El efecto de la Revolución Cubana en los políticos y militares de los Estados Unidos fue, como en el caso de la izquierda revolucionaria latinoamericana, muy impactante y, posiblemente, el efecto fue más fuerte. La Revolución Cubana, como otras grandes revoluciones del siglo pasado, ayudó a que las fuerzas contrarrevolucionarias pudieran mejorar sus políticas e instrumentos de represión. En su ‘Discurso en la conmemoración del 30 de noviembre’ Che Guevara afirma: “Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias: el despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución, cómo no estaban cerrados todos los caminos y cómo no era indispensable el mantenerse constantemente recibiendo los golpes de los explotadores, y cómo aquel camino podía ser no tan largo como pensaron algunos dirigentes de los partidos que están llevando la lucha tesoneramente contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país; y, al mismo tiempo abrimos los ojos del imperialismo. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cuba que pudieran existir. Y antes de morir ya Kennedy había dicho que no admitiría nuevas Cuba en el continente, y lo han reiterado sus sucesores que, además son lobos de la misma camada, así que no habría por qué pensar que fueran a tener una filosofía diferente. Pero, además de reiterarlo, han demostrado sus intenciones de llevar a cabo esa acción, llevarla a cabo no solamente en América sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, desarrollara la lucha revolucionaria”.

El factor sorpresa de un golpe en un lugar inesperado, bajo condiciones políticas imprevistas y con un método inesperado que fue elemental en la victoria de la Revolución Cubana, se había ido. Regis Debray, filósofo francés y en los años sesenta un declarado partidario de la lucha guerrillera, señaló en su ‘América Latina: problemas de estrategia revolucionaria’: “Cuba ha elevado el nivel de preparación material e ideológica de la reacción imperialista en menos tiempo que el de las vanguardias revolucionarias. Si hoy, y en menor plazo, el imperialismo ha extraído más ventajas de la Revolución Cubana que las fuerzas revolucionarias, esto no debe -mucho lo dudamos- a que posea una superior inteligencia. El imperialismo está en mejores condiciones de llevar a la práctica más rápidamente las enseñanzas que ha extraído de la Revolución Cubana, porque dispone de todos los medios materiales de la violencia organizada, más el influjo nervioso que le presta su instinto de conservación”.

En este artículo narramos algunos de los principales efectos que han tenido la Revolución Cubana sobre la política exterior de los Estados Unidos en relación con América Latina. La sección 1 está dedicada a la Alianza para el Progreso. En la sección 2 analizamos  la política contraguerrillera norteamericana y en la sección 3 discutimos las diferentes doctrinas norteamericanas que fueron elaborados en relación con la amenaza de “una segunda Cuba”. El artículo cierra con una reflexión sobre las intervenciones norteamericanas y la aceptación de eso por parte de los gobiernos latinoamericanos.

1. La Alianza para el Progreso

La política de los Estados Unidos dirigida a evitar “una segunda Cuba” tenía un lado socioeconómico y un lado militar. La política socioeconómica hacia América Latina se plasmó en el tratado Alianza para el Progreso. El componente militar se reflejó en la extensión de la ayuda militar, la creación de unidades de contraguerrilla e intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Ambas partes de la política latinoamericana de los Estados Unidos eran las dos caras de una misma moneda. En los años 1958-1961 la ayuda militar a América Latina aumentó de 48 a 91 millones de dólares.

La Alianza para el Progreso fue firmado por todos los países de América Latina, excepto por Cuba, el 17 de agosto de 1961 en Punta del Este (Uruguay). Los siguientes objetivos de este tratado fueron identificados: el ingreso nacional per cápita tendría que aumentarse anualmente con 2.5%, la base económica debería ampliarse, los precios deberían estabilizarse, la economía tenía que industrializarse, la productividad en el sector agrícola debería incrementarse, la esperanza promedio de vida debería aumentar, viviendas de bajo costo tendrían que ser construidas, un mercado común latinoamericano debería crearse y las transferencias financieras deberían ser controladas. Con el fin de alcanzar estos objetivos, los Estados Unidos se obligaban a proveer en diez años un monto de 20 mil millones de dólares. Igualmente, los países de Europa Occidental y Japón se comprometieron de dar apoyo financiero. La “ayuda” fue por un 90% de préstamos.

La Alianza para el Progreso fue, por supuesto, criticada por Cuba. En la ‘Segunda Declaración de La Habana’ se lee: “Los pueblos saben que en Punta del Este, los cancilleres que expulsaron a Cuba se reunieron para renunciar a la soberanía nacional; que allí el Gobierno de Estados Unidos fue a sentar las bases no solo para la agresión a Cuba, sino para intervenir en cualquier país de América contra el movimiento liberador de los pueblos; que Estados Unidos prepara a la América Latina un drama sangriento; que las oligarquías explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar la intervención de las tropas yanquis contra sus propios pueblos, y que con ese fin la delegación norteamericana propuso un comité de vigilancia contra la subversión en la Junta Interamericana de Defensa, con facultades ejecutivas, y la adopción de medidas colectivas”.

La Alianza para el Progreso fue un tratado que encajaba perfectamente en la estrategia global de los Estados Unidos porque no solamente trataba de eliminar las condiciones objetivas para la revolución y suprimir movimientos revolucionarios, sino también intentó mantener y profundizar la hegemonía norteamericana en América Latina ampliando su base política y extendiendo los mercados para sus productos. La Alianza para el Progreso se centró en el mantenimiento y la profundización del sistema capitalista a través de la modernización de la producción y la desaparición gradual de las relaciones de producción precapitalistas en el campo.

2. La política contraguerrillera norteamericano

La injerencia norteamericana en los asuntos internos de América Latina se amplió y fue más abierta después de la reunión en Punta del Este. En septiembre de 1961, se crearon los Boinas Verdes, unidades especiales de contraguerrilla del Ejército. Y en octubre de 1961 se inició en la Argentina, en la Escuela Superior de Guerra, las primeras capacitaciones en la guerra contrarrevolucionaria interamericana.

El 18 de enero de 1962, se creó el Grupo Especial de la Contrainsurgencia con la participación de, entre otros, el procurador general, el jefe de las Fuerzas Armadas, la CIA, el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa y el Asistente Especial del presidente para asuntos de seguridad nacional. El grupo tenía que asegurar que, frente a la guerra de guerrillas, el Ejército y las agencias norteamericanas que trabajaron en el extranjero como la Agencia para el Desarrollo Internacional, estarían equipados material y doctrinalmente. Además, debía coordinar entre las agencias gubernamentales y acelerar la implementación de las decisiones políticas en el campo de la contrainsurgencia, e iniciar y supervisar la investigación de nuevas ideas, doctrinas y técnicas para fines de contrainsurgencia. En el mismo año se fundó en Panamá la Academia Inter-americana de Policía, controlada por la CIA. Este “centro educativo” se ocupaba, principalmente, de la capacitación en la contrainsurgencia. La policía fue considerada como la primera línea de defensa contra los movimientos insurgentes.

Las actividades de contraguerrilla de los Estados Unidos se resumen en el Plan Latinoamericano Operación Seguridad. Consistía en cinco puntos:

1. El entrenamiento de tropas (oficiales, suboficiales y soldados de América Latina) en la lucha de contraguerrilla. Uno de estos centros de capacitación estuvo en Panamá y llegó a ser conocido como la Escuela de las Américas (SOA), con sede en Fort Gulick. En el 1961, se inició allí el primer curso de contrainsurgencia. Entre el 1961 y 1964, 16.343 militares latinoamericanos recibían capacitación en la SOA. Los cursos cubrían todos los aspectos de contrainsurgencia, desde temas militares, paramilitares y políticos hasta tópicos sociológicos y psicológicos. También se enseñaba cómo llevar a cabo operaciones en la selva. Había cursos de dos a cuarenta semanas.

2. La guerra psicológica.

3. La derrota militar de la guerrilla.

4. La derrota política de la guerrilla. Eso tenía que ver, por ejemplo, con la detección y el uso de las diferencias políticas e ideológicas dentro del movimiento guerrillero o sugerir en la propaganda que las derrotas sufridas por los guerrilleros fueron errores políticos de la organización combatiente.

5. Dar instrucciones para la llamada reintegración de las zonas subversivas. Un elemento esencial para eso era el despliegue de tropas para la Acción Cívica. Su objetivo era: (a) separar la población de las fuerzas armadas revolucionarias y (b) dar al ejército la dirección de una determinada área para la eliminación de cualquier desarrollo revolucionario.

En enero de 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americano (OEA). El Gobierno se había declarado marxista-leninista y eso era incompatible con los “propósitos y principios del Sistema Interamericano” decía una de las resoluciones adoptadas durante una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros de la OEA en Uruguay. También se decidió encargar al consejo de la OEA establecer un comité compuesto por expertos de diferentes países que a petición de cada estado miembro individual, tendría que dar consejos de cómo lidiar con las actividades subversivas y su preparación, por causa de la intervención de China y la antigua Unión Soviética que amenazan la paz y la seguridad nacional. Aunque desde marzo de 1960 los Estados Unidos estaban realizando diferentes intentos para derrocar el gobierno revolucionario de Cuba y con los cuales, entonces, rompieron con los “principios” de la OEA, no era, por supuesto, un punto de discusión o de crítica.

En marzo de 1963, los Estados Unidos tomaron una serie de medidas que deberían reducir la libertad de movimiento de los revolucionarios. En el Caribe, por ejemplo, se introducía un sistema de vigilancia y los países de América Central y el Caribe recibían recursos financieros para proteger su costa. En el caso de América Latina en conjunto, las operaciones de inteligencia fueron mejoradas con el objetivo de evitar salidas ilegales y dificultar la entrada al país por grupos u organizaciones con intenciones revolucionarias, etcétera. En una reunión de los primeros ministros de los países centroamericanos en abril de 1963 y en la cual también participó una delegación norteamericana, se decidió entre otros: “2. Recomendar a sus gobiernos, tomar medidas para impedir el movimiento clandestino de armas a los países del Istmo -países de América Central-, entre ellos instrucciones específicas aduaneras para intensificar la inspección de la mercancía entrante y saliente en los puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el contrabando de armas, establecer medidas estrictas de seguridad y de responsabilidad con respecto a las armas y municiones que han sido proporcionadas a sus fuerzas armadas y las fuerzas del orden. 3. Recomendar a sus gobiernos la adopción y la implementación, lo antes posible, de medidas efectivas para prevenir actividades de carácter subversivo que pueden ser promovidas por la propaganda de Castro o agentes en cada uno de los países de América Central. 4. Recomendar a los gobiernos de Centroamérica y Panamá para establecer, tan pronto como sea posible, una organización en cada estado con el único propósito de contrarrestar la subversión comunista en el área de América Central y Panamá. Estas organizaciones serán los principales responsables de: a. Detectar, controlar y contrarrestar las acciones y los objetivos de los miembros, organizaciones, simpatizantes y colaboradores del partido comunista. b. Ayuda mutua y el intercambio de información sobre los movimientos de personas o grupos, propaganda, fondos y armas para fines subversivos comunistas”. En julio de 1964, los estados miembros de la OEA fueron ordenados a romper sus relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Cuba.

3. Los golpes contra gobiernos democráticos

En marzo de 1964, el presidente de Brasil João Goulart fue una de las primeras víctimas de la “nueva” política latinoamericana de los Estados Unidos. Igual como en 1954 con el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, las propuestas del presidente brasilero para llevar a cabo una reforma agraria no fueron toleradas por Washington. El 31 de marzo, el general Humberto de Alencar Castello, apoyado por la CIA, perpetró un golpe de estado. El 4 de noviembre de 1964, el presidente reformista boliviano Víctor Paz Estensoro fue depuesto por el general René Barrientos.

El ataque abierto del imperialismo a gobiernos que querían mejorar las condiciones de vida de sus pueblos que, para tales efectos, afectaban los intereses de los capitalistas estadounidenses, y el intento de Washington para aplastar el movimiento popular antiimperialista, se reflejaron en distintas doctrinas. En 1963, se formuló la llamada doctrina Kennedy. De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, “los estados americanos deben estar preparados para acudir en ayuda de cualquier gobierno que la pida para evitar una toma de poder más vinculada a la política del comunismo extranjero que a un deseo interno de cambio. Mi país está dispuesto a hacer esto. Nosotros en este hemisferio, también debemos utilizar cada recurso a nuestro alcance para impedir el establecimiento de otra Cuba en este hemisferio”. La doctrina Mann de 1964, que lleva el nombre del jefe del departamento de asuntos interamericanos en el Departamento del Estado, Thomas Mann, proporcionaba a los responsables políticos de la Casa Blanca una orientación política en cuanto a las condiciones reales y los acontecimientos concretos. Los regímenes dictatoriales deberían ser reconocidos cuando estos sustituyeron gobiernos “pro-comunistas” y, por lo tanto, defenderían los intereses norteamericanos. La doctrina continuó la política de reconocimiento y el aprecio de dictadores en tal medida, que la formalizó como parte de la política exterior oficial de los Estados Unidos. En 1953, el dictador peruano Manuel Odría recibió una alta condecoración militar norteamericana, la Legion of Merit, y en 1954 fue el turno del dictador venezolano Marcos Pérez. La doctrina Johnson de 1965 era un paso más allá de la doctrina que desarrolló Thomas Mann porque decía que los Estados Unidos tenían que prevenir efectivamente que se estableciera un régimen “comunista” en el Hemisferio Occidental.

La política externa de Washington llegó en 1965 a un nuevo clímax, después Guatemala de 1954. Finales de abril de 1965, los Estados Unidos decidieron invadir a la República Dominicana. Las propuestas económicas del presidente Juan Bosch perjudicaron los intereses estadounidenses.

El ataque a la República Dominicana puede ser visto como el sello de la obra imperialista de los Estados Unidos en esos años. Su intervención militar fue enmascarada por el apoyo que recibieron de casi todos los países de América Latina. Las decisiones adoptadas en enero de 1962 en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, parecieron haber sido solamente propaganda. En una de estas resoluciones se leía que los estados miembros de la OEA “reiteran su adhesión a los principios de autodeterminación y de no intervención, como los estándares guía de las relaciones entre las naciones americanas”.

4. Palabras finales

El apoyo de la OEA a la intervención en la República Dominicana, mostró, como se lee en la ‘Segunda Declaración de La Habana’, que este organismo se había convertido realmente en “un ministerio de colonias yanquis, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos”. También dejó en claro que los gobiernos latinoamericanos predicaban la no intervención cuando los problemas en un país eran controversias entre facciones de la clase dominante. Sin embargo, si las estructuras de poder estaban en juego y la lucha de clases se intensificaba, nadie tenía problemas con una intervención.