A mi querido Manuel Ibarra Aguirre

Un preocupante protagonismo político pone en juego el general de cuatro estrellas que despacha en Lomas de Sotelo y quien desde allí dirige a los “entre 35 y 45 mil soldados” que “sólo para atender el problema de la delincuencia” realizan “mas de mil 500 acciones diarias”.

Salvador Cienfuegos lo mismo hace un discurso para respaldar la “estratégica reforma educativa” de su jefe Enrique Peña Nieto, que con el pretexto de recibir una medalla de un grupo de abogados que en el sexenio de Felipe Calderón premió al impresentable Genaro García Luna, como también demanda “instrumentos legales que garanticen el desempeño del Ejército”.

Y en la entrevista con Carlos Benavides (El Universal, 29-VI-15) pontifica en contra de la corrupción, expresa inconformidad con las reformas para acotar el fuero de guerra, explica qué quiso decir cuando habló de los “apátridas”, regaña a los críticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre los que me cuento desde 1993.

Muchos son los temas que aborda el general secretario y sus opiniones son difundidas sin el indispensable contexto informativo por el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio.

Hasta el cuidadoso Gran diario de México que siempre está alineado con el señor de Los Pinos, describe a Cienfuegos como “uno de los hombres más poderosos del país”. En efecto, el alto mando por su conducta y desenvolvimiento es uno de los poderes fácticos. En corto lo plantean no pocos y talentosos analistas, pero a la hora de abordarlo en público, como cuando presentamos Ejército, medios y libertad de expresión en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, en noviembre de 2003, no faltó quien me corrigiera, “para mí es una dependencia del Ejecutivo federal”.

Justo al cumplirse el primer año del virtual fusilamiento de civiles en Tlatlaya, estado de México, masacre que hace un año negó la Sedena, el gobernador y la Procuraduría mexiquenses, e incluso alteraron la escena del crimen el segundo y la tercera, Cienfuegos Zepeda reconoce que “Somos, según al decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables.”

Cuesta trabajo a los generales en activo entender que los encuestados no necesariamente tienen que contestar lo que piensan –como fue corroborado nuevamente el 7 de junio–, y menos cuando el Ejército y la Marina también son instituciones “respetadas” por “temidas”. Y no sólo a partir de que Felipe Calderón (El soldadito de plomo) se encaramó en el poder con la decisiva ayuda de las fuerzas armadas y para legitimarse decretó la guerra contra el crimen organizado con un altísimo costo en vidas humanas, sino desde que tengo uso de razón y convivía con ellos en Matamoros, una de las cunas del narcotráfico.

Para el titular de la Sedena el número de quejas presentadas bajó considerablemente, en un país donde sólo se denuncia tres de cada 100 ilícitos cometidos, y dijo que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suman cuatro. Sí, pero con Tlatlaya basta y sobra.

Desde la academia se investiga a fondo y a detalle la hipótesis de que la política porfirista del “Mátalos en caliente” podría estarse abriendo paso, es decir, la presunción de que a los supuestos integrantes del crimen organizado es mejor aniquilarlos que detenerlos.

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