Se mantiene lucha indígena Bribri por recuperar sus tierras

Para comprender la realidad que vive los indígenas en Latinoamérica, solo basta ver los indicadores de violaciones a sus derechos humanos a través de algunos medios de comunicación responsables, y observadores internacionales en la materia.

Costa Rica se presenta al mundo como un país de cultura de paz a partir del fin de las guerras que sacudieron a Centroamérica en los 80, y se dice que fue ejemplar en la implementación de protocolos para la conciliación y la paz en todos los niveles de la vida pública.

Pero actualmente ha sufrido un revés, pues los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas y empobrecidas están siendo vulnerados, además de que la criminalización de la protesta es la nueva amenaza que las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales sufren actualmente. 

Este escenario es visible en el conflicto territorial en Salitre, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, a 5 horas de la capital costarricense, en donde los indígenas mantienen una férrea lucha por la recuperación de sus tierras hace más de dos décadas.

Según el último censo nacional del año 2000, hay 9,645 personas Bribri, cuya población ha sufrido el despojo de sus bienes y espacio legal, reconocido por las leyes nacionales en materia indígena como es la Ley de Autonomía Indígena promulgada en 1977 y convenios internacionales como el 69 de la OIT.

Al conflicto territorial de Salitre lo caracteriza la violencia y la complejidad que lo generó. 

Entre las partes involucradas encontramos a indígenas que dedican su vida al desarrollo de la tierra, el cuido del bosque y el desarrollo cultural, y  por otro lado los no indígenas, llamado  también finqueros, que son colonos que invadieron tierras dentro del territorio indígena de forma ilegal hace ya más de 20 o 30 años, dedicados especialmente a la ganadería extensiva. Actividad que ha generado un acaparamiento de grandes extensiones de tierra en manos de pobladores no indígenas. 

Este conflicto, se puede interpretar como una continuidad de la colonización española en América, cuyos patrones de conducta son evidentes en la usurpación o invasión por medio de la fuerza y violencia y al mismo tiempo que la justicia local carece de los instrumentos legales necesarios para evitar el derrame de sangre. Claras pruebas fueron los hechos de julio del 2014, en donde ranchos fueron quemados y las vías de acceso a salitre fueron obstruidas por los finqueros.

Nuestro equipo de trabajo acudió al sitio para estudiar el caso con mayor detenimiento, considerando otros informes sobre la situación en Salitre pudiendo constatar la violencia hacia los indígenas en formas muy diversas como persecución, humillación, amenazas, actos racistas, golpes, machetazos, tortura y agresiones sicológicas a mujeres y niños. Un escenario social, en donde impera el terror y la inacción del gobierno central, mientras los medios de comunicación comercial informan a medias sobre la cuestión en Salitre.

La ausencia de una efectiva justicia o la falta de voluntad de las autoridades centrales por darle paz al territorio, es uno de los reclamos más importantes por parte de los indígenas. Pese a que al sitio de confrontación fue la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga a dialogar en el 2014, no se ha logrado contrarrestar los hechos que empaña los derechos humanos para Costa Rica.

Ante tales hechos, los representantes de los indígenas afectados han interpuesto más de 6 denuncias, cuyos resultados no se hicieron efectivos, algunos por supuestamente carecer de pruebas. Pero son abundantes testimonios y pruebas físicas: casas destruidas, machetazos, orificios de bala sobre techos, y el relato de los golpes, amputaciones y heridas de bala ejecutadas por parte de los finquemos. 

En noviembre del 2014 se produjo la captura del indígena Sergio Rojas, miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), quien además de ser amenazado de muerte,  ha sufrido atentados contra su vida por las acciones que conllevan a la recuperación de sus tierras.

Durante la semana del 13 de julio, los Bribri procedieron a la recuperación de tierras, acciones que consideran legítima pues fue realizada en custodia de policías y con una orden emitida por los tribunales nacionales. Pese a las amenazas de los finqueros, 20 familias procedieron a bloquear el camino de acceso a Río Azul, expresando que el gobierno cumpla con las medidas cautelares, y rechazando las amenazas de los no indígenas.

Por otro lado, las organizaciones de pueblos indígenas piden que se apruebe el proyecto de ley 14352, que busca el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, la paz, el desarrollo humano, la atención a la tenencia de tierras, el desarrollo de políticas públicas en los territorios indígenas. Ante tales fines, las Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas sobre su territorio, en apego a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense.

Para formalizar dichos preceptos, los acuerdos firmados el 8 de julio del 2014 entre los indígenas y los representantes del gobierno tico, que dirige Guillermo Solís, deben hacerse efectivos. En dichos acuerdos, se acordó resolver la tenencia de tierras en Cebror, Río Azul y Puente, así como controlar y vigilar el territorio indígena. La figura de la indemnización puede ser la salida a dicho conflicto.

Para los observadores de los derechos humanos y voces expertas, el Estado debe cumplir a cabalidad las leyes en materia de derechos humanos, a fin de alcanzar la paz, el desarrollo y protección de los ciudadanos. Esto implica la participación de las altas autoridades y los estamentos policiales, a fin de alcanzar acuerdos y conductas imparciales para evitar el favoritismo y  la corrupción de los finqueros hacia la policía. Además, el libre tránsito y respeto a periodistas y medios de comunicación, que no pudieron cubrir los hechos registrados. Es importante destacar que los indígenas rechazan la injerencia de la empresa piñera Pindeco, que ha influenciado para apoyar a los no indígenas.

Hasta el momento, Costa Rica sigue teniendo una deuda con los pueblos indígenas, especialmente con el de Salitre. En necesario exigir al gobierno tico la protección y ejercicios de los derechos humanos para que, en la oscuridad,  no queden impunes las injusticias de quienes,  bajo fuego,  ultrajen la dignidad humana.

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