Cualquier ciudadano estadounidense que, en sano uso de sus facultades mentales, trate de explicarse la política internacional del gobierno de su país, acabará perdiendo esa condición en poco tiempo. Diríase que ni siquiera los tanques pensantes encargados de modelar el pensamiento de los ciudadanos acorde a los intereses de los diversos grupos económicos de poder que los financian deben estar teniendo tareas fáciles para hacer pasar por racionales sus estudios y recomendaciones.

 Apenas salidos de la embarazosa situación de justificar el levantamiento de “sanciones” impuestas por Estados Unidos a un país independiente como Cuba -sin facultad legal alguna para hacerlo-, Washington decidió “sancionar” a Venezuela, otro país tan soberano como la isla antillana, sin más ley que la del más fuerte. El 9 de marzo último, el Presidente Obama emitió un decreto que declara una "emergencia nacional porque Venezuela constituye inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos."

 La orden ejecutiva impuso también sanciones unilaterales a un grupo de funcionarios venezolanos a quienes la Casa Blanca acusa de "subvertir procesos o instituciones democráticos”, "violencia o abuso contra los derechos humanos en su país", “socavamiento de la libertad de expresión” o "corrupción pública", acusaciones todas que, independientemente de cualquier fundamentación que se alegue, constituyen inaceptables injerencias en asuntos internos de Caracas, según las normas del Derecho Internacional.

Obviamente la acción presidencial estadounidense estaba destinada a complementar la fallida tentativa de golpe de estado contra el gobierno democráticamente electo en Venezuela en febrero de 2015, sabidamente organizada y financiada por Estados Unidos. Pero tenía lugar poco tiempo después de haber anunciado el propio presidente Obama “una nueva política hacia la región”, promesa absolutamente excluyente del nuevo pronunciamiento. América Latina reaccionó, como era de esperarse, en apoyo a uno de los países integrantes de la vanguardia de esta comunidad regional de naciones que cada vez fortalece más su identidad. Las acciones de la administración de Obama contra Venezuela fueron vistas como un arrogante intento por revivir las tradicionales desacreditadas políticas norteamericanas de injerencia, intimidación y sometimiento en América Latina.

 Hace algún tiempo, en una situación comparable, era usual que muchos gobiernos de la región, dóciles ante amenazas imperiales, a veces incluso antes de que éstas se formularan y, en otros casos, en oportunista demanda de corruptas compensaciones por su servilismo. Pero, luego del triunfo de la revolución cubana y más de medio siglo de luchas y sacrificios de los pueblos de la región, hoy se transita por un proceso complejo y difícil, pero glorioso y claro, por consolidar sus respectivas independencias y la soberanía se sus naciones apoyándose, sobre todos en la unidad y solidaridad los pueblos de la región.

 Los tiempos han cambiado para los pueblos latinoamericanos de y ya sólo por excepción se conoce de algún aislado gesto servil por parte de algún funcionario latinoamericano o caribeño que, amedrentado o indigno, actúe de manera diferente.

 Venezuela ha recibido el apoyo unánime de más de 160 países. Organizaciones internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el ALBA-TCP, el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo 77 + China manifestaron su respaldo y solidaridad con Venezuela y solicitaron al presidente Barack Obama que derogara el decreto ilícito e ilegítimo.

 En todos los continentes, una inusitada  movilización de  los pueblos en marchas, actos, conciertos y jornadas de recolección de firmas en apoyo de la campaña “Venezuela no es una amenaza sino una esperanza”, exigió la derogatoria inmediata del decreto estadounidense. La Cumbre de Panamá demostró lo mucho que Latinoamérica y el Caribe han avanzado hacia el fortalecimiento de su identidad común. Los gobiernos caribeños habían dado ya una clara evidencia de la seriedad con que estos gobiernos han venido contribuyendo a la solidez de la nueva situación cuando, habiendo sido convocados por el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, para ofrecerles la entrega de recursos a cambio de que se desvincularan de Caracas y rompieran sus nexos con Petrocaribe, rechazaron la corruptora oferta y en bloque se solidarizaron con Venezuela y condenaron la nefasta orden ejecutiva de Obama que ha quedado asentada, en calidad de intentona fallida, en la larga lista de acciones intervencionistas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

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