Desde la Asamblea de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) saludamos el fallo del juez en lo Civil y Comercial Federal N° 1 de Argentina, Horacio Alfonso, que declara la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y desestima la demanda judicial iniciada por el monopólico Grupo Clarín, precisando que la regulación de la multiplicidad de licencias “no afecta la libertad de expresión” sino que busca “diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad de medios posibles”.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por el Parlamento argentino el 10 de octubre de 2009, para sustituir la normativa instaurada por la última dictadura cívico-militar, tras un amplio debate ciudadano a lo largo y ancho del país. Posteriormente fue promulgada por la presidenta Cristina Fernández y convalidada por la justicia.

Sin embargo, el Grupo Clarín interpuso una serie de medidas judiciales dilatorias por su negativa a desinvertir y transferir algunas de sus licencias comerciales en los términos que dispone la nueva Ley, para desconcentrar la propiedad de los medios.

Aunque el requerimiento de desinversión en sí mismo no garantiza la democratización plena de la comunicación, no deja de ser una medida necesaria e indispensable para avanzar en esta dirección.  Por lo mismo, al tiempo de reafirmar el total apoyo a la lucha contra los monopolios mediáticos, hacemos votos para que se supere la demora en la implementación de un conjunto de normas que permitirán democratizar la comunicación en Argentina, como aquella que establece la asignación del 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios alternativos, populares y comunitarios en tanto garantía real para enfrentar a los monopolios desde las premisas de la diversidad y el pluralismo.