delincuenciales, como el narco menudeo y las extorsiones.

Y todo esto en el marco de una frágil democracia representativa, en la cual el FMLN como símbolo histórico de la izquierda, es uno de los partidos desde 1994 en permanente contienda electoral, que obtiene su mayor éxito político con la llegada a la presidencia en el 2009.

Los aspectos reseñados eran los primeros síntomas del ingreso forzado e inevitable de El Salvador a las realidades del nuevo mundo de la globalización neoliberal. Los jóvenes de familias salvadoreñas llegaron a una patria que no conocían y que los miraba sorprendida y angustiada por los rasgos culturales novedosos en el caminar, en el vestir, en el hablar y en el bailar. Un nuevo grupo social con una nueva cultura había llegado y empezó a delimitar su ahora territorio conquistado, con grafiti en las paredes. Iniciaba una nueva historia. Iniciaba una nueva guerra, que ya lleva 50,000 víctimas.

Una nueva realidad social y militar

Objetivamente existe una nueva realidad, social, política, económica, cultural y…militar. De nuevo, hay varios ejércitos. Las pandillas juveniles dedicadas a la delincuencia, tienen mandos, control territorial, inteligencia, logística, base social, retaguardia, adoctrinan, reclutan, etc., como cualquier ejército. Existe el ejército oficial y por lo menos dos ejércitos irregulares.

Y como parte de esta realidad está también el hecho para los sectores populares, en particular los jóvenes, que viven en zonas bajo control de estos grupos paramilitares, de una inmensa secuela de dolor y sufrimiento, que será muy difícil de borrar. Las pandillas MS13 y Barrio 18 acumulan un fuerte nivel de rechazo ciudadano, lo que fortalece y alimenta su estigma social. Surgen de las entrañas de nuestro pueblo y deciden golpearlo y sacrificarlo.

Asimismo es evidente el vínculo existente entre pandillas juveniles y crimen organizado. Mientras las pandillas juveniles se dedican al narco menudeo, y acaparan la atención de los esfuerzos del estado, el crimen organizado afina sus estrategias de utilizar nuestro territorio como parte de un corredor estratégico que viene desde los centros productivos de la droga en el sur y se dirige hacia el mercado del norte, como parte ya del comercio mundial.

En 1992 se puso fin al conflicto militar de profundas raíces políticas e ideológicas, se terminó la dictadura militar, pero el conflicto social, se mantuvo y se agudizó. Y este conflicto social se expresa actualmente como un nuevo conflicto armado, de raíces sociales internas y globalizadoras externas, anclado en estructuras milenarias de opresión junto con novísimas formas de exclusión social.

Los Acuerdos de paz originaron una nueva realidad política, al definir la vía electoral como el mecanismo aceptado por todas las fuerzas políticas para acceder al poder público. El Programa de Ajuste Estructural luego dio lugar a una nueva realidad económica y social. La llegada de centenares de jóvenes deportados de EE.UU. provoca una nueva realidad social y cultural.

Hoy existe un significativo sector social de familias enteras, (desde niños hasta ancianos) en todo el país, vinculado a las actividades delictivas. Este sector social es reflejo del fracaso del sistema capitalista para garantizar empleo y una vida digna para los sectores populares. Hay un nuevo conflicto social y un nuevo conflicto armado. Mientras más pronto como sociedad asumamos esta realidad, más pronto podremos buscar solucionarlo. Lo que no podemos ni debemos es seguir paralizados.

El momento actual

El 9 de marzo de este año se decretó una tregua entre las dos pandillas principales. Como resultado de esta medida los niveles de muertes diarias bajaron de 14 a 5. La tregua fue el resultado de un esfuerzo de sectores de la Iglesia Católica Romana y de la Sociedad Civil. Esta tregua es un hecho inédito.

Esta tregua viene a convertirse en el primer éxito luego de más de una década de fracasos en la implementación de planes basados en la represión (las manos duras y superduras) que únicamente sirvieron para fortalecer las capacidades de respuesta defensiva y ofensiva de estas pandillas juveniles.

El gobierno de Mauricio Funes participa en este esfuerzo luego de que en un primer momento también experimentaron con las fracasadas estrategias represivas de los gobiernos areneros. Pero todavía lo hace de manera tímida, esperando que la consolidación de la tregua entre pandillas legitime su posición y preocupado porque la temática no sea utilizada en su contra en el ya abierto debate electoral hacia las presidenciales del 2014.

La sociedad civil por su parte, está paralizada. El peso de la violencia que ha sufrido le impide por el momento visualizar la necesidad de encontrarle una salida a este grave problema por la vía de diálogo y la negociación. ¿Y qué se va negociar? No se va negociar el castigo por los delitos cometidos. Estas los están ya pagando sus responsables en la cárcel. Se va negociar la reforma del sistema penitenciario que ha colapsado así como medidas para lograr su reincorporación a la sociedad.

Los partidos políticos prefieren esquivar el bulto del problema y dedicarse a una campaña electoral adelantada o a la disputa por el control de las instituciones públicas. La empresa privada también asume una posición evasiva y rechaza involucrarse. La mayoría de iglesias y universidades se mantiene a la expectativa sobre el desenlace de esta tregua entre pandillas. Nadie quiere quemarse con el fuego de este incendio social, que parece que no puede ser apagado.

El movimiento popular y social tiene el desafío de ir al encuentro de este problema y asumir un rol protagónico en su solución, ya que afecta directamente la seguridad de sus comunidades rurales y urbanas, las cuales se encuentran desprotegidas como resultado fundamentalmente de su falta de organización.

Perspectivas

Esta nueva guerra tiene dos posibilidades, mantenerse de manera indefinida como conflicto de bajo nivel o abocarse a una salida política mediante acuerdos que garanticen una reforma penitenciaria, que formaría parte del proceso de democratización iniciado a partir de los Acuerdos de Paz y acelerado con la victoria popular de la izquierda en el 2009.

Además de estos acuerdos, que expresarían una voluntad política generalizada, se necesitaría iniciar el largo camino hacia el reconocimiento e incorporación de este grupo social, o cual es un proceso mucho más difícil, porque el justificado lastre de resentimiento social es muy fuerte.

La primera vía, la de la continuidad del conflicto, ha sido la dominante y beneficia fundamentalmente a sectores de derecha y del crimen organizado. La derecha necesita comprobar la eficacia de los métodos de control social autoritarios. El crimen organizado y sus empresas necesitan la existencia de una situación de delincuencia generalizada, que les permita incrementar ganancias.

La segunda vía, la de la solución negociada, pugna por imponerse pero todavía es muy débil, con poco respaldo institucional y con un amplio rechazo ciudadano. La opinión pública no está ganada a la idea de una solución negociada, es una población muy golpeada y dolida.

Hay un amplio sector que todavía confía en una solución represiva. Mientras el gobierno Funes y los sectores populares no asuman claramente la conducción de este proceso y ponga el peso de su prestigio detrás de este esfuerzo, este no podrá fortalecerse y convertirse en la tendencia dominante.

Un elemento que ayudaría a inclinar la balanza hacia la reforma penitenciaria sería la decisión y voluntad de las pandillas juveniles de renunciar a todas las acciones delictivas, informar sobre la localización de cementerios clandestinos, e iniciar el difícil y complejo proceso para el desarme de sus estructuras paramilitares.

La tregua puede revertirse, esta es una triste realidad. E incluso puede abrirse un periodo de mayor violencia. Pero también puede profundizarse y desembocar en una reforma penitenciaria. Es un problema de correlación de fuerzas. No podemos permitir que prevalezca la visión derechista que plantea la represión como solución. Esto ya fracasó y seguirá fracasando. Debemos de trabajar para que la sociedad civil supere su actitud de indiferencia y asuma su compromiso, es un compromiso por la democracia y por la justicia.-

- Roberto Pineda- www.ecumenico.org

30 agosto 2012

https://www.alainet.org/es/articulo/160688