Las cifras se han convertido en la lengua oficial de los gobiernos universitarios que usan su capacidad para sobreponerlas por sobre todo lo demás, siguiendo estratégicamente una secuencia piramidal de metas que circulan de arriba hacia abajo en la ruta mercantil trazada por fuera de las mismas universidades para controlarlas totalmente y terminar la privatización en curso. Las cifras son útiles al poder para bloquear los análisis de contexto del estado de las cosas, invisibilizar las causas e impactos que producen e invalidar procesos autónomos. Orientar ideológicamente las cifras lleva a naturalizar los fenómenos sociales, a ocultar y evitar la comprensión de las graves consecuencias ocasionadas por el asalto a las universidades en sus bienes, conceptos, estéticas y formas de decisión democráticas. Las cifras pasaron a hacer parte de la caja de herramientas del poder político como instrumento de medición y negación útil a tres propósitos: gobernar en medio de la ilegitimidad, impedir el reconocimiento del fracaso de sus decisiones y, ocultar las consecuencias previsibles de destrucción programada de lo público.

 Las cifras en sistemas de ranking globales sin embargo no resultan favorables pero se sostienen en su papel ideológico, de conjunto el país tiene pocas cifras que destacar: en contexto se mantienen los primeros lugares de vergüenza por el irrespeto provocado sobre los humanos y sus derechos y los últimos lugares en asuntos vitales para salir de la tragedia como educación, ciencia, salud, vías, es decir de respeto y reconocimiento. La cifra más desafiante del contexto nacional son los 7 millones de desplazados forzados. La cifra es contundente pero el fenómeno social es más profundo es desestructurante afecta todo el sistema social. 7 millones de personas indican que a uno de cada 7 humanos de este país se le impide vivir con dignidad. La cifra contiene una historia de barbarie y despojo, una geografía de terror y unas estrategias de destierro, de desprecio e inhumanidad total que impactan en todas las demás variables del sistema social incluida la educación universitaria cuya base es la esencia misma de ser joven, su sustancia vital, sus sueños, su realidad, pero también la memoria de lo que somos como país.

 Un millón de estudiantes en las universidades públicas es una buena cifra, pero oculta la negación que sufren no menos de tres millones de jóvenes mas -cerca de 9 millones asisten al sistema escolar- que carecen de oportunidades a consecuencia del modelo estratificado de universidades de primera, segunda y tercera clase, que luchan no por eliminar brechas y barreras y servir a la transformación de la realidad si no por parecerse a las llamadas universidades de clase mundial, cuyos contextos carecen de guerra, han superado las altas desigualdades y exclusiones y ven en los jóvenes no a un enemigo interno ni una amenaza terrorista si no una esperanza de progreso. Lo común a las cifras es el modelo de desarrollo -justamente vetado en las conversaciones de paz- que tiene unos mismos responsables políticos que toman las decisiones en todos los ámbitos en los que ofrecen mucho para pocos y nada para muchos.

 Con las cifras ideologizadas se impide ver lo real, con ellas se pregona en todos los informes oficiales que la educación es la prioridad, la base del desarrollo, de la equidad y la justicia, pero materialmente es tratada como problema, igual que los jóvenes. La naturalización por sobre posición de las cifras hace parte de la manera de pensar y organizar el mundo según el mercado que produce el fracaso universitario publico conforme a su posición de derecho. Al meter a las universidades en competencia son conducidas hacia su derrota como escenarios de conocimiento y sometidas al escrutinio de los inversionistas privados y sus avanzadas mercantiles que ya las tienen convertidas en centros de servicios y negocios. Al estado le bastó modificarle su condición de derecho para presentarla como una libertad que se resuelve en el mercado. Al modificar su estructura de derecho humano de carácter colectivo por el de libertad individual el estado elimina sus responsabilidades descomponiéndola y dejándola a merced de una competencia en la que está llamada a perder sus capacidades, su identidad, su patrimonio.

 Poner a competir a las universidades públicas en marcos de relación de mercado las debilita. Como paso previo a la quiebra las desfinancia, las endeuda, las obliga a desprenderse de sus fortalezas intelectuales y heterogeneidad de saberes para dedicarse a perseguir cifras que crecen y decrecen sin contexto, sin compromiso por los impactos científicos y sociales, pero con réditos de poder y beneficios para sus gobernantes. La privatización se ha afianzado paulatinamente controla conceptos, sentidos, significados, símbolos, no se reduce solamente a asuntos económicos, ya está instalada en la medula de las universidades públicas como la herramienta de la más peligrosa ideología que pone el valor de las mercancías por encima de la vida humana y la fuerza en el lugar de la razón y en consecuencia justifica sus éxitos con la muerte de los otros, incluidas instituciones, ideas, opositores. En las universidades colombianas la privatización se ha impuesto por vía pacífica autofinanciando, modificando normas de interés colectivo y ajustando los planes curriculares, pero también aplicando técnicas de represión y terror con el encargo de eliminar colectivos, desterrar, aislar, obstaculizar el pensamiento crítico, la enseñanza con contexto y las ideas basadas en teorías que evidencien los fracasos.

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