El Tratado Transatlántico y los servicios públicos
14/11/2014
- Opinión
Entre los objetivos claves del TTIP está la reconversión ideológica del papel y la naturaleza de los servicios públicos
.jpg)
La crisis económica iniciada en 2007, de la que estamos muy lejos de poder salir, se ha convertido en una crisis social, política y democrática de primera magnitud. Entre otras cosas porque sus orígenes son políticos y democráticos: la pérdida de soberanía real de la sociedad y las instituciones democráticas en beneficio de unos mercados de capital cada vez más poderosos políticamente, que imponen las políticas a los Estados.
En España y otros países europeos lo hemos sufrido de manera muy directa durante estos últimos años. Los mercados de capitales han exigido para financiar la deuda pública provocado por el endeudamiento privado -fundamentalmente bancario y empresarial- que el Estado Español ponga en marcha políticas de reducción del gasto público y reformas estructurales que incluyen desde la reducción del estado social hasta la precarización de las condiciones de trabajo, incluida una reducción estructural de salarios.
Esta transferencia antidemocrática de soberanía tiene su origen en el gran desequilibrio de fuerzas entre unos mercados que actúan en el marco de una economía globalizada y unas instituciones que actúan en los estrechos márgenes del Estado Nación.
Este no es un proceso nuevo. Los primeros síntomas de estos cambios tan radicales aparecen entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Con expresiones institucionales, entre las que destaca la reducción de fronteras comerciales y con expresiones ideológicas como la del "capitalismo popular" de Thatcher, que tenía la intención y lo ha conseguido que las personas dejaran de considerarse a sí mismos ciudadanos para convertirse en consumidores y capitalistas. La estafa financiera de las participaciones preferentes ha sido posible entre otras cosas por esta colonización ideológica de la mente de las personas.
Cada vez es más evidente que la lucha determinante del siglo XXI es la de la recuperación de la soberanía por los ciudadanos. Una batalla por la soberanía que ya no es, como en los siglos XIX y XX, entre los Estados, sino que se entrega y cada vez más, entre la sociedad organizada social e institucional en espacios plurinacionales y los mercados de capitales.
En esta lucha democrática para decidir quién ostenta la soberanía, la próxima batalla, la que ya se está entregando, es la del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre los Estados Unidos y la Unión Europea.
Como suele ocurrir con estos Tratados su negociación se casi clandestina, con cláusulas explícitas de confidencialidad que imponen a los negociadores. El oscurantismo va acompañado de un intento de vender gato por liebre. Como siempre, los poderes económicos venden sus estrategias en nombre de la libertad y el progreso económico y social.
Así, el TTIP se presenta en nombre de la libertad de comercio, de la reducción de fronteras entre las dos partes del Atlántico y cómo no, acompañado de todo tipo de loas a su capacidad de generar crecimiento económico, empleo y bienestar social. ¿Quién puede estar en contra de un panorama tan paradisíaco?
Pero la realidad es mucho más oscura y dura. Cuando todavía estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que tiene sus orígenes en un modelo de globalización económica sin derechos y reglas. Cuando asistimos al vergonzante espectáculo de unos Jefes de Estado y de gobierno europeos que se niegan a ceder soberanía a las instituciones europeas, pero se someten a las decisiones de espacios y organismos no democráticos -no elegidos por los ciudadanos- como la Troika, ahora nos plantean otro paso más en esta dirección de globalización económica sin reglas políticas ni controles democráticas.
Este es de hecho el elemento central, determinante del TTIP. Mientras en la Unión Europea se libra una batalla para determinar cuál será su naturaleza definitiva, si sólo un espacio de libertad de capitales, mercancías y servicios o bien un espacio político con instituciones democráticas propias -no sólo intergubernamentales- los poderes económicos, encabezados por mercados de capitales han lanzado un nuevo proyecto que va en la dirección de una globalización sin derechos ni reglas democráticas.
Parece evidente que si no queremos ceder del todo la soberanía democrática de las instituciones nos debemos negar a que se pongan en marcha nuevos espacios económicos, que no vayan acompañados de un espacio democrático y político de regulación política y democrática. Y el TTIP, más allá de los detalles, es sobre todo un proyecto de crear un gran espacio comercial sin ningún control político. O lo que es peor en que el regulador sea el propio mercado, siguiendo no reglas democráticas, sino las reglas de los mercados.
En su fase actual de negociación, tenemos evidencias de que el proyecto de TTIP pasa por sustituir a las instituciones democráticas por procesos reguladores que vía armonización a la baja, determinarán los mercados. En temas tan importantes como la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud pública, los derechos de los consumidores y los derechos laborales.
Incluso se pretende generalizar la lógica privada en la solución de los conflictos entre empresas y entre empresas y Estados. Trasladando la solución de los conflictos del ámbito de los Tribunales en el ámbito de los mecanismos arbitrales privados. El arbitraje puede ser un buen mecanismo para resolver conflictos entre empresas, siempre que no suponga la capacidad de los Tribunales arbitrales privados para imponer decisiones a los estados, como ya ha ocurrido en algunos casos el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los objetivos del TTIP han quedado muy claros en las declaraciones del Portavoz del lobby de la industria alimentaria de EEUU, cuando ha declarado que el TTIP debería suponer la reducción de exigencias de seguridad alimentaria que están establecidas en la Unión Europea que, según él, no aportan más seguridad que la de EEUU y en cambio dificultan la creación de un mercado alimentario transatlántico. Más claro el agua.
Entre los objetivos claves del TTIP está la reconversión ideológica del papel y la naturaleza de los servicios públicos. Mientras en la UE los servicios públicos constituyen uno de los pilares del Estado social y los servicios que se garantizan tienen la consideración de derechos sociales, uno de los objetivos del TTIP se convirtió, como ya ocurre en otros países, especialmente en los EE.UU., los derechos sociales en mercancías, reguladas no por la lógica de la ciudadanía, sino por la lógica de los mercados.
Pero el objetivo último es generar un nuevo mercado de servicios para las multinacionales, a partir de abrir el importante sector económico de los servicios públicos en los países de la Unión Europea a la posibilidad de ser gestionados y gobernados por empresas privadas. Nada que en Cataluña nos venga de nuevo, para que los procesos de privatización de la gestión de importantes instituciones sanitarias va en la misma lógica.
Deberíamos tener claro que los derechos sociales de los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los empleados públicos del siglo XXI nos los jugamos en la batalla frente al TTIP. Si no lo detenemos, las lágrimas pueden subir más el nivel del mar que el calentamiento global.
DESGLOBALIZAR
Que nadie haga lecturas apresuradas del título. No pretendo negar un proceso económico, la globalización, que responde a factores y dinámicas muy potentes. Pero sí planteo la necesidad de políticas que apuesten por ralentizar los procesos de globalización económica y acelerar los de globalización política.
Se trata de restituir el equilibrio entre mercados y sociedad que la globalización ha roto. El dilema no es nuevo, se trata de evitar que una globalización económica sin reglas ni contrapoderes imponga una sociedad gobernada por los mercados frente a una política incapaz de desarrollar su función básica, la de civilizar las relaciones económicas.
Con la crisis hemos comprobado que una UE sin musculatura política frente a un mundo globalizado económicamente convierte la política en una suma de impotencias.
Este debe ser el enfoque determinante para analizar la propuesta de Tratado Trasatlántico de Inversión y Comercio (TTIC) entre la Unión Europea y EEUU.
Si algo deberíamos haber aprendido de esta última crisis son las graves consecuencias sociales, en términos de aumento de la desigualdad y la pobreza, que provoca la existencia de una gran desequilibrio de poder entre una economía global cada vez más potente y unas estructuras sociales y políticas cada vez más impotentes.
A pesar del obscurantismo con el que la tecnocracia de la UE y de EEUU están llevando las negociaciones, lo que en una sociedad democrática debería ser motivo suficiente para su rechazo, comienzan a conocerse algunos de sus contenidos. Y a través suyo se detecta claramente el principal objetivo del TTIP: un paso más en la configuración de grandes áreas económicas no gobernadas por la sociedad, sino por los mercados y por las grandes corporaciones transnacionales. Y también comienzan a vislumbrarse cuales pueden ser sus principales efectos indirectos y sus daños colaterales.
Va a ser difícil hacer llegar a la ciudadanía la trascendencia del TTIP. Sobre todo porque desde los poderes económicos y sus vocerosse nos va a vender sus bondades económicas, en forma de creación de empleo. Y se va a explicar el debate en términos maniqueos entre proteccionistas (los malos) y partidarios del libre comercio (los buenos). Ya ha comenzado a hacerlo el Ministro Margallo en una de sus “zaratrustianas” intervenciones en el Congreso de Diputados.
Detrás del TTIP hay una clara voluntad de crear una nueva área económica, en la que el capital global pueda moverse sin límites o con menos restricciones y controles políticos que los actuales.
No deberíamos olvidar que en estos procesos siempre suelen haber ganadores y perdedores. No es solo que las grandes corporaciones van a tener más posibilidades de copar mercados en detrimento de las PYMES. O que las economías menos fuertes, las del Sur de Europa, pueden ser las afectadas por la mayor penetración de empresas norteamericanas. El conflicto central en el TTIP no se da en términos nacionales, entre empresas europeas y estadounidenses. Lo determinante del TTIP es que, de aprobarse, aumentaría aún más el desequilibrio entre mercados y sociedad, en beneficio del poder político de los mercados.
Con el mecanismo de “reconocimiento mutuo” de legislaciones, se pretende que las condiciones regulatorias que afectan a un determinado sector deban ser aceptadas por todos los países. Se trata de “armonizar competitivamente a la baja” las regulaciones. Este factor es determinante en ámbitos como el de la salud alimentaria, en el que la UE tiene unas condiciones más exigentes que los EEUU, que según los lobbies de la industria norteamericana dificultan el libre comercio y no mejoran la protección de los ciudadanos.
Otro factor es el establecimiento de mecanismos privados de mediación y arbitraje en los conflictos de intereses entre corporaciones privadas. Nada que objetar si ello no supusiera una auto-exclusión de las grandes corporaciones del sometimiento a los Tribunales de Justicia ordinarios. Y también que algunas de estas decisiones arbitrales, en los conflictos entre empresas o de las empresas con los Estados, puedan terminar con obligaciones o prohibiciones a actuar de los Estados soberanos, impuestas por Tribunales privados.
En general, con el TTIP pretenden establecer condiciones más favorables al movimiento de capitales para invertir o comerciar entre UE y EEUU, sin que ello vaya parejo a la creación o reforzamiento de espacios de regulación políticos. Y ello supone un nuevo desplazamiento del poder político de regulación. De las instituciones democráticas a los mercados. Y en consecuencia un debilitamiento de la política, como sociedad organizada, frente los mercados.
Por eso, la prioridad hoy es abordar las reformas necesarias para ampliar el poder político de la Unión Europea en su dimensión comunitaria, no intergubernamental. Y mientras, impedir la ampliación de nuevas áreas de comercio e inversión sin gobierno político.
De eso, y no de libre comercio, va el TTIP.
https://www.alainet.org/es/articulo/165538
Del mismo autor
- El Tratado Transatlántico y los servicios públicos 14/11/2014
- Monarquía o República 01/06/2014
- Diez días clave: del 14N al 25N 11/11/2012
Clasificado en
Clasificado en:
