Las 14 horas continuas durante las que negociaron representantes de los obreros agrícolas del valle de San Quintín, Baja California –agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social–, con enviados del gobierno federal y el gobernador Francisco Vega de la Madrid –quien llevaba la voz cantante de los productores sin que éstos se molestaran en estar mejor representados--, desembocaron 24 horas después de suscritos los 13 acuerdos el jueves 14, en una impugnación sin matices y hasta cínica de los que exportan su producción a Estados Unidos, a la par que trabajan como funcionarios del gobierno del estado o dejaron de hacerlo hace unos cuantos años.

Quizá la ausencia de Luis Miranda Nava, de los consentidos del principal inquilino de Los Pinos, en las negociaciones y la participación en su lugar del titular de la Unidad de Gobierno, envalentonó a los tan exitosos –a la hora de exportar– como miserables –el día del pago de los salarios– empresarios para desconocer los acuerdos el viernes 15, particularmente el básico que se refiere al aumento salarial, y lo firmado establece el compromiso de las autoridades federales y estatales para que “a más tardar el 4 de junio la parte patronal presente una propuesta lo más cercana posible a los 200 pesos diarios” que exigen los obreros. “Y que el gobierno federal podrá cubrir la diferencia”.

La pregunta obvia es por qué el gobierno que preside Enrique Peña Nieto tiene que pagar de los impuestos que con esfuerzo cubren millones de mexicanos cautivos, los salarios de los muy explotados obreros, incluso en condiciones de cuasi esclavitud, para que los patrones enriquecidos, muchos de ellos desde el poder público, no vean mermadas sus altas utilidades.

Con acuerdos así, y otros más que eximen de obligaciones a los voraces integrantes del Consejo Agrícola de Baja California, no parece descabellado que ahora los voceros de éstos aleguen durante una conferencia de prensa en la que por primera vez hablaron a nombre propio, pues “siempre usaron al gobierno del estado para que llevara sus propuestas a la mesa (Olga Alicia Aragón, La Jornada Baja California), que “no pagarán más de 15 por ciento de aumento salarial que concedieron desde el pasado 27 de marzo”, y que Alberto Muñoz “asistió sólo para conocer lo que ahí se trataba, pero sin facultades para acordar o negociar”.

En aras de sacar los mayores recursos del gobierno federal, cuando éstos deberían destinarse a mejorar las muy precarias condiciones en que viven los jornaleros y sus familias, poco le importa a la patronal incurrir en contradicciones y reconocer en inserciones pagadas que sí participaron en la mesa del diálogo, y reconocer el “histórico esfuerzo de los agricultores” de la zona costa de Baja California para, a partir del 27 de marzo de 2015, “aumentar 15 por ciento el salario directo, que fue otorgado en dos modalidades: por salario mínimo diario y a destajo”. Más aún exigen que “el gobierno federal (con mayúsculas como si ello sustituyera la irreverente voracidad) nos indique los mecanismos de operación por el cual aportará los recursos adicionales para cubrir el diferencial y responder con el salario señalado”.

De esta manera, el gobernador panista que representó intereses patronales en la negociación y el Ejecutivo federal que hasta antes de suscritos los acuerdos actuó con ambigüedad, están colocados de espaldas a la pared. Y tendrán que tomar definiciones para que un puñado de patrones no los doblegue, pues defienden intereses muy estrechos.

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