El acaparamiento mundial de aguas: guía básica

03/10/2012
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En los últimos años, el fenómeno del ‘acaparamiento mundial de tierras’ ha despertado una gran atención, entre otras cosas por el enorme auge de las operaciones comerciales y especulativas sobre tierras y la consiguiente desposesión de comunidades rurales. Estas operaciones se ven impulsadas sobre todo, aunque no exclusivamente, por la producción y la exportación a gran escala de alimentos y agrocombustibles. Ahora, comienzan a sonar las alarmas sobre otro fenómeno paralelo, el del ‘acaparamiento mundial de aguas’, por el que este recurso se estaría convirtiendo en otra gran mercancía, en un ‘oro azul’ ansiado por Estados e inversores de todo el mundo. El agua se ha convertido en un nuevo objeto de apropiación y representa un factor fundamental en numerosos ámbitos, como el medio ambiente, la energía, los alimentos y el desarrollo. En esta guía básica, se tratan doce preguntas clave sobre el creciente fenómeno del acaparamiento de aguas.
 
El ‘acaparamiento de aguas’ alude a aquellas situaciones en que actores poderosos asumen el control de valiosos recursos de agua para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de estos recursos y ecosistemas.
 
Índice:
 
  1.     ¿Qué es el ‘acaparamiento de aguas’?
  2.     ¿Qué factores clave impulsan el acaparamiento de aguas?
  3.     ¿Quiénes son los acaparadores de aguas?
  4.     ¿Qué relación existe entre el acaparamiento de aguas y el de tierras?
  5.     ¿Qué impactos tiene el acaparamiento de aguas sobre los medios de vida, la seguridad alimentaria y los entornos acuáticos locales?
  6.     ¿Quién se beneficia de las inversiones en infraestructuras de agua?
  7.     ¿Cuál es la relación entre el acaparamiento de aguas y la privatización de recursos hídricos?
  8.     ¿Cómo se abordan actualmente las demandas de acceso al agua y de uso de esta?
  9.     ¿Cómo se pueden gestionar de forma equitativa y sostenible los recursos de agua transfronterizos?
  10.     ¿Qué deberían hacer los países que se enfrentan a la escasez de agua?
  11.     ¿Qué se puede hacer para proteger el derecho humano al agua?
  12.     ¿Cómo se debate el ‘acaparamiento de aguas’ en los foros internacionales y qué podría proponer la sociedad civil?
 
1. ¿Qué es el ‘acaparamiento de aguas’?
 
El término ‘acaparamiento de aguas’ –o ‘apropiación de aguas’– alude a aquellas situaciones en que actores poderosos asumen el control de valiosos recursos y cuencas de agua para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de estos recursos y ecosistemas.1 La capacidad de hacerse con el control de los recursos está vinculada con procesos de privatización, mercantilización y apropiación de bienes comunes. Estos procesos convierten el agua de un recurso abierto y al alcance de todos y todas a un bien privado cuyo acceso debe negociarse y suele basarse en la capacidad de pago. El acaparamiento de aguas se manifiesta en formas muy diversas, desde su extracción para grandes monocultivos de producción industrial de alimentos y combustibles a la construcción de represas fluviales para energía hidroeléctrica, pasando por la apropiación corporativa de recursos de agua públicos. El fenómeno también forma parte inherente de un modelo de desarrollo que se ve reforzado por el comercio de ‘agua virtual’.
 
El acaparamiento de aguas no es un fenómeno nuevo y comparte muchos rasgos con otros acaparamientos de recursos y con lo que suele conocerse como ‘el cercamiento del patrimonio común’ o ‘de bienes comunales’.2 La nueva dimensión del acaparamiento de aguas contemporáneo es que los mecanismos para apropiarse de los recursos hídricos y convertirlos en bienes privados están mucho más avanzados y cada vez más globalizados, y sujetos a leyes internacionales sobre inversiones extranjeras y comercio exterior. Por ese motivo, existe una preocupación muy real de que la nueva generación de ‘Mulhollands’ –el superintendente de Los Ángeles que hizo tristemente famoso el acaparamiento de aguas a principios del siglo XX– se beneficie de este escenario en detrimento de las comunidades y los ecosistemas locales, y a una escala sin precedentes (véase el cuadro 1). En el contexto de la ‘crisis mundial de agua’, en que 700 millones de personas de 43 países viven por debajo del umbral de estrés de agua, 1.700 metros cúbicos por persona, es urgente y necesario poner fin a los procesos que persiguen su acaparamiento.3
 
Cuadro 1. ¿Un nuevo Mulholland?
 
“Hace cien años, William Mulholland, superintendente del Departamento de Agua de Los Ángeles, resolvió el problema de la escasez de agua de la ciudad mediante un método innovador y brutalmente eficiente: ‘la apropiación de los recursos hídricos’. Mediante la imposición de la transferencia del agua utilizada por los agricultores del valle de Owens, a más de 300 km, permitió que Los Ángeles tuviera una de las tasas de crecimiento más elevadas de Estados Unidos. Los tiempos han cambiado. Actualmente, los californianos resuelven las disputas relacionadas con el agua en los tribunales. Pero en los países en desarrollo, la competencia por el agua se está intensificando a una velocidad alarmante, produciendo intensos conflictos, a veces violentos. El peligro es que el modelo de Mulholland reaparecerá con otra apariencia y el poder dictará los resultados sin ninguna preocupación por la pobreza y el desarrollo humano.”.
 
Fuente: PNUD (2006) Resumen del Informe sobre desarrollo humano 2006 – Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua
 
2. ¿Qué factores clave impulsan el acaparamiento de aguas?
 
El acaparamiento de aguas es una de las expresiones de un modelo de desarrollo económico en que la acumulación de capital está vinculada con el creciente control de recursos naturales abundantes y baratos, entre los que estarían los alimentos, el agua y la energía. El estallido de la crisis financiera mundial en 2008, acompañado de una extraordinaria subida de los precios de las materias primas y una creciente especulación financiera con los alimentos, ha provocado una nueva oleada de acaparamientos de tierras, aguas y recursos, mediante los que gobiernos e inversores buscan garantías que no pueden proporcionar unos mercados cada vez más volátiles e inestables.4 En efecto, la interrelación entre seguridad hídrica, energética y alimentaria es muy relevante y merece la pena analizarla con mayor detalle.
 
El incremento gradual de los precios del petróleo y la creciente preocupación de que se haya alcanzado ya ‘el pico del petróleo’ han disparado señales de alarma sobre la alta dependencia de los combustibles fósiles que caracteriza a las economías modernas. La búsqueda de alternativas a las fuentes de energía no renovables se ha centrado en gran medida en los agrocombustibles: cultivos como la palma aceitera, la jatrofa, la caña de azúcar y la soja, que se producen como fuente de combustible líquido para el sector del transporte y varios usos industriales. En Asia, África y América Latina se ha producido un verdadera explosión en la producción de agrocombustibles, que se ha visto aún más intensificada por decisiones gubernamentales como la Directiva sobre energías renovables de la Unión Europea (UE) y un gran número de subsidios y préstamos preferenciales.5 Sin embargo, la idea de que los agrocombustibles representan una fuente de energía limpia y eficiente se ha demostrado claramente errónea, entre otras cosas por la enorme cantidad de agua que se necesita en el ciclo de producción: desde el riego de los cultivos al lavado de la cosecha, pasando por la refrigeración de las calderas durante el procesado. Por ejemplo, en el caso del cultivo de caña de azúcar para producir etanol, se necesitan 7.000 litros de agua para obtener 12 kilogramos de azúcar, necesarios para conseguir un litro de etanol.6 En ocasiones, la alta intensidad hídrica que supone producir agrocombustibles no se tiene en cuenta, lo cual entraña consecuencias catastróficas para otros usuarios de agua (véase el cuadro 2).
 
Del mismo modo que el incremento de los cultivos para combustibles refleja la búsqueda por parte de Estados e inversores de suministros estables y baratos de energía en circunstancias de competencia y crisis económica, la apropiación de recursos de agua para cultivar alimentos se basa en una lógica parecida. Como los precios de los alimentos se han disparado en los últimos años, un creciente número de países y de grandes corporaciones agroindustriales están intentando reducir su dependencia de los mercados internacionales involucrándose directamente en la producción agrícola. Este factor, por ejemplo, es de gran relevancia en los proyectos de muchos Estados del Golfo, ya que sus propios recursos de agua están al límite y el coste de la importación de alimentos no cesa de aumentar (se calcula que dicho coste representa hasta un tercio de la inflación experimentada en la región).7 Así pues, apropiarse de tierras y aguas para producir alimentos en otros países es visto como una estrategia de estabilización económica y como un medio para protegerse contra la inflación a largo plazo. Lo mismo puede decirse de las corporaciones agroindustriales, que han dado un giro hacia una mayor integración vertical con el objetivo de garantizar sus márgenes de beneficio y ejercer más control en toda la cadena de valor.
 
Cuadro 2. Primero los combustibles y después los campesinos: el caso de ProCana en Mozambique
 
En 2007, la compañía londinense Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) y el gobierno de Mozambique establecieron un acuerdo para desarrollar un proyecto de producción de etanol a partir de caña de azúcar en una superficie de 30.000 hectáreas. Como el proyecto – llamado ProCana– necesitaba 407 millones de metros cúbicos de agua al año para las plantaciones de azúcar, CAMEC obtuvo una licencia del gobierno mozambiqueño que le permitía extraer grandes reservas de agua de la represa de Massingir. Sin embargo, un estudio independiente demostró que esas reservas solo bastaban para cubrir el 60 por ciento del volumen necesario y que, por encima de ese nivel, la seguridad hídrica de los agricultores y pastores de subsistencia que dependía del caudal por debajo de la represa se vería gravemente comprometida. Actualmente, después de que la compañía CAMEC se retirara del proyecto, este está suspendido, pero el gobierno mozambiqueño está buscando otros inversores para retomar la iniciativa.
Fuente: Borras, Fig y Monsalve (2011) The Politics of Agrofuels and Mega-land and Water deals: Insights from the ProCana case, Mozambique: http://www.tni.org/paper/politics-agrofuels-and-mega-land-and-water-deals
 
Mientras tanto, se está dando también el creciente fenómeno de los ‘cultivos comodín’ (flex crops), es decir, cultivos que tienen distintos usos (alimentos, forraje, combustible, material industrial) y que se pueden intercambiar de forma fácil y flexible en función de varios factores, como el cambio de las señales de precios en los mercados globales.8 Entre estos cultivos, se encontrarían algunos de los que requieren una mayor intensidad de agua y/o generan una mayor destrucción de cuencas y bosques autóctonos: la soja (forraje, alimentos, biodiésel), la caña de azúcar (alimentos, etanol), la palma aceitera (alimentos, biodiésel, usos comerciales/industriales) y el maíz (alimentos, forraje, etanol). El sector de los cultivos comodín, por ejemplo, es uno de los que está experimentando un crecimiento más acelerado en América Latina hoy en día.9 Además de los cultivos comodín, puede que estemos presenciando también una creciente tendencia hacia los ‘árboles comodín’, es decir, monocultivos de árboles que se pueden destinar a varios fines, como madera para construcción y muebles, madera para virutas y tacos de madera, y actividades de (re)forestación para la captura de carbono y otros llamados ‘servicios ambientales’. Si bien el impacto de las plantaciones de árboles sobre los ecosistemas y los usuarios locales desde el punto de vista de la (re)asignación de agua es complejo y viene determinado por muchos factores, cada vez hay más pruebas de que las repercusiones en los ecosistemas y las comunidades locales pueden ser extremadamente negativas.10 A pesar de los riesgos, los datos oficiales muestran que la superficie global destinada a las plantaciones de árboles está creciendo a un ritmo medio de aproximadamente el 2 por ciento anual; los índices más altos se concentran, concretamente, en América Central y del Sur, el Caribe y Asia.11
 
Los factores que impulsan el acaparamiento de aguas ponen de manifiesto cómo la acumulación de capital por parte de las corporaciones está estrechamente relacionado con el control de recursos naturales como el agua. Es en este contexto en el que cabe cuestionar la tendencia a convertir todos los debates en torno al agua, los alimentos y la energía en temas de seguridad: seguridad hídrica, seguridad alimentaria, etcétera. Con esto, se corre el peligro de conferir un grado de legitimad a la apropiación privada de los recursos de agua. Entender que el acaparamiento de aguas tiene menos que ver con una verdadera preocupación por la disponibilidad de reservas de agua, alimentos y energía (lo cual comportaría una cierta consideración por su conservación y uso sostenible) y mucho más con garantizar la rentabilidad de ciertas economías y compañías que venden a los mercados globales y se abastecen de ellos constituye el primer paso para rechazar esta lógica. En efecto, el peligro del acaparamiento de aguas está en la capacidad de ciertos actores para usar su poder con el fin de explotar las preocupaciones, tanto reales como supuestas, en torno a la escasez de agua.
 
3. ¿Quiénes son los acaparadores de aguas
 
En el acaparamiento mundial de aguas participa una gran diversidad de actores, tanto recién llegados como más tradicionales. Entre ellos estarían fondos de inversión especializados en agua, transnacionales del agua y toda una serie de actores cuyas actividades dependen del comercio de ‘agua virtual’.
 
Una de las novedades más sorprendentes de los últimos años es la creación de fondos privados en que el agua es un componente importante de la cartera de inversiones. En 2008, Rabo Farm Europe Fund, un fondo de capital privado perteneciente al banco holandés Rabobank, y el banco suizo Bank Sarasin crearon el ‘Fondo AgriSar’. Entre sus principales objetivos está la inversión en recursos hídricos, señalando que “la monetización del agua está apenas comenzando, en un momento en que un recurso antes gratuito gana valor de escasez, y vemos oportunidades para las compañías que puedan asegurar y gestionar su suministro”.12 Está claro, por tanto, que para los fondos de capital privado como AgriSar, la ‘crisis mundial de agua’ representa una oportunidad de negocio muy lucrativa.
 
En la industria global del agua se puede observar una tendencia parecida. Las corporaciones privadas, en efecto, se dedicaron durante gran parte de la última década a intentar tomar el control de servicios de agua que antes eran públicos en países como Perú, Bangladesh y Sudáfrica. En esta industria global del agua, hay también grandes monopolios; de hecho, dos corporaciones francesas, Vivendi y Suez, dominan en torno al 70 por ciento del mercado de los servicios de agua de todo el mundo.13 La imposición de un modelo de servicio de agua que persigue el lucro, que se basa en la ‘capacidad de pago’ y que se orienta hacia un mayor nivel de consumo de agua no augura nada bueno para las necesidades de los sectores pobres ni para la conservación de este recurso. Sin embargo, este modelo se ha topado también con importantes resistencias, y muchas comunidades han luchado y han conseguido poner fin a los intentos de privatización.14 De hecho, son cada vez más las ciudades que están ‘remunicipalizando’ el agua, es decir, recuperando su gestión local y pública.15
 
Cuadro 3. Principios campesinos frente a beneficios de la agroindustria
 
En el valle bajo del río Piuria, al norte de Perú, la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos había conseguido establecer un modelo de producción agrícola cooperativo, diverso y bajo en insumos externos. Dadas las condiciones semiáridas de la región, el manejo cuidadoso del agua, respetando los límites ecológicos, era de vital importancia para la supervivencia de la comunidad. Este imperativo de gestión sostenible del agua fue sencillamente ignorado por una empresa de la agroindustria que se instaló en 1.500 hectáreas de la región. Para producir pimientos, pimentón, bananas orgánicas, azúcar orgánico, arroz, cebollas y uvas que necesitaban un gran volumen de agua, la empresa construyó una gran planta de bombeo en un punto estratégico del río Piuria, además de canales y estanques artificiales cercados por alambradas y patrullados por guardias armados. Cada hectárea regada por la agroindustria supone la pérdida de tres hectáreas de tierras productivas para la comunidad de Catacaos, en su día floreciente y ahora enfrentando grandes dificultades.
Fuente: Van der Ploeg, J. D. (2008) The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization. Londres y Sterling, Earthscan
 
Mientras tanto, la compañías de la agroindustria están dando un giro hacia una mayor integración vertical y cada vez ejercen más control sobre los recursos de agua. Este control suele utilizarse para incrementar una agricultura que necesita grandes cantidades de agua y que compite con modelos agrícolas más sostenibles y localmente adaptados, y en ocasiones los desplaza por completo (véase el cuadro 3).
 
Teniendo en cuenta los recursos hídricos que se necesitan para la agricultura, podría decirse que el comercio agrícola global es, a un nivel muy básico, “una gigantesca transferencia de agua, en forma de commodities, desde regiones donde se la encuentra en forma abundante y a bajo costo, hacia otras donde escasea [y] es cara”.16
 
Este comercio de ‘agua virtual’, que no solo se da en el caso de la agricultura, sino que afecta también al agua usada para producir todo tipo de bienes y servicios y comerciar con ellos, abre el debate sobre quiénes son los acaparadores de agua. En concreto, exige que se comprendan los complejos vínculos entre satisfacer la demanda de agua en una región y propiciar la escasez de agua en otra. Un ejemplo de ello sería la política comercial ‘Todo menos armas’ de la UE, que se ha demostrado que está fomentando la expansión de grandes plantaciones de caña de azúcar, muy exigentes en agua, en Camboya para su posterior exportación a Europa.17
 
4. ¿Qué relación existe entre el acaparamiento de aguas y el de tierras?
 
Las causas del acaparamiento de aguas son parecidas a las del ‘acaparamiento de tierras’, el fenómeno por el que inversores adquieren o arriendan grandes extensiones de terrenos, con impactos socio-económicos y medioambientales negativos. El control de la tierra por parte de un determinado inversor suele ir acompañado del correspondiente control sobre los recursos de agua de dicha tierra. De hecho, el acceso al agua podría ser incluso el elemento más valioso del acuerdo. Más aún si se tiene en cuenta que los gobiernos anfitriones intentan atraer a los inversores ofreciéndoles concesiones con respecto al uso del agua. En Malí y en Sudán, por ejemplo, se ha otorgado a los inversores un acceso ilimitado al agua, de forma que puedan usar toda la que necesiten.18 Algunos inversores internacionales acuerdan construir infraestructuras de agua a cambio de la adquisición o el arrendamiento de tierras. El gobierno libio, por ejemplo, construyó un canal de riego a cambio de 100.000 hectáreas de tierras en Malí.19
 
Adquirir tierras para poder acceder a recursos de agua y controlarlos es algo de especial importancia para los países que se enfrentan a la escasez de estos. Se prevé que las fuentes renovables de agua en los Estados del Golfo se agoten en las próximas tres décadas.20 Las implicaciones de esta escasez de agua son muy profundas. Arabia Saudí, antes exportador neto de trigo, prevé poner fin a la producción nacional de este grano en 2016 debido al agotamiento progresivo de las reservas de agua dulce en el país.21 El país busca ahora compensar esta pérdida en la producción de alimentos nacional mediante la adquisición de tierras agrícolas en el extranjero (véase el mapa 1), transfiriendo así gran parte de la presión sobre los recursos de agua que genera la producción agrícola a otros países. Esta es una estrategia que seguirán muy probablemente otros países con escasos recursos hídricos, que intentarán así asegurarse el acceso a reservas de agua y resolver este problema interno adquiriendo tierras en el exterior.
 
El acaparamiento de tierras y el de aguas también se relacionan entre sí en la medida en que ambos conllevan un modelo de uso del agua caracterizado por la explotación, la exclusión y la especulación. El acaparamiento de tierras y aguas se ve impulsado por la producción de cultivos alimentarios y de otro tipo en grandes plantaciones de monocultivo. Estos monocultivos, que se basan en la aplicación de prácticas productivas industriales, orientan la agricultura hacia la maximización de los beneficios; el agua es vista simplemente como una materia prima que posteriormente se convertirá en mercancías de mayor valor. El hecho de que las grandes plantaciones de monocultivo necesiten enormes cantidades de agua y utilicen hasta diez veces más que los sistemas agrícolas biodiversos deja de ser un problema, siempre que se puedan superar externamente una serie de restricciones biofísicas, incluso aunque eso suponga recurrir al acaparamiento de tierras y aguas.
 
Cada vez se cuestiona más la falsa idea de que los monocultivos son la forma más eficiente (y por tanto, también la mejor para conservar recursos) de organizar la producción agrícola. Por ejemplo, mientras que la producción de caña de azúcar sigue expandiéndose a gran velocidad en Brasil, esta ha ido acompañada en los últimos años de un descenso en la productividad, lo cual apunta a que el incremento en los niveles de producción se debe a la expansión de la superficie ocupada por monocultivos.22 Así pues, la rentabilidad de la producción de caña de azúcar en Brasil depende de que se siga avanzando aún más en los procesos de acaparamiento de tierras y aguas.
 
5. ¿Qué impactos tiene el acaparamiento de aguas sobre los medios de vida, la seguridad alimentaria y los entornos acuáticos locales?
 
La reclamación de los recursos locales de agua por parte de los inversores externos suele justificarse en nombre del desarrollo. La idea es que garantizar unas reservas suficientes de agua para el buen funcionamiento de los proyectos comerciales ayudará a generar empleo, impulsar la productividad agrícola, contribuir a la creación de nuevas infraestructuras y abrir nuevas entradas de ingreso para el gobierno. Si estos proyectos se gestionaran de manera sostenible e incluyeran procesos de consulta adecuados con las comunidades afectadas, puede que algunos de estos beneficios, en efecto, se materializaran. En muchos casos, sin embargo, estas promesas de desarrollo se contradicen con la realidad sobre el terreno.
 
En lo que se refiere a los medios de vida, uno de los principales problemas está en la incapacidad o en la renuencia de inversores y gobiernos a documentar y registrar cómo se usan las aguas o las tierras antes de que estas sean arrendadas o transferidas. Por lo general, los recursos de tierras y aguas que forman parte de los acuerdos comerciales suelen describirse como ‘inutilizados’, con lo que su traspaso a manos de los inversores no supone problema alguno. Esto, no obstante, supone obviar el valor de las tierras y aguas para la vida de las comunidades rurales, que dependen de estos recursos no solo para mantener sus medios de vida, sino también para asegurar su identidad social y cultural. Los acuerdos comerciales de inversión que solo valoran las tierras y aguas desde el punto de vista económico suelen pasar por alto estas dimensiones. Las comunidades rurales, que por lo común practican una agricultura de pequeña escala, no pueden competir por la atención del gobierno cuando hay otros actores que están ofreciendo una gran inversión de capital. En consecuencia, las comunidades quedan marginadas y se privilegian las grandes iniciativas comerciales (véase el cuadro 4).
 
El arroz saudí por encima de las necesidades locales en Etiopía
 
En la región etíope de Gambela, el gobierno está obligando a varias comunidades locales a renunciar a sus tierras ancestrales para dar paso a una plantación de arroz de 10.000 hectáreas gestionada el propio gobierno etíope y la compañía Saudi Star Agricultural Development Plc. La plantación de arroz está situada en las márgenes del río Alwero, que es también una fuente clave de agua para las comunidades rurales de la zona que practican la pesca, el pastoreo y la agricultura itinerante. Los derechos al agua de estas comunidades, vistas como marginales e improductivas desde el punto de vista económico por parte del gobierno etíope, se están viendo desplazados por las necesidades de agua de la empresa Saudi Star, a la que el gobierno de Etiopía no ha impuesto ningún límite sobre el uso de agua, ningún control de protección ambiental ni ningún mecanismo para supervisar los efectos del incremento de consumo corporativo de agua para el resto de usuarios. Ahora se ha convocado una licitación para construir una serie de canales de cemento de 30 kilómetros para transportar agua desde el río Alwero hasta la plantación de arroz y también se está planificando una nueva represa en ese mismo río para que la compañía Saudi Star pueda disponer de un mayor volumen de agua.
Fuente: Horne, F. y F. Mousseau (2011) Understanding Land Investment Deals in Africa - Country Report: Ethiopia. Oakland, Oakland Institute
 
La mala gestión de los recursos hídricos por parte de compañías privadas puede también acabar teniendo repercusiones catastróficas que van mucho más allá de las actividades físicas inmediatas de dichas compañías. Cuando la gestión del agua no funciona como debería y las fuentes se contaminan, puede verse afectado todo el caudal del sistema fluvial. Las filtraciones de residuos tóxicos que se producen en las plantaciones de palma aceitera en Indonesia, por ejemplo, además de provocar que las aguas de los ríos no sean potables, están matando a los peces y a otras formas de vida acuática.23 Las plantaciones afectan también de forma muy importante a los patrones de drenaje naturales, lo cual conduce al agotamiento del agua en los ríos cercanos y a un incremento de las inundaciones durante la estación de lluvias.24 Las plantaciones de caña de azúcar en Brasil, por ejemplo, situadas junto a ríos y lagos, han causado la pérdida de hábitats y especies debido a la deforestación y al uso de lodos tóxicos (un producto derivado del procesamiento de etanol) como fertilizantes, lo cual ha contaminado ríos y aguas subterráneas.25
 
6. ¿Quién se beneficia de las inversiones en infraestructuras de agua?
 
El acaparamiento de aguas no se limita a la extracción directa de agua para producir alimentos, combustibles y cultivos comodín, sino que conlleva también varios tipos de infraestructuras como represas, embalses, centrales hidroeléctricas, canales y sistemas de riego que desvían y agotan las fuentes de agua, y que pueden llegar a afectar a cuencas fluviales enteras (véase el cuadro 5). Los gobiernos suelen ver estos proyectos que requieren grandes inversiones de capital como algo imprescindible para potenciar el desarrollo económico. Sin embargo, el quid de la cuestión es: ¿desarrollo económico para quién? El gobierno brasileño, por ejemplo, está realizando grandes inversiones en la construcción de centrales hidroeléctricas arguyendo que la hidroeléctrica es una fuente de energía renovable, muy eficiente y, una vez finalizadas las obras de construcción de la infraestructura, barata. Sin embargo, este proceso ha ido también acompañado de la privatización del suministro energético, que ha puesto la energía hidroeléctrica al servicio de grandes compañías transnacionales –como grandes conglomerados mineros, metalúrgicos y de supermercados–, que reciben la energía a una tarifa hasta diez veces más baja que la pagada por la población general.26 En consecuencia, los brasileños de a pie han experimentado un incremento en las tarifas de más del 400 por ciento en los últimos diez años, aunque el 80 por ciento de la energía en Brasil provenga de centrales hidroeléctricas.27
 
Mientras que las hidroeléctricas han generado una polémica notable, las inversiones en sistemas de riego se ven en ocasiones bajo una luz más favorable, ya que estos sistemas son críticos para producir alimentos y, por lo tanto, pueden ayudar, potencialmente, a mejorar la seguridad alimentaria. Por este motivo, muchos países han acogido con satisfacción la llegada de inversiones extrajeras en sistemas de riego para modernizar la agricultura y aumentar el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, aunque es cierto que el rendimiento de los cultivos en tierras de regadío es, como promedio, de dos a tres veces más alto que los situados en tierras de secano, esto no se traduce automáticamente en una mayor seguridad alimentaria. El riego rara vez se introduce de forma aislada, sino que suele formar parte de un ‘paquete de tecnología’ que incluye fertilizantes, pesticidas y, a veces, pasar a la mecanización. Aunque este ‘paquete de tecnología’ puede estar inicialmente subsidiado por gobiernos u otras entidades, permitiendo así a todos los campesinos participar en el ‘cambio tecnológico’, con el tiempo esos subsidios se suelen eliminar, dejando a los campesinos cargar con el incremento en el coste de los insumos. Esto puede abocar a la ruina a los hogares con menos recursos. Si se examina con detenimiento cómo se distribuyen los beneficios de los planes de sistemas de riego y cómo estos reestructuran las relaciones sociales basadas en la tierra, se llega a una visión menos optimista de las ventajas de las inversiones extranjeras en las infraestructuras de agua.
 
Cuadro 5. Las represas ahogan los medios de vida en el río Mekong
 
La cuenca del río Mekong es muy extensa; se calcula que sirve de apoyo a hasta 100 millones de personas a lo largo de sus 5.000 kilómetros de recorrido fluvial, que atraviesa China, Myanmar, la RPD Lao, Tailandia, Camboya y Vietnam. Las comunidades pescadoras, en particular, dependen en gran medida del río Mekong. Sin embargo, el acaparamiento de aguas para construir represas hidroeléctricas está impidiendo que los peces migratorios lleguen a sus zonas de desove y están reteniendo los sedimentos ricos en nutrientes que mantienen los ecosistemas acuáticos y la pesca en el interior. Con un total de 50 represas en toda su cuenca, se calcula que solo permanece intacta el 46 por ciento de la conectividad original del ecosistema del Mekong. Teniendo en cuenta que se están estudiando aún más proyectos de infraestructuras, la batalla por el río Mekong –como fuente de pesca o como fuente de energía– se intensificará, sin duda, en los próximos años.
Fuente: Schertow, J. (2008) Sacrificing the Mekong River Basin in the Name of Electricity: http://towardfreedom.com/home/content/view/1479/1/
 
7. ¿Cuál es la relación entre el acaparamiento de aguas y la privatización de recursos hídricos?
 
La privatización y mercantilización de los recursos de agua son mecanismos clave a través de los que se hace efectivo el acaparamiento de tierras. La privatización de los recursos hídricos no es un fenómeno nuevo, pero la nueva oleada de acaparamiento de aguas le ha dado a este recurso una mayor prominencia como bien comercial.
 
La privatización y el comercio de los derechos sobre el agua que esta facilita puede llevar a que se expropien o se vendan al mejor postor los derechos de las comunidades locales. Este es un peligro especialmente real cuando los derechos sobre el agua de las comunidades indígenas no están registrados, es decir, cuando están sujetos a formas tradicionales y colectivas de gestión y no a un control estatal formalizado. Por ejemplo, la Ley del agua de Mozambique prioriza, en teoría, el uso del agua por parte de los hogares rurales para las necesidades domésticas, el ganado y el riego de pequeñas parcelas de cultivo.28 Sin embargo, al mismo tiempo, no exige que este ‘uso común’ esté registrado, por lo que se hace ‘invisible’ ante los planes del gobierno y muy vulnerable a la competencia de otros usuarios.
 
La asignación de derechos privados sobre el agua a inversores es, por el contrario, altamente visible. Como tal, la privatización del agua puede ser una forma de traspasar poder de las comunidades locales a inversores privados, y un primer paso hacia la erosión de modelos tradicionales y colectivos de manejo del agua.
 
Destruir la organización social de los recursos hídricos y sustituirla por una forma privada e individualizada de gestión basada en el mercado es uno de los principales objetivos de la política neoliberal en materia de agua. Esta política se suele presentar como una mejora progresista, ya que otorga el agua a sus usuarios más eficientes y productivos, y ayuda a garantizar derechos sobre este recurso. El problema de esta idea es que ignora por completo las grandes desigualdades de poder entre los diversos actores del mercado del agua. Los supuestos de la política neoliberal en materia de agua solo se sostienen cuando todos los actores implicados son libres y tienen una posición de igualdad en el mercado. Por supuesto, esto es una falacia. Por este motivo, es necesario oponerse categóricamente a los nuevos cercamientos de los recursos de agua, que posibilitan la privatización de esta.
 
8. ¿Cómo se abordan actualmente las demandas de acceso al agua y de uso de esta?
 
Uno de los principales problemas que plantea el acaparamiento de aguas es cómo se deberían mediar las demandas encontradas sobre el acceso al agua y el uso de esta. Se trata de una cuestión jurídica, política y, en última instancia, moral. Desde una perspectiva jurídica, existe un complejo conjunto de leyes nacionales e internacionales que regulan la asignación de aguas. Uno de los problemas de la actual oleada de acaparamientos es que los inversores están apuntando a países donde no existe una legislación nacional sobre los derechos de agua, o bien donde dicha legislación está poco definida o mal aplicada. Sin la debida regulación y aplicación, se corre el peligro de que sea el poder el que determine los resultados. Teniendo en cuenta que el poder de negociación de las comunidades locales es casi siempre menor que el de los inversores extranjeros –quienes a veces gozan también del favor del gobierno–, son estas comunidades las que tienen más que perder (véase el cuadro 6).
 
Cuadro 6. Flower power: el caso de la región etíope de Oromia
 
Las comunidades campesinas de la región de Oromia, en Etiopía, llevaban generaciones gestionando el agua de manera colectiva, basándose en una serie de reglas y principios tradicionales que concedían especial importancia al uso compartido, la conservación y la rendición de cuentas mediante encuentros regulares. Los distintos grupos de campesinos recolectaban las tarifas, que se usaban para reparar el canal, pagar a los guardas y para cubrir los costes administrativos.
 
La situación cambió drásticamente cuando en la región se establecieron nueve grandes haciendas de flores y hortalizas, siete de las cuales están total o parcialmente en manos de inversores extranjeros. Con la llegada de estas haciendas, la estructura informal para la gestión del agua cambió por completo. Los grupos de campesinos fueron reorganizados y se crearon nuevas reglas. Entre estas, estaba doblar las tarifas por el uso del agua, aumentar notablemente las sanciones por el incumplimiento de las normas y un sistema de turnos entre las empresas inversoras y las comunidades locales. De las normas vinculantes establecidas, cuatro eran aplicables a las comunidades locales, y solo dos a las grandes haciendas, que además tampoco estaban sujetas a ningún tipo de sanción. Además, se descubrió que los inversores no seguían la regla sobre el sistema de turnos acordado, y que sobornaban a los guardas para que les abrieran las compuertas del canal de riego.
 
Lógicamente, las comunidades campesinas de Oromia consideran que este cambio en la asignación del agua no es equitativo. Los campesinos han apelado a la Junta Regional de Inversiones para que ponga fin a la violación de sus derechos por parte de las grandes haciendas. Sin embargo, el gobierno etíope, que acoge con entusiasmo toda inversión extranjera directa en su sector agrícola, se ha puesto del lado de los inversores, dejando a las comunidades locales de Oromia con pocas vías alternativas para actuar y con una profunda sensación de impotencia.
Fuente: Bues, A. (2011) Agricultural Foreign Direct Investment and Water Rights: An Institutional Analysis from Ethiopia. International Conference on Global Land Grabbing. University of Sussex, Brighton, LDPI
 
9. ¿Cómo se pueden gestionar de forma equitativa y sostenible los recursos de agua transfronterizos?
 
Los sistemas fluviales no respetan las fronteras internacionales. Por este motivo, el acaparamiento y la extracción, el trasvase o la contaminación de recursos hídricos en una región o país puede tener un impacto notable en la disponibilidad y la calidad del agua en otra región o país. Así, la gestión de las aguas transfronterizas de una cuenca hidrográfica es fundamental. En este contexto, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se ha presentado como “un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.29 El éxito de la GIRH depende en gran medida de la capacidad de los Estados implicados en colaborar estrechamente para alcanzar acuerdos sobre derechos y responsabilidades compartidos. El acaparamiento de aguas, sin embargo, pone en peligro este espíritu de colaboración.
 
La ya complicada política hídrica de la cuenca del Nilo, por ejemplo, se ha hecho aún mucho más difícil con el incremento de las inversiones extranjeras en la región. Nuevos actores como China, India y los Estados del Golfo están invirtiendo en grandes plantaciones e infraestructuras de riego, agua e hidroeléctricas en todo el río. China ha financiado, en total, ocho represas: dos en Egipto, dos en Etiopía, una en Uganda, una en Burundi y una en la República Democrática del Congo.30 Los inversores también han situado en su punto de mira la región etíope de Gambela, donde se ha arrendado un millón de hectáreas a 896 compañías desde 2009.31 El hecho de que el gobierno de Etiopía otorgue libre acceso a los recursos de agua ha sido uno de los factores clave. Este acceso ilimitado al agua ha llevado a los inversores a adoptar actitudes displicentes con respecto a la conservación y la gestión del agua, como sería la mostrada por Karuturi, que se encuentra entre las 25 mayores compañías del agronegocio del mundo y que cuenta con extensas plantaciones de palma aceitera, caña de azúcar, arroz y cereales en la región.
 
El efecto acumulativo de este incremento en el uso del agua de los ríos en el Nilo Azul aún se desconoce. Lo que está claro, sin embargo, es que los inversores extranjeros que se dedican al acaparamiento de aguas –con el consentimiento y el estímulo de los gobiernos anfitriones– están cambiando la geopolítica de la región, poniendo en tela de juicio la ‘hidrohegemonía’ histórica de Egipto. Este podría ser un cambio positivo si llevara a una visión común para gestionar el agua y a un entorno propicio para desarrollar proyectos conjuntos de inversión por parte de todos los países que atraviesa el Nilo (hay algunos indicios de ello en la nueva Iniciativa de la Cuenca del Nilo). Sin embargo, si conduce a la creciente adopción de medidas unilaterales por parte de esos países y a la mayor extracción de aguas por parte de los inversores extranjeros, la situación tendrá graves consecuencias sociales y ecológicas. Puesto que todas las cuencas fluviales están afectadas, en mayor o menor medida, por cambios demográficos, económicos, climáticos y de uso de la tierra parecidos, el éxito de la GIRH dependerá, ante todo, del acuerdo sobre un conjunto común de valores. Si la integridad de estos valores se ve minada por una suma cero, un modelo competitivo de extracción y uso de recursos, la gobernanza de las cuencas fluviales se hará extremadamente difícil.
 
La GIRH propone el concepto de ‘valor económico total’ como una vía para integrar en los análisis de coste-beneficio el valor económico de los muchos servicios ecosistémicos que realizan las cuencas fluviales. Este marco persigue corregir la trayectoria de subsidios e incentivos perversos que normalmente se han concedido a actividades de explotación industrial y comercial de recursos, tremendamente perjudiciales para el medio ambiente. Un ejemplo de ello puede encontrarse en Ulaanbaatar, en Mongolia, donde las autoridades, enfrentadas a una escasez inminente de agua, están intentando aprovechar otras reservas subterráneas y ampliar el almacenamiento superficial de agua en la cuenca superior del río Tuul. Estudios sobre el valor económico total han demostrado que la constante degradación de la cuenca superior del Tuul le costará a la economía de Mongolia en torno a 270 millones de dólares estadounidenses en los próximos diez años; por su parte, la conservación del ecosistema hidrográfico genera un retorno de 15 dólares al año por cada dólar invertido.32 Así pues, la GIRH pone de manifiesto que la conservación de los recursos hídricos es imperativo, algo que no se está dando actualmente en la cuenca del río Mekong, donde “la confusión, las rivalidades y la inacción” bloquean la gestión sostenible y local del agua.33
 
10. ¿Qué deberían hacer los países que se enfrentan a la escasez de agua?
 
La escasez de agua supone un verdadero problema para muchos países áridos. Con el cambio climático, la escasez de agua en ciertas zonas ecológicas se exacerbará, ya que el calentamiento global lleva a una mayor variabilidad de las lluvias y a un creciente riesgo del descenso de las precipitaciones, el agotamiento de las aguas subterráneas y la sequía.34 Por lo tanto, todos los usuarios de agua deben ajustar el impacto previsto del cambio climático a las reservas de agua en el futuro.
 
En este contexto, la cuestión es qué deben hacer los países que se enfrentan a una escasez de agua para garantizar su seguridad hídrica.
 
Existen varias opciones, tanto basadas en el suministro como en la demanda. En lo que se refiere al suministro, los Estados pueden invertir en expandir los recursos de agua mejorando las instalaciones para su almacenamiento y adoptando fuentes no convencionales como el agua de mar, que se puede convertir en agua dulce mediante técnicas de desalación. Ambas opciones son caras y exigen importantes inversiones de capital y altos costes energéticos, por lo que no están al alcance de los países con menos renta o pueden ir acompañadas de impactos ambientales. Las opciones basadas en la demanda suelen ser más eficaces desde el punto de vista económico, social y ecológico. Las iniciativas que se centran en el reciclado y la conservación de aguas, así como en la reducción de las pérdidas y fugas de agua pueden generar mejoras sustanciales.
 
Los defensores de las políticas neoliberales en materia de agua sostienen que la privatización de este recurso y los mecanismos de mercado son parte de la solución. Como ya se ha comentado, esta idea parte de la falsa premisa de que el mercado asigna el agua a los usuarios más eficientes y productivos y, por tanto, minimiza las pérdidas. También afirman que, al tratar el agua como un activo económico en lugar de como un bien público, se puede asignar a este recurso un precio que esté en consonancia con su verdadero coste de escasez, lo cual fomenta que se use de forma más moderada y sostenible (véase el cuadro 7). De este modo, se presenta la escasez como una oportunidad para ir avanzando hacia la creación de mercados privados de agua.
 
Cuadro 7. ¿La moralidad de los mercados?
 
“Los bajos precios –o en algunos casos la gratuidad– ha mantenido un uso excesivo: si los mercados entregaran automóviles Porsche a precios ínfimos, también estarían faltos de existencias.” (PNUD 2006: 30)
 
Sin embargo, que los mercados privados sean el mejor mecanismo para lograr un equilibrio entre la equidad y la eficiencia en el uso del agua es algo muy cuestionable. Sin duda, se deberían ofrecer incentivos para animar a los usuarios a preservar el agua. Pero eso no tiene por qué corresponderse con la creación de mercados privados, que pueden amenazar el derecho de las personas pobres al agua, al vincular el acceso a esta con la capacidad de pago. En lugar de eso, los gobiernos deberían poner fin a los subsidios perversos que otorgan a las grandes industrias que hacen un uso intensivo del agua y la malgastan, a los proyectos de lujo como campos de golf y hoteles, y a aquellos inversores que buscan lucrarse con derechos al agua y la tierra que los gobiernos anfitriones les ofrecen como ‘obsequio’. La crisis global del agua se debe en gran medida a la actual trayectoria de desarrollo, que minusvalora el capital natural y no integra los aspectos relacionados con la sostenibilidad, trasladando así una enorme deuda ecológica a las futuras generaciones (véase el cuadro 8). Para poder abordar las verdaderas causas de la escasez de agua, esta situación debe dar un giro radical.
 
Cuadro 8. La verdadera causa de la escasez
 
“La escasez ha sido provocada por errores políticos. En lo referente a la gestión del agua, el mundo se ha dedicado a una actividad frenética comparable a un frenesí imprudente e insostenible de gastos financiados por crédito.” (PNUD 2006: 30)
 
11. ¿Qué se puede hacer para proteger el derecho humano al agua?
 
En lugar de aceptar las falsas soluciones que proponen las políticas neoliberales, un enfoque basado en los derechos –y no en los mercados– pone de relieve la obligación fundamental de todos los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho humano al agua. Gracias a una memorable resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 30 de septiembre de 2010 y unos meses más tarde, en julio de 2010, por la Asamblea General de la ONU, este derecho al agua no es solo un deber moral, sino uno derecho humano jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento.35 Esto también incluye la obligación extraterritorial de los Estados a garantizar que sus propios ciudadanos y terceras partes, como compañías privadas, no violen el derecho al agua en otros países en cuanto a la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del agua.
 
El reconocimiento del derecho al agua debería conformar la base para regular los acuerdos de tierras y aguas. Es muy urgente, por ejemplo, registrar todos los usuarios de agua y las formas de gestión del recurso. Mientras que las políticas de agua neoliberales persiguen destruir “la pluralidad de los derechos de agua, las identidades del agua y los modos de gestión” para poder sustituirlos por una lógica de mercado uniforme, un enfoque basado en derechos debe comenzar por visibilizar estos derechos, identidades y modos como un primer paso para luchar contra los acaparamientos.36
 
Para proteger el derecho al agua, los Estados pueden adoptar varias medidas. Por ejemplo, cualquier negociación que implique derechos de agua en un acuerdo sobre tierras debe estar abierta a examen público y contemplar la debida consulta con las comunidades afectadas, definidas en su sentido más amplio en función de los estudios de impacto social y ambiental. Los Estados, además, siempre deberían dar prioridad a las necesidades de agua de los usuarios locales por encima de las reclamadas por los inversores externos.
 
Por otro lado, se debería establecer una distinción fundamental entre el agua como un recurso vital y un bien público (asociado con la satisfacción de necesidades básicas), algo que no es negociable y se debe garantizar por encima de todo, y el agua como un insumo para la producción de bienes, sobre lo que se deben aplicar controles y restricciones legítimos.
 
No se puede permitir, por ejemplo, que se otorguen derechos de agua a la agroindustria cuando estos afectan a las necesidades de pequeños campesinos y campesinas que se dedican a la agricultura de subsistencia o a la producción (precaria) de alimentos para venderlos en mercados locales. Los Estados pueden dar mayor poder a estos pequeños campesinos reconociendo los modelos tradicionales de gestión del agua, y permitiendo a los usuarios tradicionales crear asociaciones colectivas y solicitar permisos de agua. Cuando alguien considera que su derecho al agua se está viendo denegado o violado, debería tener la posibilidad de reclamarlo y de exigir una reparación ante un tribunal. El derecho al agua es, en última instancia, una cuestión de gobernanza que debe ser regulada por los Estados.
 
 
Los foros de corte conservador, como el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua, que mantienen fuertes lazos con las grandes corporaciones de agua, promueven por lo general una agenda que defiende la privatización de este recurso. Desde el punto de vista de estos actores, la creación de mercados privados, la asignación de derechos de agua y el comercio con estos son respuestas racionales a la creciente escasez de agua en el mundo. Esta estrategia cuenta también con el apoyo de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los diversos bancos regionales de desarrollo, que suelen vincular la concesión de ayudas con la privatización de recursos hídricos.
 
La carta de principios del Foro Alternativo Mundial del Agua, celebrado en la ciudad francesa de Marsella en 2012, señala, con acierto, que “el agua es un bien común de la Humanidad, vital para todos los seres vivos, y no una mercancía”.37 Así pues, el agua se debería gestionar mediante servicios públicos y se debería distribuir democráticamente entre sus diversos usuarios. Esta idea, de hecho, refleja la realidad del suministro de agua en todo el mundo, que en más de un 90 por ciento de los casos depende del sector público.38 Teniendo en cuenta la experiencia del sector público en la prestación de servicios de agua, los partenariados público-públicos y otros mecanismos como la iniciativa de Partenariados entre Operadores de Agua (WOP) y la Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de Agua de la ONU (GWOPA), que apoyan el intercambio de conocimientos entre organismos del sector público, son muy prometedoras para expandir el acceso al agua.39
 
El acaparamiento de aguas, en el contexto del acaparamiento de tierras, es una cuestión que ha saltado a los titulares hace poco y es un ámbito aún poco estudiado. Espacios como el Foro Alternativo Mundial del Agua de Marsella pueden contribuir en este sentido, al llamar la atención sobre este tema y apuntar a las evidencias que sugieren que el agua es un factor clave de los acuerdos internacionales de tierras. Hay que poner de relieve los peligros que entraña esta forma de inversión, con la que se corre el riesgo de violar el derecho al agua de los pueblos. Teniendo en cuenta que muchos ejemplos de acaparamiento de aguas suponen su extracción para la agricultura industrial, es importante que la sociedad civil llame la atención sobre prácticas agrícolas alternativas que ayuden a promover un uso sostenible del agua. Entre estas, se encontrarían prácticas como la captación de aguas, las tecnologías para el microrriego, el uso de acolchados en los cultivos y la construcción de terrazas en laderas rodeadas de arbustos y árboles que mejoran la capacidad del suelo para captar y almacenar agua. La inspiración, ante todo, debería proceder de las prácticas cotidianas de uso del agua de muchas comunidades campesinas, como las de Catacaos y Oromia que aparecen en estas páginas, cuyos sistemas de gestión del agua se basan en un entendimiento intuitivo y tradicional del equilibrio ecológico que se debe lograr entre seres humanos y naturaleza.
 
Lecturas complementarias:
 
 
 
  • Woodhouse, P. (2012) ‘New Investment, Old Challenges. Land Deals and the Water Constraint in African Agriculture’, Journal of Peasant Studies (próxima publicación). 
 
  • Balanya, Brennan, Kishimoto et al. (2007) Por un modelo público de agua: Triunfos, luchas y sueños. Transnational Institute y Corporate Europe Observatory: http://www.tni.org/es/archives/know/90
 
 
Notas
 
1 Mehta, Veldwisch y Franco (2012) 'Water Grabbing? Focus on the (Re)appropriation of Finite Water Resources', Water Alternatives Journal (próxima publicación): http://www.water-alternatives.org/index.php?option=com_content&task=view...
2 Para saber más sobre la historia y la definición del término, véase, por ejemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Enclosure (o una versión más breve en español: http://es.wikipedia.org/wiki/Cercamiento) y V. Shiva (1997) ‘El “cercado” de los bienes comunales’: http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.php?id=1144
3 PNUD (2006) Resumen del Informe sobre desarrollo humano 2006 – Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Nueva York, PNUD.
4 Jones, T. (2010) The Great Hunger Lottery: How Banking Speculation Causes Food Crises: http://www.wdm.org.uk/food-speculation/great-hunger-lottery
5 Comunicado de prensa de RNCOS (3 de junio de 2008) ‘RNCOS Releases a New Report-Global Biofuel Market Analysis’: http://www.prlog.org/10077074-rncos-releases-new-report-global- biofuel-market-analysis.html
6 Mendonça, M. L. (2009) ‘Impactos del monocultivo de caña para la producción del etanol’ (Brasil), en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.
7 Woertz, E., S. Pradhan et al. (2008) Potential for GCC Agro-investments in Africa and Central Asia, Gulf Research Center.
8 Borras Jr., Spoor, M., Franco, J. et al. (2011) El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia. Informe elaborado para el seminario ‘Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe’, 14-15 de noviembre, Santiago de Chile.
9 Ibid.
10 Lohmann y Carriere (1996), Pulping the South: Industrial Tree Plantations and the World Paper Economy: http://www.wrm.org.uy/plantations/material/pulping.html; y otros documentos e informes: http://www.wrm.org.uy/inicio.html
11 PNUD (próxima publicación, 2012) Global Environmental Outlook (GEO) 5, Chapter on ‘Land’. Nairobi: UNEP.
12 Sarasin Agrisar (2010) Reasons Why. Product Flyer: www.sarasin.ch/internet/iech/en/index_ssol/uk_oeic_ssol/sarasin_agrisar_...
13 Polaris Institute (2003) Global Water Grab: How Corporations are Planning to Take Control of Local Water Services. Ottawa, Polaris Institute.
14 Hall, Lobina y de la Motte (2005) Public Resistance to privatisation in water and energy. Londres, PSIRU: http://www.psiru.org/reports/2005-06-W-E-resist.pdf
15 Véase http://www.remunicipalisation.org/
16 Zapatta, A. (2009) Consumo de agua en la agroindustria ecuatoriana, en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.
17 Bridges Across Border Cambodia y Transnational Institute (2010) Bittersweet: A Briefing Paper on Industrial Sugar Production, Trade and Human Rights in Cambodia: http://babcambodia.org/developmentwatch/cleansugarcampaign/bittersweet.pdf
18 Provost, C. (2011) ‘Africa’s Great “Water Grab”’, The Guardian: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/nov/24...2012
19 HLPE (2011) Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura. Un informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Roma.
20 Smaller, C. y H. Mann (2009) A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agricultural Land and Water. Winnipeg, International Institute for Sustainable Development.
21 HLPE (2011)
22 Xavier, C. V., F. P. Pitta et al. (2011) A Monopoly in Ethanol Production in Brazil: The Cosan-Shell Merger. Amsterdam, Milieudefensie y Transnational Institute.
23 Friends of the Earth, LifeMosaic, et al. (2008) Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia - Executive Summary. Londres, Edimburgo, Bogor, Friends of the Earth, LifeMosaic, Sawit Watch.
24 Ibid.
25 Mendonça, M. L. (2009)
26 MAB (2009) 'Agua, minería, agronegocio y modelo energético: ¿para qué? ¿para quién?', en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.
27 Ibid.
28 Woodhouse, P. y A. S. Ganho (2011) Is Water the Hidden Agenda of Agricultural Land Acquisition in sub-Saharan Africa? International Conference on Global Land Grabbing. University of Sussex, Brighton, LDPI.
29 Martens, A. K. (2011) Impacts of Global Change on the Nile Basin: Options for Hydropolitical Reform in Egypt and Ethiopia. IFPRI Discussion Paper 01052, IFPRI.
30 Cascao, A. E. (2010) ‘New “Partners” on the Nile: You Have Access to My Land and Water if You Provide Me with Your Investment and Political Support’: http://www.slideshare.net/ana.cascao/ newpartnersonthenile
31 Cascao, A. E. (2011) Cooperation over Transboundary Water Resources in the Nile Basin: Potential, Obstacles and Challenges. Presentación ofrecida en la conferencia DANIDA Development Days. Copenhague.
32 Bach, H., T. J. Clausen et al. (2011) From Local Watershed Management to Integrated River Basin Management at National and Transboundary Levels. Vientiane, Lao PDR, Mekong River Commission.
33 Ibid.
34 Nellemann, C., M. MacDevette et al. (2009) The Environmental Food Crisis - The Environment’s Role in Averting Future Food Crises. A UNEP Rapid Reponse Assessment. Nairobi, UNEP.
35 The Rights to Water and Sanitation (2010) ‘Rights breakthrough: legal recognition of water and sanitation affirmed by UN’, http://www.righttowater.info/right-water-and-sanitation-affirmed/
36 Achterhuis, H., R. Boelens et al. (2010) Water Property Relations and Modern Policy Regimes: Neoliberal Utopia and the Disempowerment of Collective Action. Out of the Mainstream: Water Rights, Politics and Identity. R. Boelens, D. Getches y A. Guevara-Gil. Londres y Washington, DC, Earthscan: 27-56.
37 Foro Alternativo Mundial del Agua (2012) Carta: http://www.fame2012.org/es/acerca-de/carta/
38 George, S., M. Nhlapo et al. (2011) ‘The Politics of Achieving the Right to Water’: http://www.tni.org/article/politics-achieving-right-water
39 Ibid.
 
(Translation: Beatriz Martínez)
 
- Dra. Jennifer Franco es una investigadora independiente que trabaja desde Canadá. Colabora con el comité asiático para los programas de desarrollo internacional (Asia Committee for International Development Programs) dentro de la ONG Development and Peace.  Entre sus libros publicados destaca Elections and Democratisation in the Philippines (Routledge, 2001. Ha publicado en revistas académicas.
 
https://www.alainet.org/es/articulo/161496

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