El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar.

Durante toda esta semana, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, ha tenido lugar la 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En cumplimiento del mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en su resolución aprobada hace un año recogía que la misión de este grupo es “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, los representantes de los países que asistieron a esta reunión —como se trata de un grupo de composición abierta, cualquier país del mundo, sea o no miembro del Consejo de Derechos Humanos, puede participar en él— han expresado sus ideas sobre cómo habría de ser y qué debería incluir un instrumento internacional de este tipo.

En esa misma línea, en la ONU también han tenido presencia diferentes expertos, juristas, miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y personas afectadas por las operaciones de las grandes corporaciones. Como Rosiane Mendes, habitante de una comunidad de pescadores del estado brasileño de Maranhão que está sufriendo los impactos de las actividades de la compañía minera Vale: “Estamos aquí, como afectados por las transnacionales, para presentar propuestas a los Estados para llevar a las empresas a la justicia por las violaciones de nuestros derechos”. En representación de la campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin a la Impunidad, Mendes resumía en su intervención ante el plenario lo que pedimos desde esta plataforma: “Queremos ser consultados, participar en las decisiones y en la fiscalización de las empresas. Para eso estamos hoy aquí en Ginebra: para decir sí al desmantelamiento de las corporaciones transnacionales”.

Sin embargo, aunque sin duda es un avance que todas estas voces puedan ser escuchadas en el seno de Naciones Unidas, el proceso de elaboración de una normativa internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales va a ser largo y costoso. Así lo apuntan ya las discusiones de esta semana en Ginebra, que permiten divisar un horizonte complicado y lleno de obstáculos para sacar adelante esta iniciativa. Dicho de otro modo: las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir este proceso. Y, para ello, desplegarán estrategias como las siguientes.

Bloquear la discusión. El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar. Así, tras permitir que la embajadora de Ecuador fuera elegida presidenta de la mesa, el representante de la UE propuso que no se hablara solo de las transnacionales, sino de todas las empresas; además, pidió que la agenda de discusión se modificase para abordar la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Quitando el único apoyo de México, el resto de países que intervinieron —Cuba, Sudáfrica, Pakistán, Bolivia, Rusia, El Salvador, China, Egipto, Venezuela e Indonesia— expresaron su oposición a la postura de la Unión Europea, ya que el mandato de la ONU en su resolución hace referencia a las empresas de carácter transnacional y no habla de tratar el Marco Ruggie. Después de una serie de consultas informales y de que todo pudiera finalmente continuar según la senda prevista, la UE se retiró de los debates y no volvió a aparecer en toda la semana. Primero, intentó obstaculizar la discusión tratando de llevarla al terreno que le convenía; segundo, viendo que esta estrategia no iba a dar resultado, se quitó de en medio.

Deslegitimar el debate. Ninguna de las grandes potencias estuvo presente en el resto de los debates a lo largo de la semana. Además de la Unión Europea, que solo participó al principio de la discusión para tratar de bloquearla y nunca más volvió a la sala —solo uno de sus países miembros, Francia, mantuvo allí un representante, que en ningún momento llegó a intervenir—, Estados Unidos, Japón y Canadá ni siquiera hicieron acto de presencia. Es decir: los mismos países que hace un año se opusieron a que la resolución saliera adelante no iban a permitir ahora que con su participación se avalase un proceso que pudiera perjudicar los intereses de las corporaciones transnacionales. Una estrategia de deslegitimación: dejemos que los países del “eje del mal” hablen entre ellos —Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela fueron de los más activos a la hora de exigir una normativa internacional vinculante para las grandes empresas— para, cuando llegue el momento y sea necesario, contraatacar diciendo que los resultados que pueda obtener el grupo de trabajo no son representativos porque solo habrán tenido en cuenta a unos pocos países.

Eternizar el proceso. La propia dinámica que sigue Naciones Unidas a la hora de abordar cualquier iniciativa es, en sí misma, una forma de demorar —casi indefinidamente, o al menos por largos periodos de tiempo— la posibilidad de establecer nuevas normas. Recordemos: la resolución para crear este grupo de trabajo se aprobó en 2014; este año acaba de producirse la primera sesión de debates y el que viene tendrá lugar la segunda; en 2017 tendremos una propuesta inicial de estructura del tratado y habrá que esperar hasta 2018 para disponer de un borrador del texto. Eso sin contar con que pueda haber nuevos intentos de bloqueo por medio, junto con el hecho de que, cuando empiecen a circular documentos con propuestas concretas, el proceso se alargará al tener que introducir enmiendas y disposiciones adicionales. De nuevo, la asimetría entre la fortaleza de lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: frente a la rapidez con que la Unión Europea y Estados Unidos negocian los acuerdos comerciales y de inversión —con un TTIP que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, veamos todos los acuerdos comerciales que han sido rápidamente negociados en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica…) y ese tratado de “libre comercio” de la UE con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) que ya solo está pendiente de ser traducido a todos los idiomas de la Unión para ser ratificado—, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones por todos lados.

Aprovecharse del pluralismo. Resulta habitual que, cuando la responsabilidad de organizar comisiones y grupos de trabajo recae en quienes controlan el poder político y económico, no inviten a las personas y colectivos contrarios a sus posiciones. Tenemos un ejemplo de ello en las decenas de foros oficiales sobre “responsabilidad social” que se han hecho en la última década y media: mientras las escuelas de negocios, los think tanks empresariales y las organizaciones sociales que no veían con malos ojos la RSC han copado las mesas y los debates, quienes hemos tenido una postura crítica con ese nuevo paradigma de relaciones empresa-sociedad no hemos tenido la oportunidad de expresar nuestros argumentos en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando la organización de los debates corre a cargo de las instituciones y gobiernos “progresistas” —en este caso, la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra—, suele invitarse a representantes de todas las posturas. Pero este pluralismo político, indudablemente necesario para no caer en las mismas prácticas que se critican, es ahora aprovechado por las grandes potencias para incorporar a sus “técnicos” y “expertos” a la discusión y así poder dilatar todo el procedimiento.

Fomentar la captura corporativa. Esta 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental se llevó a cabo en la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones del edificio de la ONU en Ginebra. A la entrada de dicha sala, una placa recuerda quién sufragó su restauración en 2008: el gobierno español —que pagó la cúpula de Miquel Barceló en parte con dinero de la cooperación internacional, concretamente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)— y una fundación creada al efecto por las grandes multinacionales españolas. Es un hecho muy simbólico, como lo es que todo el sistema de telecomunicaciones y megafonía de la sala esté lleno de logotipos de Telefónica, que revela hasta dónde llega la penetración empresarial en el seno de Naciones Unidas: las mismas empresas que son objeto de estudio del grupo de trabajo han sido las que han costeado las obras de reforma de la ONU donde luego se discute sobre ellas. Desde que en 1927 Rockefeller financiara la biblioteca de la Sociedad de Naciones que aún hoy sigue funcionando en su sede de Ginebra, hasta que Kofi Annan presentase en 1999 el Global Compact en el Foro Económico Mundial de Davos con el aval de las mayores transnacionales del planeta, pasando por todo el fomento de las “alianzas público-privadas” y el “capitalismo inclusivo” del que ha hecho gala la ONU en la primera década de este siglo, esta organización multilateral ha sufrido un innegable proceso de “captura corporativa”.

Los lobbies empresariales, apoyados por los gobernantes de los Estados centrales, van a hacer todo lo posible por descarrilar este proceso. Ya lo hicieron en las tres últimas décadas del siglo pasado, impidiendo la creación de un tratado internacional vinculante para las grandes corporaciones y desplazando el debate al terreno de la RSC y la voluntariedad, tal y como nos cuenta Alejandro Teitelbaum en su libro La armadura del capitalismo. Frente a ello, siguiendo a este jurista —que trabajó durante muchos años representando a diferentes organizaciones sociales ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y conoce bien cómo (no) funcionan los mecanismos de Naciones Unidas—, habremos de centrarnos en un objetivo fundamental: “Que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema del poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y que comprenda que la solución no es individual, sino que es colectiva y que consiste en transformar radicalmente el sistema”.

12 julio 2015

Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

http://www.lamarea.com/2015/07/12/5-maneras-de-obstruir-las-propuestas-de-regulacion-en-la-onu/