Sin duda alguna, el rompimiento de la institucionalidad democrática en Honduras a consecuencia del Golpe de Estado Militar del 2009 como una estrategia transnacional oligárquica, fundamentada en el Poder del Pentágono y las fuerzas ultraderechistas del continente, para profundizar el modelo neoliberal en la región y contrarrestar los avances de los pueblos latinoamericanos en la conquista del poder político y la recuperación de sus recursos naturales estratégicos, han tenido como impacto para los próximos 20 años, la destrucción del tejido social, la desarticulación del Estado de Derecho, la criminalización total de la sociedad, profundización de la pobreza extrema y la redistribución del reparto territorial, mercantil, financiero y comercial del país en sus relaciones productivas y de consumo internas y externas.

Los saldos mortales no importan y que en los últimos años pasan de 50 mil víctimas, ya sea por ineficiencia de los sistemas públicos de seguridad y de servicios públicos como la salud, empleo, vivienda, educación y seguridad social.

El Pentágono tiene un control total del territorio nacional con la ampliación de las Bases Militares en zonas costeras, maniobras cívicas militares, entrenamientos de fuerzas combinadas, creación de zonas estratégicas de desarrollo (ZEDES), formación de operadores de justicia y asesoramiento de fuerzas policiales por para-militares colombianos y sus operaciones encubiertas de ejecuciones extrajudiciales con apoyo empresarial, simulando escenarios tácticos tanto de combate al crimen organizado y la narcoactividad con apoyo de la DEA, como de creación de los mismos y de crisis de inestabilidad política bajo el mismo EJE ESTRATÉGICO CENTRAL, como es la remilitarización total de la sociedad y la aniquilación de toda fuerza política, movimiento social y reivindicación popular que amenace sus intereses geoestratégicos en el corazón de América.

Es en el marco de este escenario de violencia institucional, desde la negación del Estado a sí mismo, como ente regulador y garante del sistema democrático, derechos y libertades fundamentales de las personas, que la corrupción se desborda de sus cánones reglamentarios impuestos como norma pública durante décadas a conveniencia del imperio gringo y los organismos financieros internacionales bajo la tutela del sistema neoliberal, que políticos criollos del Partido Nacional y altos funcionarios en el poder, en alianza con otros liderazgos políticos partidarios con ambiciones empresariales y eróticas, aprovechando el caos administrativo-político del Estado y la cooptación de las organizaciones de la sociedad civil, centrales obreras, magisteriales y aún defensores y defensoras de los Derechos Humanos, que desde el régimen dictatorial michelitista, saquearon las diversas instituciones estatales y los regímenes de seguridad social como el IMPREMA, INJUPEM, IHSS, Banco de los Trabajadores entre otros por más de diez mil millones de lempiras y el crecimiento de la deuda interna de L.5,500 Millones  en junio del 2009 a L. 65,000 Millones en 6 años de anarquía estatal.

Es este desbordamiento criminal de la corrupción, bajo la heroica y resistente tarea periodística investigativa de un medio nacional de comunicación (Radio y Globo TV), bajo la Dirección del Comunicador Social David Romero, quien pone al descubierto durante un año de sistemáticas denuncias, la matriz ideológica de esta mafia criminal incrustada en la conducción del Gobierno Central por intermedio del Partido oficialista, al develar ante los canales televisivos los cheques emitidos por decenas de empresas fantasmas a favor del partido de gobierno en el marco de la campaña político – electoral, con fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que el Ministerio Publico como ente responsable de la Acción Penal Pública trataba a toda costa de encubrir y proteger para evitar llegar hasta las altas cúpulas parlamentarias y presidenciales del país. La respuesta social es de una generación de jóvenes que aunque carecen de formación política y visión estratégica de acceso al control del PODER PÚBLICO, quienes de forma espontanea inician un proceso gradual de resistencia a tanta barbarie de corrupción y levantan banderas de indignados bajo las MARCHAS DE LAS ANTORCHAS, demandando la constitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU (CICIH), tal como funciona en Guatemala, así como el enjuiciamiento político de los ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO que no han cumplido con su deber y la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado y su gabinete de gobierno a 15 meses de asumir el poder.

Sin embargo y no obstante estas fortalezas populares y juveniles de reivindicar la autoestima, orgullo y dignidad del pueblo hondureño en las calles y plazas públicas, especialmente las más de tres mil muertes por falta de medicamentos y atención médica, no vemos en igual dimensión a las demás fuerzas sociales y políticas como los empleados estatales, las centrales obreras, campesinas e indígenas, cooperativistas, iglesias, comunicadores, pequeños y medianos empresarios, todos criminalizados y golpeados por la dictadura, mucho menos las dirigencias de los partidos de oposición parlamentaria, quienes solo están como el Guasalo (Tacuasin) a la espera de lo que dicten los acontecimientos del contexto, para entrar de nuevo a la reforma electoral y encausarse en una campaña electoral millonaria por cuotas de poder, aún por la reelección presidencial si fuere necesario, olvidándose de los cambios estructurales que demanda en su conjunto la sociedad y que son los causantes de estado de cosas que ahora tenemos.

Tegucigalpa, MDC 29 de junio de 2015.