Aportes de la CLOC-Vía Campesina:

La agricultura campesina indígena en las negociaciones de la COP20

CNA-Perú

29/09/2014

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 498: Frenar el calentamiento global 24/11/2014

Estamos próximos a la celebración de la vigésima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), donde se intentará lograr compromisos significativos frente a la crisis climática en el mundo. Desde las organizaciones campesinas esperamos que en estas negociaciones la agricultura familiar campesina indígena no sea, como en muchas cumbres anteriores, la gran olvidada, ya que los impactos del cambio climático sobre nuestros sistemas agroalimentarios van en aumento, debido, entre otras causas, al acaparamiento de tierras en unas pocas manos, los modelos de producción a gran escala, la privatización de los recursos naturales, los modelos extractivistas impuestos en la región, además de todos los insumos relacionados con el ciclo productivo.

Es un hecho que las poblaciones que más sufrirán sus consecuencias serán las más empobrecidas y vulnerables, donde se incluyen de forma concreta nuestras comunidades indígenas y campesinas. Es más, las consecuencias del cambio climático y sus impactos ya se están manifestando sobre los recursos naturales, su disponibilidad y acceso, y concretamente sobre la agricultura, base del sustento de la economía y de las formas de vida de los pueblos indígenas, originarios y campesinos.

Se sabe que las familias campesinas indígenas que se dedican a la agricultura familiar son las que más ayuda necesitan para adaptarse al cambio climátio, y son pocos los países latinoamericanos que cuentan con estrategias de adaptación que prioricen la agricultura familiar. En el contexto regional, los actuales gobiernos vienen implementando políticas de crecimiento económico con inclusión social, bajo modelos que priorizan formas que han demostrado ser poco sostenibles y de alta contribución al cambio climático, como son la agro-exportación, la explotación de los recursos y los megaproyectos. Además, estas políticas de inclusión dirigidas a las poblaciones en alto riesgo y vulnerabilidad, promueven modelos de desarrollo asistencialista que hacen dependientes a las comunidades, no favoreciendo la cosmovisión y decisión de las poblaciones indígenas y campesinas, como agentes de su propio desarrollo.

En este sentido, esas políticas están teniendo y van a tener a futuro, un efecto sobre los derechos de las poblaciones más vulnerables, las cuales van a estar sometidas a mayores riesgos. Además, esos efectos tendrán unos costes sociales, culturales y económicos, aparte de los ambientales, que no están siendo valorados, y que tendrán que ser asumidos por ese mismo Estado que no se está preocupando de prevenirlo. Por lo tanto, el problema no es solo ambiental, sino que es complejo en la medida que afecta a las personas y sus formas de vida, y debería abordarse contemplando toda esa complejidad.

La respuesta de las organizaciones campesinas indígenas

Las organizaciones que integramos la CLOC-VC planteamos una solución holística que debe abarcar aspectos estructurales en lo que se debería considerar la raíz del problema: el modelo y organización de la producción, distribución y consumo de alimentos a nivel mundial apoyado por políticas nacionales e internacionales y que puede caracterizarse como industrial, deslocalizado y controlado por unas pocas corporaciones agroalimentarias que, además, apuestan por los cultivos transgénicos como nueva solución al hambre y las adversidades climáticas.

Otro aspecto conflictivo que debemos enfrentar es el referido a la producción de agrocombustibles. Aunque empieza a haber cautela en la promoción de su uso como medida para combatir el cambio climático, como forma de evitar el consumo de energía fósil, cada vez son más los expertos que alertan de los impactos relacionados a las emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo, además de la grave afectación que está sufriendo el uso de la tierra para la producción de cultivos dirigidos al consumo humano ante la competencia a gran escala de estos monocultivos agroindustriales.

En este sentido, como campesinos y campesinas, apostamos por modelos alternativos de desarrollo, donde la Soberanía Alimentaria es nuestro eje central de acción. Entendemos la Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos a definir nuestras propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación adecuada para toda la población, con base a la pequeña y mediana producción familiar, respetando nuestras culturas y diversidad de formas campesinas, pesqueras e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de nuestros territorios, en los cuales la mujer desarrolla un papel fundamental.

Destacamos nuestra clara oposición a las grandes corporaciones agroalimentarias y exigimos su desmantelamiento completo. Estas corporaciones ocupan una posición hegemónica dentro del sistema agroalimentario mundial y sus prácticas perjudican gravemente a la agricultura indígena y campesina. Además, representan el motor del actual sistema agroalimentario sustentado en producción de alimentos de baja calidad, en la destrucción del medio ambiente (monocultivos), en la deforestación acelerada (ampliación de la frontera agrícola) y en el transporte de alimentos (alimentos kilométricos), siendo vulnerados nuestros derechos fundamentales como el acceso a nuestros propios territorios o el control de los mercados locales.

Proponemos un modelo de agricultura familiar campesina indígena descentralizada y basada en principios de sostenibilidad, de producción y consumo local de alimentos. Dentro de este modelo, los pueblos somos los principales protagonistas, reconociéndose nuestro papel histórico de productoras y productores de alimentos. Para ello hay que visibilizar las prácticas y saberes ancestrales que nuestras comunidades han mantenido a lo largo de siglos, promoviendo el uso de tecnologías culturalmente apropiadas que fortalezcan todo nuestro patrimonio y sostenibilidad.

También necesitamos que se garantice el libre acceso a los recursos necesarios para cultivar y distribuir alimentos, como territorio, semillas, tecnología o crédito. Es por ello que rechazamos la privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, territorios, agua, semillas, ganado y el patrimonio natural.

Rechazamos el actual modelo basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, el cual impide a los países tener su propio sistema de producción y distribución de alimentos que priorice los intereses de la población local. Proponemos transparencia y precios justos, tanto para los consumidores como para los productores, y reclamamos políticas y posicionamientos públicos que favorezcan la agricultura familiar de producción local, desarrollando mecanismos que protejan la producción nacional y local frente a importaciones de alimentos provenientes de fuera.

También proponemos que las políticas energéticas sean descentralizadas y sostenibles frente al actual modelo extractivo y de producción de agrocombustibles a gran escala, los cuales generan grandes impactos negativos en nuestros derechos colectivos acelerando el calentamiento global.

Soluciones al cambio climático

La agricultura a pequeña escala es una solución ante la crisis alimentaria global, ya que mantiene sistemas productivos locales, diversificados y sostenibles, mejorando la calidad de vida en las zonas rurales y urbanas y mitigando el cambio climático al mantener y mejorar la capacidad de nuestros territorios como sumidero de carbono. La transición a un modelo de agricultura campesina indígena, con sus técnicas tradicionales de manejo de suelos, devolverían millones de toneladas de carbono al suelo mejorando su fertilidad, de modo que se disminuiría la necesidad de insumos, recuperando materia orgánica como para contrarrestar entre el 20 y el 25% de las emisiones:

- Una relocalización de la agricultura que promueva el consumo de alimentos frescos comprados en mercados locales ahorraría entre un 10 y un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero; ya que habría una disminución del procesamiento de alimentos, no siendo necesario además el transporte de alimentos alrededor del mundo y disminuyendo los procesos de conservación de alimentos (refrigeración) así como el uso de envases de plástico.

- Volver a reintegrar la producción animal con la producción de cultivos, supondría ahorrar entre el 5 y el 9% debido a aspectos como la eliminación de los cerros de estiércol y las lagunas de purines característicos de la producción intensiva o el transporte de alimentos para piensos alrededor de todo el mundo.

- Frenar la expansión de los monocultivos y transformarlos en sistemas agroforestales diversificados para detener el desmonte y la deforestación, compensaría entre un 15 y un 18% de las emisiones. Sin embargo, esto tendría que suponer una disminución en el consumo de productos agrícolas no alimenticios, en el consumo de carne y el cambio del modelo energético para implementar formas descentralizadas de producción de energía.

Un cambio radical de las políticas agrarias, alimentarias y energéticas, priorizando la soberanía alimentaria, reduciría entre la mitad y las tres cuartas partes de las actuales emisiones globales de gases de efecto invernadero. Si estas acciones se uniesen a otras medidas de ahorro y disminución en otros sectores económicos, se podría conseguir la meta cero de emisiones e incluso reducir las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero.

Por ello, las negociaciones internacionales sobre cambio climático no deben quedarse en la mera reducción de gases de efecto invernadero y el estudio del problema desde un enfoque de recursos naturales. Las negociaciones deben comprender medidas financieras, de cambio en los patrones de producción y consumo, entendiendo la adaptación como un proceso de transformación hacia formas de vida equitativas y sostenibles, dando uso a fondos económicos controlados de forma soberana y restableciendo la deuda con nuestros pueblos indígenas y campesinos, siendo los más afectados y los menos contaminantes.

Como organizaciones campesinas e indígenas, promovemos modelos integrales de desarrollo del Buen Vivir, que contemplan acciones y propuestas a todos los niveles, local, regional y mundial. La crisis climática, como ya hemos afirmado, no es solo un problema ambiental, sino social, cultural y económico que exige un cambio de modelo más respetuoso con la sostenibilidad de la vida y el respeto a los derechos básicos de todos los seres humanos. Y en el marco de la próxima Conferencia, éste será nuestro reto.

- Artículo elaborado por el Equipo Técnico de la Confederación Nacional Agraria del Perú, con aportes desde las organizaciones de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina.

https://www.alainet.org/es/articulo/165923