La crisis del gabinete Jara no ha sido cualquier crisis. Es un sonido de alarma de una crisis mayor, la crisis del orden neoliberal instaurado hace casi 25 años, por la violencia del golpe de Estado del cinco de abril de 1992. No es, por tanto, un accidente en el actual ciclo democrático como dicen algunos o producto solo de la ineptitud del gobierno de Humala como afirman otros. Ineptitud existe, qué duda cabe, pero en la ineptitud de Humala y en la penosa defensa de Ana Jara, el pueblo ve la ineptitud de Fujimori, de Toledo y de García para darle un gobierno democrático al Perú.

En esta crisis de gabinete se cocinan varias crisis de magnitud. La crisis de fondo que es la crisis del modelo económico, que la derecha o las derechas se niegan a reconocer como una crisis estructural y prefieren pasarse la pelota unos a otros diciendo que la gestión de tal o cual ministro o presidente fue mejor o peor en el manejo de la misma. Sin embargo, no solo el modelo ha sido el mismo en un cuarto de siglo sino el personal que lo ha manejado ha sido, la mayor parte del tiempo, el mismo. Por esta razón, no hay pelota que pasarse. La actual crisis del modelo económico es la crisis del modelo por el cual opta la coalición de poderes fácticos (militares y grandes empresarios) junto con los tecnócratas neoliberales peruanos y extranjeros y el apoyo de los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales a principios de los noventas.

La opción por un modelo basado en la exportación de materias primas tenía inscrito su fracaso desde un primer momento, pero se opta por él porque le da altas ganancias a un pequeño grupo en un período relativamente corto de tiempo. Qué importa que no produzca trabajo decente ni desarrolle el país. Para ello se controlan el poder político y los medios de comunicación, de manera tal que se reprimen las protestas y se trata de hacer creer a la gente lo contrario de lo que sucede. Por eso, sale Jara como salieron otros, pero siguen los tecnócratas del Ministerio de Economía con sus tentáculos en diversas reparticiones del Estado asegurándonos que la próxima semana no habrá de qué preocuparse.

La crisis del modelo económico repercute seriamente en la crisis en las alturas y nos hace ver la fragilidad de esta institucionalidad democrática. Ya no son solo los usuales codazos por los puestos de representación. Ahora el enfrentamiento alcanza particular intensidad porque terminada la ilusión económica podría írseles la vida política misma. Las acusaciones y en algunos casos sentencias contra todos los presidentes vivos: Fujimori, Toledo, García y Humala; nos hace ver que la inoperancia del modelo abre las puertas a la corrupción como el objetivo fundamental del poder. Todos los presidentes quedan por ello desnudos, sin auge con el cual promover ilusión salen las miserias más rápido a flote.

Los movimientos sociales y un eventual liderazgo político de los mismos pueden hacer aquí alguna diferencia. La resistencia de los pobladores del valle de Tambo, en la provincia de Islay en Arequipa y las luchas de los trabajadores petroleros, son una buena señal al respecto. Si las luchas parciales logran conectarse con algunas convocatorias nacionales como las del 8 de abril y 9 de julio, lideradas por la CGTP, puede entrar en juego un nuevo actor que desde afuera del Estado desafíe al poder.

Poco importa entonces el administrador del modelo que designe Humala. La pareja presidencial presiona por alguien que les deje hacer tranquilos sus valijas. La derecha original por uno de los suyos al que querrán construir como un “personaje de consenso”. En el cruce de ambas características ha estado finalmente Pedro Cateriano, un liberal a ultranza que cuenta con el padrinazgo de Mario Vargas Llosa. En cualquier caso nadie se atreverá a cambiar partitura alguna a estas alturas del gobierno.

Por ello, es el momento de la acumulación de fuerzas. Hay que levantar las banderas programáticas de un gobierno alternativo, que de trabajo, igualdad de derechos y retome el desarrollo del país. De la misma forma, enarbolar la bandera por una Nueva Constitución en la que se plasme un nuevo contrato social y una institucionalidad democrática que supere esta democracia restringida y permita la participación y representación de todos los peruanos.

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