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En vísperas de reanudarse un nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC, Estados Unidos da un espaldarazo muy fuerte a las mismas con el nombramiento de un enviado especial, el diplomático Bernie Aronson, para que esté haciendo seguimiento y apoyo al mismo y sin duda dando luces que contribuyan al avance; con seguridad en algún momento se reunirá en La Habana con la Delegación de Paz de las FARC, retomando un diálogo que se inició en la reunión promovida a finales de los años 90s por el dirigente conservador Álvaro Leyva en Costa Rica, con un funcionario del Departamento de Estado, Phil Chicola y que sin duda es de la mayor importancia, porque por el peso histórico que ha tenido Estados Unidos en el conflicto armado colombiano y el papel relevante, como uno de los más grandes consumidores, en el tema de drogas ilícitas, su aporte y apoyo para cerrar adecuadamente el conflicto armado colombiano es fundamental.
Pero adicionalmente y es tan importante como lo anterior, Estados Unidos ha introducido en su estrategia de seguridad nacional la solución concertada del conflicto armado colombiano como un componente prioritario, reconociendo de esta manera, como es claro para los estudiosos de la seguridad y la defensa, que no la leen con ojos simplemente ideologizados, que es un avance fundamental en la seguridad regional y en nuestro caso nacional, una solución concertada del conflicto armado de medio siglo de duración. No creo que los adversarios internos tengan muchos argumentos para seguirse oponiendo a una realidad que a todas luces es avasalladora.
Sin embargo y en aras del realismo, no se puede olvidar que la Mesa de Conversaciones tiene por delante el reto de llegar a acuerdos en por lo menos cuatro grandes temas, de lo cual dependerá el final feliz de las mismas. El primero, una solución razonable y realista en el campo de la justicia para todos los causantes de víctimas y daños en el desarrollo del conflicto (guerrilleros, militares, paramilitares, empresarios, dirigentes políticos) y en esa dirección la propuesta del expresidente Cesar Gaviria es una contribución fundamental, en la medida en que plantea la necesidad del uso de la justicia transicional para todos los actores involucrados, claro, de manera diferencial.
El segundo, la dejación de las armas, que no hay duda es un requisito fundamental para un proceso de terminación de un conflicto armado, que tiene como objetivos estratégicos que el actor armado insurgente se transforme en un actor político dentro de la legalidad, previa dejación de armas y que haya un monopolio en el uso de las armas por parte de las instituciones estatales, pero operacionalizar este principio conlleva aspectos técnico-militares que no son fáciles de concertar, pero en esa dirección está trabajando la subcomisión de militares y jefes guerrilleros.
El tercero, es el o los mecanismos de refrendación de los acuerdos, para darles la oportunidad a los colombianos de participar y a su vez revestir los acuerdos de legitimidad, sin embargo eso plantea desafíos en cuanto al mecanismo propiamente dicho, de una parte y en lo relativo a la oportunidad política de otra.
El cuarto, es todo lo relativo a la implementación de los acuerdos y muy especialmente a la llamada 'paz territorial', porque si bien hay cierto consenso en que es en los territorios que han sufrido más el conflicto armado donde deben implementarse los acuerdos, igualmente hay discusiones legítimas acerca de cómo se va materializar esa idea y especialmente en un Estado que de vieja data no tienen precisamente buena fama de ser cumplidor de los acuerdos y con capacidad para traducirlos en políticas públicas que se implementen.
Alejo Vargas Velásquez
Profesor Universidad Nacional (Colombia)
Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
