Hasta dónde, cómo y cuándo debe participar la sociedad civil en el proceso de paz?

26/11/2012
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No han iniciado aún los diálogos de paz, y mucho menos se han puesto de acuerdo el Gobierno y las FARC en el pacto de terminación de la guerra, y ya todo el mundo quiere opinar y reclamar participación en una mesa, donde sólo deben estar los actores del conflicto armado (El Estado colombiano y la subversión).
 
Ingenuamente o bajo insolentes auto representaciones, muchos han empezado a exigir un lugar en la mesa de negociación a nombre de la sociedad civil, o como portavoces de las mujeres, de los jóvenes, los campesinos, las víctimas, los empresarios, etc. Y además, demandando la inclusión de otros temas ajenos a la agenda.
 
Que sin acabar la pobreza no habrá paz gritan algunos, que sin sueldos justos no hay reconciliación arguyen otros, que sin equidad de género es imposible parar la guerra vociferan otras, sin darse cuenta que entre más asuntos se le cuelguen al proceso de paz, más complicada se vuelve su negociación, y se aumenta exponencialmente sus posibilidades de fracaso.
 
Además, ¿Cómo entender que una ciudadanía que ha reclamado a los actores armados que la dejen por fuera de la guerra, al punto de categorizarse como una sociedad civil por fuera del conflicto, hoy quiera tan afanosamente ser parte de la etapa final de la confrontación, y lo más grave, entregarle su agenda a la guerrilla para que la use como bandera política en la negociación del conflicto?
 
Pero la sociedad tiene el derecho de participar en el proceso de paz, alegarán muchos, y aunque la respuesta es que sí, esa sociedad tiene, primero, que ponerse de acuerdo sobre que significa alcanzar la paz en Colombia, y entender y diferenciar muy bien esa paz anhelada, de la terminación del conflicto armado, que aun siendo parte importante de la paz, se ha configurado como un factor específico y localizado de violencia.
 
Mejor dicho, el fin del conflicto no significa el final de problemas como la exclusión, el marginamiento, o la miseria, es más, ni siquiera acabará con la violencia en Colombia, pero su terminación facilitará al Estado y a la sociedad, concentrarse en la construcción de soluciones para salir de dichas problemáticas, y orientar cuantiosos recursos que se destinaban a la guerra, a la atención de sentidas necesidades de la población.
 
Ahora, al analizar la participación ciudadana en el escenario de terminación de la confrontación armada, es relevante observar que el término “sociedad civil por fuera del conflicto” adquiere una configuración muy especial en el caso colombiano. Para empezar, el conflicto armado colombiano, pese a su enorme poder de desestabilización, es marginal, en el sentido que en el país no existe una identificación social con los bandos en disputa, y no hay una sociedad polarizada frente a la guerra.
 
Por esto, en Colombia es improcedente plantear un modelo de terminación del conflicto ampliamente participativo, como el que se dio en Sudáfrica, donde dada la polarización que generó el Apartheid, hubo que convocar a un Gran Diálogo Nacional. O los procesos de paz de Centro América (Guatemala, Salvador y Nicaragua), que ante la ausencia de democracia, se convirtieron en espacios de construcción de verdaderos pactos sociales, que necesitaron el concurso de la ciudadanía bajo el modelo de las asambleas de la sociedad civil por la paz, donde representantes de sectores ciudadanos, hicieron llegar sus propuestas a la mesa de negociación.
 
En Colombia, la guerrilla no representa sino a una pequeña parte de la sociedad rural colombiana, nada le dice al país urbano, y a pesar de su enorme peso histórico, sentado en demandas rurales aún sin resolver, estas se dan hoy en medio de un desarrollo contradictorio que mezcla avances democráticos traídos especialmente por la Constitución de 1991, con situaciones de tipo feudal que aun persisten en las zonas donde precisamente se vive con mayor crudeza el conflicto armado.
 
No estamos en un escenario de guerrillas que actúan como catalizadoras de grandes demandas sociales ante la asfixia del sistema político, por ende hay que darle su justa proporción e importancia al proceso de paz, pero sin perder el horizonte de lo que significa la negociación para terminar el conflicto, con la construcción de la sociedad postconflicto, donde si tiene un papel protagónico y esencial la ciudadanía, haciendo incluso seguimiento y verificación al cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla.
 
Por esto, es esencial para el éxito del proceso, que el Gobierno y la guerrilla acuerden con la menor injerencia externa posible, la terminación del conflicto. Y que respecto a los aspectos de la negociación que afecten asuntos generales, más que recibir propuestas desorganizadas, sin eficacia y que desconcentran a los negociadores, sería deseable un mecanismo previo de información, discusión y convalidación ciudadana de dichos acuerdos. Mejor dicho, la sociedad colombiana no tiene por qué someter sus agendas a la mesa de negociación, sino por el contrario, los actores armados tienen que someter sus pactos de terminación del conflicto a la sociedad civil, quien deberá aceptarlos y convalidarlos.
 
No será por foros multitudinarios, ni por cabildos por la paz, ni por oficinas en Bogotá, ni por páginas Web, ni por correos de Adpostal como la sociedad civil tendrá un espacio para participar realmente en el proceso de paz, sino por la habilitación de espacios concretos, donde sectores ciudadanos específicos y afectados por la agenda de negociación (las víctimas, los campesinos, los indígenas, los empresarios), puedan discutir, proponer modificaciones y avalar los acuerdos, antes de que se firmen, así como participar con mayor incidencia en la aprobación de los proyectos de ley o actos legislativos que se necesiten para la ejecución de los acuerdos.
 
Gabriel Bustamante Peña
Asesor Jurídico-Político – Corporación Viva la Ciudadanía
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 330
Semana 23 al 29 de noviembre de 2012
Corporación Viva la Ciudadanía
https://www.alainet.org/es/articulo/162868
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