Colombia

El proceso de paz avanza, a pesar de oposiciones y hechos de violencia

Álvaro Villarraga Sarmiento

11/02/2013

Opinión

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En medio de la discreción acordada y el avance aún parcial del trabajo de la mesa de negociación Gobierno-FARC en La Habana, se percibe que el proceso va por buen camino. Se equivocan quienes no valoraran la dimensión histórica que reviste el acuerdo de paz con la guerrilla colombiana más importante. El abordaje de la agenda empezó según lo acordado con el tema agrario, de forma que las partes declaran que ya existen consensos, aproximaciones y discusiones, a la vez que se fijan posiciones y propuestas sobre otros temas de la agenda. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que existen interferencias al proceso de paz que se expresan en situaciones como la continuación de la confrontación bélica -atizada tras la terminación del cese al fuego temporal declarado por ésta guerrilla-; la persistencia de acciones violatorias al derecho humanitarios –entre ellas tomas de rehenes y ataques a bienes civiles protegidos realizados por las guerrillas-; y la abierta oposición al proceso de paz –liderada por el ex presidente Uribe. Corresponde, en consecuencia, alentar la movilización ciudadana, social y política a favor de las posibilidades que se abren hacia el logro de la paz.

Si bien el esquema de negociación de La Habana no colma aún las expectativas en términos de propiciar una participación más fluida y protagónica de la sociedad y de la misma institucionalidad en la construcción de propuestas y la participación en escenarios de debate público y logro de consensos, sin duda se registró un buen inicio con el Foro realizado en diciembre del año pasado sobre Desarrollo Agrario Integral, coordinado por la Universidad Nacional y el PNUD, promovido por la mesa Gobierno-FARC. La sistematización de unas 500 propuestas, la presentación de ponencias y la discusión entre más de mil organizaciones sociales en un marco de diversidad, constituye un insumo fundamental tanto para la mesa de negociación como para el debate público e institucional sobre el tema. Reviste alto valor político y autoridad ante las partes y ante las instituciones tal aporte para la revisión de las políticas y el diseño de las reformas a emprender en torno al tema agrario. Tanto al gobierno como a la insurgencia tendrán que considerar con atención tal contribución, como referente de peso hacia el logro de consensos. Situación que podrá y deberá repetirse con los demás temas de la agenda y con la globalidad de los asuntos a tratar en el proceso de paz.

Como fue referido con amplitud a partir del primer tema de la agenda cobran fuerza las propuestas de fortalecer las zonas de reserva campesina; reformular una política agraria con enfoque territorial, de equidad y ambiental; reconocer la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes; asumir la obligación constitucional referida al apoyo a la economía campesina y entender de fondo que un conflicto armado originado y desarrollado en el campo, exige con prioridad la construcción de estrategias y medidas tendientes a la superar las causas y las circunstancias del conflicto. De forma correlativa, las FARC han anunciado preparan una propuesta en el tema agrario que guarda relación y se puede alimentar de tales iniciativas, de manera que ha hecho alusión a aspectos válidos de considerar como son una reforma agraria que implique acceso y redistribución de una propiedad altamente concentrada, el establecimiento de límites a propietarios nacionales y extranjeros, la erradicación de la pobreza rural, el estímulo a la economía campesina y el mejoramiento de la infraestructura rural, entre otros.

El inicio del presente año dio lugar a opiniones que coinciden en reconocer que el 2013 por diversos factores será decisivo para la causa de la paz. El presidente Santos expresó precisamente que “Ojalá este año sea realmente el de la paz”. En términos del proceso político para el Gobierno nacional resulta decisivo consolidar avances sustanciales en el proceso con las FARC. La guerrilla ha entendido que la relación de fuerzas estratégica le es desfavorable y que tiene ahora una oportunidad política para resolver por la vía política la dinámica del alzamiento armado propiciado y aportarle al país la posibilidad de contribuir a propiciar reformas en lo político y en lo social, lo cual se corresponde con su reclamo histórico y razón de ser. El propio gobierno con realismo asume que el sólo empeño en lo militar aunque puede traerle triunfos tácticos debe asumir la persistencia y prolongación de una guerra irregular que le implica en el mediano plazo altos costos y desgaste a todo nivel, de forma que incluso la resolución militar del conflicto no es garantía de solución de las raíces del conflicto.

Pero el momento político es intenso pues si bien la mayoría -según todas las encuestas- respalda las conversaciones de paz, a la vez también una mayoría aún no creo que se logren soluciones satisfactorias con las guerrillas y una minoría significativa y muy activa se opone al proceso de paz. Por tanto, no pueden desestimarse las falencias, incoherencias de las partes y las dinámicas referidas que interfieren o se oponen a la búsqueda de la paz por la vía política de conseguir un amplio consenso y respaldo nacional y soluciones concertadas con las dos organizaciones insurgentes existentes. Si bien el proceso de paz no ha entrado en una crisis como algunos opositores lo han querido y algunos medios de información lo han señalado de manera apresurada como irreal, es de entender que es vulnerable, no puede decirse que sea irreversible y aún no ha conseguido los consensos y compromisos necesarios, siendo incluso situación grave el que se rezague el necesario entendimiento que debe abrirse pronto de forma similar con el ELN.

Sin duda, los hechos de la guerra y de la violencia política generan una permanente tensión y un progresivo costo a la confianza, la credibilidad y la legitimidad necesaria de construirle al proceso de paz. Situación difícil ante la negativa gubernamental a aceptar un cese de hostilidades o tregua previa al logro de los acuerdos sustanciales. Al respecto, es entendible aunque no lo compartamos, que el gobierno se empeñe en mantener en un alto punto las hostilidades de forma paralela a la negociación, como forma de no dar mensajes equívocos en materia de seguridad y de contrarrestar la oposición referida, que recurre al argumento manido de su supuesta debilidad ante la insurgencia. En tal circunstancia, hechos de la guerra como el bombardeo oficial contra contingentes guerrilleros y operativos dirigidos a exterminar sus líderes así como el interés de las FARC en mostrar capacidad de actuación y respuesta, pero que se proyecta ahora también a retenciones de personal de la fuerza pública y a tomas de rehenes y secuestros contra personas civiles, contribuyen de manera peligrosa a minar el ambiente de necesario apoyo ciudadano, social y político y, en el peor de los casos, podrían repetir negativas experiencias de anteriores diálogos de paz frustrados en medio de incidentes militares y violaciones.

Por tanto, es preciso realizar todos los esfuerzos posibles en respaldo al proceso de paz en curso, reconocer su dimensión histórica e importancia. Lo acumulado desde el acuerdo Gobierno-FARC sobre terminación de la guerra y construcción de la paz y las cinco rondas de diálogo y negociación en La Habana que arrojan resultados importantes, es una situación que no puede desconocerse en sus potencialidades hacia la superación de las hostilidades. Es un hecho que desde la mesa las partes han modulado la actitud y el lenguaje, reconocen “avances en aspectos sustanciales y concretos”, valoran la contribución que puede darse desde la sociedad civil y ponen de presente el apoyo brindado por los países garantes y acompañantes. Por supuesto que como es de esperar y normal en este tipo de proceso resulta intensos los debates sobre todos los asuntos. El acuerdo y la agenda convenidos dan posibilidades y márgenes de interpretación en un espectro amplio de temas que, como en el caso de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, generan una discusión con discrepancias entre las partes y en el ámbito público.

Precisamente no puede ignorarse que está en la base de todo proceso de paz y ha sido la experiencia interna e internacional, que su naturaleza es generar un intenso proceso de movilización política en el Estado, el gobierno, la sociedad y la propia insurgencia. Es parte de la esencia, en términos de su resolución política. Denota así mismo que tal vía política abre la opción de tratarse de una resolución por la vía democrática, con base en la construcción de consensos y en perspectiva de un gran acuerdo nacional. Efecto contrario es el que sucede precisamente cuando se impone su resolución por la fuerza y el aniquilamiento militar del contrario. Pero hay que agregar de nuevo con voz de alerta que este posible pacto de paz con las FARC sería de nuevo un evento parcial y relativo si no se consigue la concurrencia del proceso de paz necesario de emprender también con el ELN. Si bien el nuestro ya no fue un proceso global sino históricamente parcial y progresivo con las insurgencias y parcial e incoherente en lo referido al empeño de desmonte del paramilitarismo, sí existe la posibilidad histórica actual de conseguir el cierre de la guerra irregular existente con las guerrillas desde hace varias décadas y retomar la dinámica transicional requerida, que sentó un mojón decisivo con la Constitución Política de 1991, pero que no tuvo la consecuencia y continuidad que ahora se podría recuperar.

Álvaro Villarraga Sarmiento

Presidente Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 338

Semana del 8 al 14 de febrero de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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