Juez vinculado con partido gobernante libra de juicio y cárcel a senador oficialista acusado de enriquecimiento ilícito.

El pasado 27 de marzo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) definió la agenda de decenas de organizaciones que se movilizaron en demanda de la renuncia o destitución de los jueces de ese organismo. Reaccionaron indignadas por la decisión del juez Alejandro Moscoso Segarra de librar de ir a prisión y comparecer a juicio de fondo al senador oficialista Félix Bautista, por cargos de corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados.

La demanda une en una sola voz a sectores que tradicionalmente luchan por separado. La Iglesia Católica e iglesias evangélicas, grupos conservadores y progresistas, organizaciones populares, empresariales, feministas y de la diversidad sexual, partidos políticos de la oposición e instituciones que se dedican al combate de la corrupción, se congregaron el 9 de abril en la Jornada Nacional contra el Robo y la Impunidad.

La historia de Bautista, de 52 años, es la de un humilde sastre de un pueblo del sur del país que en poco tiempo se convirtió en un empresario multimillonario con inversiones en Haití y Panamá y que hoy se ve envuelto en un expediente de corrupción por casi 40 millardos de pesos (equivalentes US$890 millones).

Bautista, secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), empezó a amasar su fortuna entre 1996 y el 2000 cuando dirigió la entonces Oficina Coordinadora de Obras del Estado —que posteriormente se fusionó con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)— durante el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández (1996-2000). En el 2004, con el retorno de Fernández al poder, Bautista se hizo cargo de la OISOE, donde permaneció hasta el 2010 cuando fue elegido senador por la provincia de San Juan.

Según el expediente acusatorio, a raíz de su designación como director de la OISOE, Bautista “logra hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societarios, adquiriendo numerosos mueble e inmuebles, aperturando directa e indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales, y sosteniendo un nivel de gastos muy superior al que le permitían los bajos ingresos de su función”.

Antecedentes nefastos

Sin embargo, esta no es la primera vez que Bautista se ve cuestionado por la justicia: “Estamos ante un imputado con largos antecedentes y múltiples acusaciones de corrupción, desde el caso de la construcción irregular de la carretera San Juan-Vallejuel o el increíble caso de The Sun Land. Además, debemos indicar los vínculos e investigaciones de otros casos y el supuesto financiamiento ilegal de campañas electorales en Perú, Panamá y Haití, que lo convierte en un personaje con casos de corrupción en el ámbito local que ha trascendido al ámbito internacional”, señala Carlos Pimentel, director del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana, movimiento cívico que aboga por el fortalecimiento de las instituciones políticas.

Con el caso de la carretera, Pimentel se refiere a la malversación de más de 50 millones de pesos que llevaron a Bautista a la cárcel entre el año 2000 y el 2001. En cuanto a la empresa consultora estadounidense The Sun Land Group, se trata de la contratación de un préstamo internacional por $130 millones, gestionado en el 2006 sin la aprobación del Congreso Nacional como mandan las leyes.

La inconformidad de las organizaciones se atiza debido a que al juez Moscoso Segarra se le reconoce una pública trayectoria en el PLD. El magistrado debía evaluar las pruebas presentadas por la Procuraduría General para juzgar y enviar a prisión al legislador, sin embargo resolvió que el caso no debía proseguir bajo el argumento de que las evidencias eran inconsistentes y que el Ministerio Público ya había juzgado algunas de las acusaciones.

No se trata del primer caso de corrupción que se ha resuelto a favor de la parte acusada en los últimos años, pero sí el que ha suscitado mayor indignación y movilización en contra, en un país caracterizado por la alta tolerancia a la corrupción y a la impunidad, males que además tiende a justificar, según el informe “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana, 2010”, publicado por la encuesta Barómetro de las Américas.

La ciudadanía toma las calles

Las movilizaciones se llevan a cabo en distintas provincias del país y propician la unión entre los grupos más diversos y hasta antagónicos. Manuel Robles, miembro del movimiento Impunidad Cero, colectivo orientado a la denuncia de casos de corrupción y al reclamo de justicia efectiva, explica a Noticias Aliadas que “esta coalición no distingue partidos ni afiliaciones políticas, en ella cabrían hasta personas que pertenezcan al partido de gobierno y que entiendan que debemos generar la suficiente potencia social y política para cambiar el estatus actual en el que la impunidad prevalece”.

Robles reconoce que se trata de una estrategia “compleja pero imprescindible” para consolidar la lucha contra la impunidad.

No obstante, no todos se muestran de acuerdo. Para Pimentel, “no es posible demandar castigo y sanción a la corrupción a los mismos actores que la promueven, y es de ingenuos aliarse con los corruptos de ayer para enfrentar a los de hoy”.

Transparencia Internacional (TI), organización de lucha contra la corrupción en el mundo, se pronunció el 8 de abril en un comunicado en relación a la aparente falta de autonomía de la SJC y llamó a un proceso de revisión de la Justicia para eliminar la interferencia política en las decisiones de los magistrados. La mayoría de los jueces de la SCJ pertenecieron, hasta su nombramiento en el año 2011, a la dirección del partido oficialista PLD.

“El Ministerio Público presentó un caso de corrupción bien documentado, mostrando entre otras cosas un enorme desacuerdo entre lo que Bautista reportó en su declaración patrimonial y lo que sus cuentas bancarias revelan”, señala el comunicado de TI. “Sin embargo, un magistrado de la Corte Suprema desechó el caso, aludiendo que no había pruebas suficientes para seguir adelante con el caso. Este juez es miembro del partido al cual el acusado pertenece y en el cual ostenta un alto cargo en la jerarquía partidaria. Esta decisión ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad y ha motivado a miles de personas a salir a las calles”.

Francisco Domínguez Brito, el procurador general de la República, ha manifestado que con este controversial dictamen la Justicia “le ha fallado al país”.

Aunque el caso ha sido sometido a apelación, la sociedad civil desconfía del sistema judicial e insiste en exigir la renuncia de los jueces de la SCJ y su sustitución mediante un proceso abierto y transparente.

La Colectiva Mujer y Salud llamó a las mujeres a manifestarse. En una campaña difundida por las redes sociales, el grupo feminista pregunta sobre acciones específicas que pudieron lograrse con el dinero que supuestamente malversó el legislador.

“¿Cuántas estancias infantiles se hubieran podido construir con los millones robados por Félix Bautista? ¿Cuántas muertes maternas se hubieran podido evitar? ¿Cuántos centros de salud primaria se hubieran podido construir?”, son algunos de los mensajes claves de la campaña.

 —Noticias Aliadas

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