El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Habana, suspendidas unilateralmente por Estados Unidos hace más de 50 años, ha traído regocijo y esperanza a progresistas y amantes de la paz en el mundo entero. Pero entre ambos países hay importantes asuntos sin resolver, no solamente el infame embargo que le ha ocasionado a la isla pérdidas económicas ascendentes a $116 mil millones (1). También hay otros dos temas que hay que atender: el terrorismo y el financiamiento de los llamados disidentes.

No nos referimos a la vieja acusación de Estados Unidos contra Cuba. La administración Obama ya ha sacado la nación caribeña de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo - una lista donde nunca debió haber estado.

Nos referimos al terrorismo muy real perpetrado por grupos extremistas del exilio. Estas agrupaciones paramilitares, que incluyen a Alfa 66 y Omega 7, buscaron por décadas prevenir un acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos mediante la violencia y el terror. Estos ataques incluyeron bombas y asesinatos en Cuba.

Exiliados cubanos participaron de la Operación Cóndor, implementada por las dictaduras suramericanas en los años 70 para eliminar a sus adversarios en el extranjero, inclusive en Europa y Norteamérica. Esta operación incluyó el asesinato en 1976 del diplomático chileno Orlando Letelier en las calles de Washington DC a manos de asesinos cubanos.

Uno de estos crímenes me tocó de cerca: el asesinato del joven exiliado cubano Carlos Muñiz Varela en Puerto Rico en abril de 1979, aparentemente realizado por policías corruptos contratados por la extrema derecha (2). Muñiz Varela era parte de un grupo de jóvenes del exilio que gestionaba el acercamiento y diálogo entre Cuba y la comunidad de la diáspora. El asesinato tomó lugar en mi calle, apenas un par de cuadras cuesta abajo de mi casa; yo tenía 11 años entonces. Hoy día tengo el orgullo de tener entre mis amigos a su hijo, Carlos Muñiz Pérez, hoy arquitecto y distinguido luchador ecologista. Su padre hubiera estado muy orgulloso de él.

Mediante peticiones hechas bajo la ley de libertad de información (FOIA) los familiares de Muñiz Varela descubrieron que el FBI vinculaba el crimen a la agrupación derechista cubana CORU, descrita por el propio FBI como “terrorista”. En septiembre de 2014 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le escribió a Muñiz Pérez para decirle que no cooperaría con su pedido de información. La autora de la carta, Michele Meeks, Coordinadora de Información y Privacidad de la Agencia, informó que toda la información que la familia le solicita al gobierno de EEUU está exenta de la ley FOIA. Era como si la CIA le dijera: “Sí, sabemos quién mató a tu papá. Pero no, no te vamos a decir.”

Pero el más vil de los actos cometidos por los extremistas del exilio fue el derribamiento en 1976 de un avión de pasajeros cubanos que recién despegaba de Barbados. Una bomba colocada a bordo mató a todos sus 73 ocupantes. El cubano exiliado Luis Posada Carriles ha sido directamente vinculado a este acto criminal en documentos desclasificados de la CIA y el FBI (3). El gobierno cubano ha solicitado su extradición de Estados Unidos.

Estas bandas terroristas tienen su origen en los comienzos de la década de los sesenta, cuando la CIA los entrenó para la fracasada invasión a Playa Girón en 1961 y luego para la Operación Mangosta (OP MONGOOSE), que consistió de ataques paramilitares contra la isla caribeña.

Irónicamente, mientras el gobierno de Estados Unidos ha tolerado y hasta protegido el terrorismo de derecha contra Cuba, está también financiando la disidencia política en la isla a través del National Endowment for Democracy (4). Este financiamiento aparentemente inocuo a grupos “pro-democracia” es una violación del derecho internacional, el cual prohíbe el entrometimiento en los asuntos internos de otras naciones. Ningún país del mundo tolera una disidencia política financiada por gobiernos extranjeros.

Este tipo de activismo por encargo ni siquiera es legal en Estados Unidos. Activistas en ese país que estén financiados desde el extranjero pueden ser procesados y convictos bajo la ley de agentes extranjeros (FARA). Esta ley requiere que toda persona en la paga de intereses extranjeros se reporte al gobierno de EEUU y describa con cierto nivel de detalle qué está haciendo, quién le paga y cuánto.

Para que progresen las relaciones entre Washington y Habana, la administración de Obama tiene que tomar acción en torno a estos agravios legítimos de la nación cubana.

- Carmelo Ruiz Marrero es autor y periodista puertorriqueño, y colaborador del Comité Puertorriqueño de Solidaridad con Cuba.

Artículo para ALAI.

1) Telesur, 9 de septiembre 2014. http://www.telesurtv.net/news/Cuba-ha-perdido-116.800-millones-de-dolares-por-el-bloqueo-20140909-0029.html

2) http://carmeloruiz.blogspot.com/search/label/Carlos%20Mu%C3%B1iz%20Varela

3) “Luis Posada Carriles, the declassified record. CIA and FBI Documents Detail Career in International Terrorism; Connection to U.S.” National Security Archive, 10 de may0 2005. http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB153/index.htm

4)  Telesur English, 13 de junio 2015. http://www.telesurtv.net/english/news/US-Allocates-Democracy-Funds-for-Cuba--20150613-0009.html