En algunos meses deberá ponerse en funcionamiento la nueva jurisdicción de paz consensuada recientemente entre el Presidente Juan Manuel Santos y el Jefe de las Farc. Con el informe sobre la verdad acerca de la violencia y la guerra en Colombia, esta nueva institución deberá abordar muchos, cientos de casos criminales, uno de los cuales resalta por la magnitud de sus hechos, es el de Álvaro Uribe Vélez y su cadena interminable de delitos y actos de sangre contra la sociedad.

Justicia pedimos millones de colombianos a los nuevos magistrados, muchos de ellos extranjeros y reputados juristas.

El proceso de paz sigue su marcha inexorable. La cristalización de un gran consenso sobre el tema de víctimas y justicia es un acontecimiento político de gran envergadura, acompañado por la presencia y el saludo cordial entre el  Presidente Juan Manuel Santos y el Jefe de las Farc en la ciudad de La Habana, con la voz de aliento del Papa Francisco, quien instó a proseguir en las tareas para que el fin de la guerra en Colombia sea un hecho inminente.

Tenemos ya un amplio acuerdo en materia de justicia para la paz, con un pivote en la acción restaurativa o reparadora, descartando la acción punitiva y carcelera que refleja la visión de la ultraderecha retrógrada y fascista.

La coincidencia alcanzada y pactada crea una jurisdicción especial para la paz, la que se materializará en un Tribunal de paz, cuatro salas de justicia y 20 o 40 magistrados, varios de los cuales serán reputados juristas internacionales, alejados de las presiones y cuotas politiqueras de los clanes dominantes en el Estado oligárquico colombiano que son los que siempre han definido las putrefactas instancias judiciales vigentes con las Cortes conocidas donde pululan personajes delincuenciales como Jorge Pretel y cia.

La nueva instancia judicial de paz, cuya constitución depende del trámite del Acto legislativo que le otorga facultades especiales al Presidente Santos y de un amplio y sólido informe sobre la verdad de la violencia ocurrida durante las últimas décadas, como una acción sistemática estatal para eliminar a la izquierda y a los movimientos democráticos, debe avanzar en profundas investigaciones criminales y en decisiones en cuanto a penas para los principales sujetos involucrados en actos de exterminio sistemático de quienes ejercieron el derecho a la oposición y critica de un sistema social y político organizado para proteger los intereses de la casta dominante en la nación, sus regiones y municipios.

Una de las situaciones que deberá avocar dicha esfera será la situación criminal del señor Álvaro Uribe Vélez, quien ha pretendido, de mil formas, dejar en la impunidad la larga cadena de delitos cometidos en su vida privada y pública, como funcionario de varias entidades del gobierno.

Uribe Vélez,  el socio de Pablo Escobar y las bandas del narcotráfico; el creador y promotor de los grupos paramilitares; el cómplice de las masacres y asesinatos de campesinos, sindicalistas, líderes de la UP, activistas de derechos humanos; el impulsor del desplazamiento violento de más de 6 millones de campesinos; el gestor de la parapolítica con decenas de funcionarios asociados a la criminalidad; el artífice de la infiltración paramilitar en el Estado; el cerebro de los “falsos positivos”; el  organizador de las interceptaciones telefónicas de magistrados y de miles de opositores a su régimen; el socio de generales asesinos y narcotraficantes; el facilitador del saqueo a los recursos del Estado; y el invasor de otros Estados.

Ese sujeto. Esa metáfora criminal convertida en la pesadilla colectiva de millones de seres humanos por su demencial conducta, debe ser objeto de atención especial por el nuevo ente judicial de paz.

La paz de Colombia requiere que él y sus miles de secuaces sean sometidos a los procesos penales correspondientes. Esa es la exigencia de millones de colombianos, de millones de víctimas que hoy vivimos el desamparo y la marginación colectiva.

Hay que seguir recogiendo y reuniendo, como lo hace con disciplina y tenacidad el Senador Iván Cepeda, todos los indicios y todas las pruebas para llegar con ellas hasta las salas del Tribunal de paz que se creará para que proceda la correspondiente instrucción penal, las acusaciones necesarias y las sanciones de rigor contra este criminal de guerra. En esa tarea no habrá descanso nunca. Téngalo por seguro Uribe Vélez. Nos vemos en los estrados judiciales de la paz.

Notas

Nota 1. Miente Gustavo Álvarez Gardeazabal en su columna Ariete del 28 de septiembre en el periódico ADN de Bogotá (http://diarioadn.co/bogota). Jamás ANNCOL ha pedido paredón para las uribestias, como él. Este transformer literario, que en otras épocas supo hacer la radiografía descarnada de la violencia chulavita en su natal Tuluá, con los años mutó en un politiquero inescrupuloso, lo que le ocasionó algunos años de prisión domiciliaria, por malos manejos como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca. Hoy, en su papel de francotirador y defensor del caballista del Ubérrimo, se da licencia para macartizarnos con los muy consabidos artificios del anticomunismo de la gusanería cubana de Miami.  Gustavo, paredón uribista el que nos hicieron con los “falsos positivos” de su jefe AUV, frente a los cuales usted calló muy orondo. Eso se llama cinismo y falta de ética. Se llama falta de honestidad. ¿No le parece?

Nota 2. Tiene razón el Senador Horacio Serpa quien hace notar el doble juego frente a la paz del Vice Presidente German Vargas Lleras, una reconocida ficha de la ultraderecha militarista. Este alto funcionario, haciendo un uso desaforado e ilegal de los recursos públicos, le hace zancadilla al proceso de paz mediante su respaldo abierto y parcializado a las candidaturas neoliberales y reaccionarias como la de Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá, quien se propone desmantelar las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años en la Capital de Colombia, y a los candidatos de la parapolítica que patrocina la mafia narca de los Char en la Guajira y otros sitos de la Costa Caribe, al igual que a los candidatos de la delincuencia gubernamental en el departamento del Quindío. Bien planteada la denuncia por el excandidato presidencial. Que Vargas Lleras renuncie y deje de sabotear la paz desde las altas esferas gubernamentales (http://www.olapolitica.com/vicepresidente-pe%C3%B1alosa-y-endoso-0.html)