En un largo artículo sobre la potencia transformadora en los diálogos de La Habana, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, Jairo Estrada, plantea que existe una alta probabilidad de transitar hacia escenarios de paz en Colombia incidiendo favorablemente sobre el actual campo de fuerzas, imprimiéndole un nuevo impulso al proceso de cambio político, socioeconómico y cultural democrático (no solo en Colombia) sino en Nuestra América. [1]

Para fundamentar su tesis sostiene que en Colombia no hubo sometimiento y rendición de la guerrilla, a lo que apostó el Estado colombiano ayudado por su socio estratégico número uno, los Estados Unidos, a través del Plan Colombia. Tampoco hubo toma del poder por la vía armada de parte de la insurgencia.

Para cumplir con el objetivo de derrotar la guerrilla, continúa el artículo, el Estado hizo un enorme esfuerzo fiscal, invirtiendo enormes recursos en la conformación de un ejército de más de 500 mil hombres, el tercero más grande del continente. Así mismo se empeñó en construir otro ejército paralelo, contrainsurgente, paramilitar, con apoyo de grandes empresarios, algunas trasnacionales, instituciones del estado, le concedió legalidad jurídica, etc. Ha sostenido, además, a lo largo de décadas, una campaña mediática y cultural cuyo propósito principal es señalar, acusar y condenar a la insurgencia como la enemiga número uno de la sociedad y la causante de las víctimas y la mayoría de crímenes de guerra, cuando se sabe que fue al contrario.

 Lo que busca el Estado con los diálogos es terminar la guerra, sin que le implique concesiones en el modelo económico y social, y escasamente hacer una reforma política que permita la participación de las guerrillas en la vida pública como partido o movimiento político legal.

 Por supuesto que en los puntos acordados en la mesa, sobre Desarrollo agrario integral, Participación política, Solución al problema de drogas ilícitas, Víctimas (que está casi terminado) y el acuerdo para destrabar el proceso con la propuesta de Jurisdicción especial para la paz, existe un potencial para el movimiento social y la sociedad en su conjunto para desarrollar y exigir el cumplimiento de lo acordado.    

 Sin embargo, a pesar de los avances en el movimiento social y político, campesino, afro e indígena persiste la dispersión y la fragmentación, afirma el profesor Estrada. Con lo cual estamos de acuerdo. No obstante, añadiríamos que hace falta un análisis amplio y una discusión profunda del potencial papel que hay en el movimiento social urbano que está por desatarse y aún no ha podido articularse y unificarse. En la idea, como apunta el artículo, de propiciar un proceso de democratización real en los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política del país.

¿Cómo será el potencial transformador en el campo popular, que surge de los diálogos de paz, si trabajamos por la articulación y unidad del movimiento social urbano? ¿Qué sujeto histórico de transformación puede emanar, de articular movimientos del campo con los que construyamos en las ciudades? Estas son preguntas adecuadas y en sintonía con el momento histórico de cambios que vivimos en Colombia, que merecen un debate profundo.  

Porque una cosa es el movimiento campesino, afro e indígena jugando su papel movilizador y  desencadenante, como lo ha venido haciendo, y otra muy distinta si desde las grandes urbes un movimiento social urbano se articulara ya no como espectador pasivo y solidario con las justas luchas del movimiento agrario en Colombia, sino actuando en el terreno de contribuir a ser alternativa de poder, que es una condición necesaria para lo que Jairo Estrada propone: propiciar un proceso de democratización real en los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política del país.  

 La tesis del artículo contribuye significativamente a ampliar la discusión de lo que llamamos las grietas, grandes y profundas grietas que existen en el resquebrajado edificio Estatal e institucional que ha sostenido a las clases dominantes que, a su vez, lo alimentan y protegen cultural, ideológica y militarmente. Es lo que han hecho por décadas.

Y es dentro de esas grietas y a través de ellas que sobrevivió y resistió el movimiento popular y alternativo en Colombia, a pesar de la larga guerra de exterminio que padeció y una de las principales causas de su repliegue histórico. De lo que se trata es de agrandarlas, en eso consiste el potencial trasformador del movimiento social que surge hoy en el contexto de los diálogos, hasta romper del todo el endeble edificio institucional que sostiene por la fuerza una clase que busca transitar indemne al nuevo momento de la historia del país. Sin contemplar, no tiene porque, cambios profundos en el modelo económico, social y cultural, salvo alguna reforma política, a pesar de estar en decadencia por la corrupción, la ilegitimidad y la criminalidad que adorna con propaganda mediática y promesas de paz. Tiene el poder, cuenta con una favorable correlación de fuerza aún.

 La firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, es el último intento por enderezar el decaído edificio institucional que sostiene a la oligarquía de doscientos años.

 ¿A qué se enfrenta el movimiento social y popular? A una oportunidad histórica que si dejamos pasar, como bien anota el profesor Jairo Estrada, será más difícil transitar el nuevo momento para incidir y propiciar cambios estructurales y de fondo en el modelo político, social, cultural y económico. No es pequeña la tarea. El movimiento social no se puede dar el lujo de desperdiciar el potencial de cambio que significan los diálogos y el Acuerdo sobre el fin del conflicto armado en Colombia.

- Oto Higuita es Historiador y ensayista - oto.higuita@gmail.com

Nota

[1] http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2970:algunas-consideraciones-sobre-el-momento-actual&catid=111:analisis-y-opinion&Itemid=482