Una de las características de este gobierno ha sido la improvisación y la precipitación de altos funcionarios al dar declaraciones cuando ocurre un hecho grave.

El viceministro de Gobernación, Edy Juárez, al ser entrevistado por el asesinato del comunicador Guido Armando Giovanni Villatoro, de la empresa Servicable, en Chicacao, Suchitepéquez, minimizó el crimen y señaló que la persona a la que se le privó de la existencia no era periodista, sino que cobrador de un canal de cable.

En los medios locales, por los bajos salarios y las condiciones laborales, los trabajadores tienen que hacer múltiples tareas, y en este caso se publicó el carné de prensa del comunicador asesinado. El ministro de Gobernación pidió disculpas y reconoció que las declaraciones fueron apresuradas, pues fue información que recibieron de la comisaría local.

Cuando en el 2012 propusimos un mecanismo preventivo de protección, las autoridades esperaron a que en el 2013 fueran asesinados cuatro periodistas para firmar, de manera precipitada, un documento que no tiene la formalidad necesaria, no cuenta con los datos y contextos veraces ni con las reflexiones y propuestas indispensables para construirlo.

Dejaron que la realidad se impusiera sobre las banales discusiones que durante estos meses se han dado entre funcionarios de la Secretaría de Comunicación Social, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Unesco, bajo el liderazgo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Todo esto sin participación de la Prensa ni resultados de sus reuniones.

Hoy, de nuevo el Gobierno y esa Mesa Técnica están en la mira de las entidades de Prensa nacionales e internacionales porque solo en una semana tres comunicadores murieron en forma violenta. El Observatorio de los Periodistas de Cerigua tiene documentados, del 2000 a la fecha, el asesinato de 27 periodistas y comunicadores; casi la totalidad se encuentra en la impunidad.

Solo en el caso de Jorge Mérida, corresponsal de Prensa Libre en Coatepeque, Quetzaltenango, asesinado el 10 de mayo del 2008, se dictó sentencia condenatoria contra el autor material. No se establecieron los motivos del crimen ni la autoría intelectual.

Durante este gobierno, siete miembros de la Prensa han muerto violentamente, cuatro de ellos en Suchitepéquez; tres colegas más han resultado gravemente heridos en ese mismo lugar.

Cualquier informe, propuesta precipitada, acción improvisada o iniciativa para reivindicar lo que no han hecho no llenará su cometido. Hoy necesitamos, urgentemente, la aplicación de los mecanismos con los que se cuenta para prevenir con prontitud y efectividad los daños irreversibles a periodistas y comunicadores.

No más acciones improvisadas, exigimos prevención y protección efectiva a los periodistas y crear condiciones para construir el Programa con participación de la prensa departamental.

Guatemala, 18 de marzo de 2015.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA