El 5 de abril de 1992 se produjo un hecho nefasto para el Perú.

Ese día fue el golpe de Estado que perpetró Alberto Fujimori con un grupo de militares indignos y con el apoyo de un sector inculto y autoritario de poderosos vinculados a negocios y empresas que nunca entendieron que ésta era una patria para todos.  Así, Fujimori, quebrantando el mandato democrático y constitucional que recibió y deshonrando su palabra, so pretexto de combatir al terrorismo y del desprestigio del Parlamento, violando la Constitución de 1,979, dio un golpe estructural, descarado y brutal contra las incipientes instituciones de nuestra democracia e impuso un orden dictatorial que devino en uno de los regímenes más corruptos, entreguistas y abusivos de la historia nacional.  Violentamente y por la fuerza de las armas que la nación les entregó para protegerla, disolvió y cerró el Congreso Nacional, intervino y puso a su servicio al Poder Judicial y al Ministerio Público, calló y sometió a la Contraloría General de la República, cerró medios de comunicación y ordenó la detención de dirigentes de la oposición así como de líderes populares, gremiales y sindicales.

Dice el diccionario que nefasto es algo que causa desgracia o va acompañada de ella. Y aunque algunos (incluidos los regímenes de Alejandro Toledo, Alan García y el actual de Ollanta Humala) pretendan ver, convenientemente,  en ese golpe de Estado sólo el aspecto formal institucional que corrompió inclusive instituciones no políticas como nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, es una verdad contundente y comprobable que el carácter estructural de ese quebrantamiento constitucional, de ese rompimiento del pacto social obligado que emanaba de nuestra Constitución de 1,979, alcanzó perniciosamente, mediante la violación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, las bases mismas de nuestra sociedad y malogró por décadas el futuro de millones de peruanos.  Y no nos referimos solamente a las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de inocentes y dirigentes gremiales y campesinos, o a las gravísimas y sistemáticas esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de mujeres peruanas, ni al descenso drástico de los niveles educativos y de salud de nuestras poblaciones. Nos referimos a ello sí, pero también a lo que muchos no logran percibir en términos de deterioro que compromete las bases mismas de nuestra existencia como nación.

Los múltiples efectos

De manera que para que nos entendamos mejor entre los peruanos, debemos hablar las cosas claras y observar reflexivamente y de manera integral los múltiples efectos dañinos y lesivos a la libertad y a la dignidad humana involucrados en la necedad de mantener con engaños de “honestidad, tecnología y trabajo”, con la demagogia del “cambio responsable”, o traiciones descaradas ofreciendo la “gran transformación”. Esa forma indecente de administrar el poder político, que a eso le llaman “gobernar”, que profundiza de manera insultante las desigualdades, que genera frustraciones masivas, que arrebata la esperanza a nuestros jóvenes, que abandona en la indigencia a los ciudadanos de tercera edad,  que,  en general, degrada la dignidad de los peruanos con gobernantes incapaces y/o corruptos, y que origina evidente desgano, desesperanza y llega a encolerizar tanto a sectores populares como a  nuestras clases medias, debe pronto terminar, por la vía de la democracia y de las urnas.

En el lento, largo y complejo acontecer de la vida de los pueblos y sociedades esos resultados nefastos a los cuales nos hemos referido, difícilmente se perciben por la mayoría al día siguiente, ni a corto o mediano plazo. Inclusive, al controlar y concentrar todo el poder, como lo hizo abusiva y delictivamente el régimen de Fujimori, puede generarse por un tiempo la ilusión, mediante maniobras psicosociales, de que se están corrigiendo algunas cosas importantes y se puede atrofiar o anestesiar temporalmente el entendimiento de cierto sector ciudadano, con el apoyo de prensa transable y negociante.  Sin embargo, en el caso del 5 de abril de 1,992, la descomposición del organismo social comenzó  por dentro y se puso en marcha, y sólo años después se descubriría cabalmente, a nivel  nacional e internacional, lo que le habían hecho al Perú.  

Un modelo agotado y fracasado

Ese año comenzó a incubarse, a paso firme, la ineficiencia y contradicción de largo plazo de un modelo económico neoliberal a ultranza impuesto con fanatismo ideológico. Un modelo fuertemente antinacional excluyente, discriminatorio y racista que privilegia y favorece a una minoría que sólo se benefició por el auge de los precios internacionales de minerales mientras profundizaba la desigualdad. En lugar de iniciar un proceso de industrialización con gobierno y gestión transparente de los recursos del Estado, comenzó el remate vil de nuestros bienes, recursos y riquezas nacionales con una privatización extremista que unos cuantos vivazos aprovecharon para hacerse millonarios. Y, por supuesto, con el silencioso empobrecimiento estructural y sistemático de millones de familias peruanas. Pero también comenzó intensificado el envilecimiento soterrado de nuestra sociedad y del Estado y las consecuencias claras las vamos viendo el día de hoy.

Por ello ese golpe del 5 de abril fue nefasto para el Perú pues se sentaron las bases para el comienzo de la pesadilla colectiva que hoy, como dura realidad se cierne sobre nuestro país, con la corrupción impune al más alto nivel del Estado, extendida y generalizada, con su lógica secuela de la criminalidad organizada - que pretende justificarse a sí misma ante la corrupción impune de la llamada “clase gobernante” -, de redes del narcotráfico (que impregnan inclusive cierto sector del Estado), y de la delincuencia común que vemos avanzar en el territorio nacional hoy en el 2015.

Así, al quebrantar nuestra incipiente democracia y con el pretexto de combatir a la subversión terrorista se inició un proceso sistemático de violación masiva de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, por el carácter integral, transversal e indivisible de los derechos humanos, también se ha iniciado la destrucción de nuestros diversos y ricos ecosistemas que, si no se produce un cambio real y sustantivo en la forma de gobernar, tomar decisiones con participación de los pueblos involucrados y de manejar nuestros recursos naturales daremos pasos irremisibles de un verdadero descalabro ecológico y ambiental en perjuicio masivo de todos.

La respuesta de la democracia

Lo anterior ha sido una breve exposición de lo que nunca debió ocurrir en el país y no se trata de ser profetas del pasado pues hay quienes desde las primeras semanas del régimen fujimorista percibieron con nitidez la traición que se gestaba, en manos el gobierno del Perú, de quienes por un sino indescifrable hasta hoy, jamás debieron detentar poder alguno. Y si quisiéramos comprender en algo el drama de nuestra patria, quizás debiéramos hurgar en los antecedentes y conductas que definieron la derrota del Perú en el conflicto que tuvo con intereses ingleses a través de Chile en 1,879.

Por las anteriores consideraciones, al cabo de 23 años de persistir en ese empecinamiento negativo, improductivo y lesivo para el país, es que la necesidad y perentoriedad, ahora sí, histórica, de un cambio de rumbo, en democracia y  en libertad, constituye la tarea impostergable de la hora.

No es necesario, a estas alturas, abundar en razones para afirmar que es inaplazable y hasta éticamente obligatoria la coordinación y unión de todas las fuerzas y organizaciones sanas y democráticas del Perú. Las organizaciones políticas y movimientos sociales que estamos empeñados en la construcción de un gran Frente Amplio nacional y democrático, tenemos como principal  fundamento y propuesta a los pueblos del Perú nuestro compromiso transparente e indeclinable con los derechos humanos y con los valores y principios de la democracia para todos. La ejecutoria y trayectoria de quienes impulsamos este Frente Amplio necesario en la hora presente es el principal argumento ante los pueblos del Perú, que tienen derecho al escepticismo y a la desconfianza, pero también a la esperanza.

Lima, 6 de abril del 2015