Muchas ramas del servicio público federal están en huelga, en la eterna lucha por la reposición de las pérdidas, ya que el aumento del sueldo es una cosa muy difícil de conseguir. Y siempre es bueno destacar que los trabajadores públicos no tienen fecha-base (un momento en el año para discutir con el patrón), entonces, no existe la obligatoriedad por parte del gobierno de discutir anualmente las pérdidas salariales. Esto acontece únicamente con lucha. No es sin razón que las huelgas sean una constante. Si tuviéramos un gobierno capaz de definir una fecha-base, no habría necesidad de una huelga cada año.

Para los que se quedan sin los servicios, en el caso de la seguridad social, de la educación, de la salud y la justicia siempre es más fácil echar la culpa a los trabajadores, ya muy estigmatizados por los medios de comunicación comerciales. Pocos son aquellos que comprenden la dura pelea que los servidores públicos tienen que efectuar durante toda su vida laboral para que su salario no quede en el suelo.

Según datos de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) a lo largo de la década que va de 2002 al 2012, finalmente hubo un aumento en el número de servidores, que había caído extraordinariamente durante el gobierno de FHC, el cual prácticamente no había realizado nuevos concursos. El sector del ejecutivo - administración directa - ha pasado de 775 mil en 2002 a 984 mil en 2012. Eso significa que los concursos públicos están otra vez en el escenario. El sector que más creció fue el del Ministerio Público de la Unión. El Legislativo y el Poder Judicial han crecido el 26 y 28% respectivamente, siendo que Poder Judicial presenta un mayor número de trabajadores con 104.971, lo que contrasta con los 25.828 del Legislativo.  Sectores más debilitados como la seguridad social, la educación y salud efectuaron nuevos concursos, pero aún siguen con un gran déficit.

A pesar de las estadísticas parecen gigantes, según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), en comparación con otros países son aún muy bajos.  Por ejemplo, Brasil tiene menos servidores, en proporción al total de trabajadores ocupados, que todos sus socios del Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay), Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Australia, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Considerada la población brasileña con alrededor de 180 millones de habitantes, existen cinco funcionarios públicos para cada mil habitantes, una dinámica que no ha cambiado mucho en los últimos 20 años.

En los Estados Unidos, que es la locomotora del mundo capitalista y tiene la tradición de ser extremamente privatista, el porcentaje de trabajadores en cargos públicos llega al 15% en tanto Brasil el total es de 12%, contando todas las esferas: federal, estadual y municipal. En Dinamarca, considerada el ejemplo más efectivo, el porcentaje de trabajadores públicos es de 39,2%, teniendo un servicio público que provoca envidia. Entonces se puede observar que la relación entre el número de servidores y la calidad del servicio tiene una importancia fundamental.

Además de esto, cuando se realiza una huelga, es muy común oír en la televisión frases acerca del tamaño excesivo de la máquina estatal y toda una algarabía de llantos gubernamentales sobre el elevado costo de la burocracia.  Poca relación se hace con el pago de los servicios de la deuda pública, por ejemplo, que consume más de 47% del presupuesto total de la Unión. Así, el Estado prioriza el pago de una deuda - que nunca ha sido auditada y que puede ser ilegal - en detrimento de la mejora de la calidad de la atención del servicio público a la población.

Durante los años del "espectáculo del crecimiento", el gobierno - comandado por la coalición hegemónica PT/PMDB - efectivamente ha aumentado el número de funcionarios y se ha conseguido domesticar buena parte del movimiento sindical para que acepte recomposiciones rebajadas y algunos aciertos internos en cada sector específico.  En el caso particular de los trabajadores de la educación - técnicos y docentes - hubo mejoras significativos para algunos cargos en tanto otros no corrieron la misma suerte. La táctica de apuntar a la cualificación como una forma de ascenso más segura que una huelga para alcanzar un aumento salarial ha surtido efecto y una buena parte de los trabajadores se ha volcado a las maestrías y doctorados. Esa educación formal ha provocado aumentos de 20 a los 75%, mucho más significativos que el 2% - como media - conseguido en meses y meses de lucha. Pero la opción de la formación no es para todos y eso crea una selecta casta adentro de la categoría, lo que ha provocado más divisiones internas.

Ese año, con la crisis batiendo en el cuello, los trabajadores empezaran una lucha más o menos unificada. Aún que las ramas no han conseguido crear un comando único, las huelgas se aprobaran y eso ha llevado al gobierno federal a crear mesas de negociación involucrando a todas ellas, lo que, naturalmente, ha dado más fuerza al movimiento como un todo.

Esa fuerte movilización obligó al gobierno a llamar a una mesa de negociación en la cual ha presentado su propuesta, considerada insuficiente por todos. La reivindicación de los empleados públicos es de un 27,3% de reajuste inmediato,  pero la propuesta gubernamental del  21,3% divididos en cuatro años - que no garantiza ni la reposición de las pérdidas de la inflación - fue rechazada por la base.

En la semana pasada, el gobierno llamó a nueva reunión en el Ministerio del Planeamiento, que es quién maneja el tema, intentando avanzar en algunos puntos de las pautas específicas, pero manteniendo la propuesta del reajuste de 21,3% dividido en cuatro años, aunque trabajando con la posibilidad de nuevas conversaciones en 2017 en caso de que se dispare la inflación. El avance ha venido en la propuesta de reajuste de los auxilios, que, al final de cuentas, favorece -y poco- los trabajadores. En el auxilio de salud, la propuesta ha quedado en un 22,8% de reajuste, y en el auxilio para la primera escuela el reajuste sería de 317,3%. Esta última involucra particularmente a los nuevos concursantes, en la mayoría jóvenes, que tienen hijos pequeños. También el auxilio alimentación seria reajustado.

Esa nueva propuesta no ha agradado a los jubilados que, una vez más se quedan con las pérdidas, ya que no reciben los auxilios, excepto el de salud. Por otro lado, se sabe que los auxilios no son sueldos y tan pronto el trabajador sea jubilado, pierde todos ellos. 

Ahora, las categorías en huelga deben realizar nuevas rondas de discusión para evaluar la propuesta que aún les parece muy mala, pues efectivamente no garantiza ni siquiera la reposición de las pérdidas.

Resta ahora ver cómo está la correlación de fuerzas. O las huelgas se fortalecen y garantizan avances más significativos o el gobierno vence, aplastando a los trabajadores por cuatro años más.