Informes periodísticos de los últimos días indican que el cardenal del Perú, Juan Cipriani, líder de las tendencias más conservadoras nacionales e internacionales de la iglesia Católica, dispone de un paquete de acciones en la compañía minera Buenaventura, socia principal de la estadounidense Newmont en la explotación del proyecto aurífero Yanacocha. 

Hace un tiempo también se supo que el no hace mucho nombrado director del diario más importante del país, El Comercio, cabeza de un conglomerado de medios conocido como “la gran concentración” y que cuenta con un gran poder político, está ligado a la misma empresa minera a través de sus padres y tíos.

Podría seguirse investigando y se llegaría a saber los motivos por los que ha habido tantos defensores en las elites peruanas de los conflictivos proyectos de expansión de la empresa del oro y que no haya habido eco al saberse de las inmensas cantidades de dinero eludidas, con múltiples argucias, durante sus largos años de operación. Pero es cierto que la idea de una sociedad económica entre la gran empresa, la iglesia y la prensa no deja de ser inquietante.

La laguna negra

La voz quechua Yanacocha, significa en español Laguna Negra y hace referencia a una fuente de agua de 3.5 Has., que existía en el centro del lugar donde se inició el proyecto minero. Debajo de sus aguas, en el subsuelo, y en una amplia extensión de casi 180 mil Has., a alturas entre los 3,500 y 4,100 metros sobre el nivel del mar, había reservas de oro de alta pureza, mezclado con plata, que constituirían uno de los emporios mineros más ricos y rentables del sur de América.

El potencial minero de la zona fue descubierto por geólogos franceses del Bureau de Recherches Geologiques et Minières (BRGM), en los primeros años de la década de los 80. La riqueza del descubrimiento hizo que los franceses promovieran una sociedad entre Newmont Second Capital Corporation (Newmont), de los Estados Unidos, una de las mayores mineras del oro del mundo, Compañía Minera Condesa (Buenaventura) y el Banco Mundial a través de International Finance Corporation (IFC).

En el año 1990, se inician los trabajos preparatorios de la nueva mina y en agosto de 1993, en un área conocida como Carachugo, el presidente Fujimori vestido con overol y casco de minero salió de los interiores de la zona de trabajo con la primera barra de oro en la mano, haciendo de este hecho totalmente privado un logro económico de su gobierno. Desde ahí comenzó a generarse un ritmo creciente de producción que en 1995 llegó a sumar el primer millón de onzas de oro.

En el 94, sin embargo, Newmont-Buenaventura rompen con BRGM acusándola de responder a capitales australianos y de intentar la compra de la mayoría de acciones, lo que los condujo a todos a los tribunales y a buscar apoyo desde el poder de la época. Los franceses llevaron el caso ante el presidente Fujimori que los atendió y prometió interesarse en el tema.

A su vez, Newmont recurrió a Montesinos que llamó al juez que debía dirimir la causa y como consta en documentos grabados le indicó que apoyar a Newmont era un asunto patriótico relacionado con la alianza del país con Estados Unidos después de la guerra del Cenepa.

En 1999, se cerró la disputa con la victoria del tándem Newmont-Buenaventura que se quedó con las acciones de BRGM. Ese año, Yanacocha dejó de ser una Sociedad Anónima de Accionistas, para convertirse en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), que no admite nuevos inversores sin acuerdo de los socios principales y que no cotiza en la Bolsa. La Laguna Negra, entretanto, se había convertido en un inmenso tajo donde se producían febrilmente oro y plata para ser exportados a otros mercados.

El caso Conga

Yanacocha fue planeada para una explotación de alrededor de 20 años que presuponían la posibilidad de la apertura de un nuevo proyecto en Cajamarca con el que se repotenciarían las operaciones. El año récord de producción de Yanacocha se marcó en el 2005 con 3 millones 300 mil onzas troy de oro y 4 millones 165 mil onzas de plata, desde ahí se va produciendo una bajada progresiva en el producto final hasta llegar a un millón 17 mil onzas troy en el 2013.

Compensatoriamente los precios del oro siguieron un implacable ascenso entre el 2006 y el 2012, pasando de 605 dólares la onza en el 2006 a 1,670 en el 2012, es decir 176% más, o casi el triple en siete años, con el resultado de que, a pesar de la menor producción, los ingresos por ventas ascendieron espectacularmente. Así en el año 2006, Yanacocha lograba ventas por 1,580 millones de dólares y el 2012, por 2,250 millones de dólares. Unos 670 millones de dólares adicionales.

En el año 2004, Newmont-Buenaventura declaran su interés en ampliar su producción hacia el Cerro Quillish, muy cerca de la ciudad de Cajamarca, donde existen nuevas reservas de oro, lo que da lugar a una protesta masiva de campesinos y habitantes del área urbana que acusan a la mina de pretender afectar sus fuentes de agua y de dañar sus tradiciones culturales.

El conflicto de Quillish concluyó en la suspensión del proyecto en forma indefinida y en un cambio de la correlación de fuerzas en la región donde el tema de la relación con la mina empezó a dividir los campos y a hacer emerger una corriente de defensa contra la expansión indiscriminada de la minería.

En 2011-2012 se produjo el segundo intento de abrir un nuevo proyecto para prolongar la explotación de Yanacocha en el área conocida como Conga, que se convirtió en un nuevo grave conflicto durante casi un año, con un saldo de cinco muertos, estado de emergencia y heridas profundas en la región. El presidente Humala propició la caída de su primer gabinete para entrar a una franca represión de los opositores del proyecto y tuvo que obligar a renunciar a su segundo premier cuando percibió que la violencia se le iba de las manos, sin resolver el enfrentamiento de fondo.

Así, hasta hoy, no ha habido Conga ni en forma negociada, ni en forma impositiva; el Estado y la trasnacional no pudieron doblegar las protestas. Pero es evidente, que los dueños de Yanacocha no han renunciado a su pretensión y tal vez están a la espera de un cambio político en el país para volver a la carga. En la última elección de gobierno regional, se produjo la reelección de los opositores del proyecto Conga, por una alta votación, llevando a la cabeza a su presidente (gobernador, según la nueva nomenclatura), actualmente preso. Eso podía leerse como un mensaje inequívoco del pueblo sobre que Newmont-Buenaventura deberían preparar maletas para irse. Pero nada indica que hayan asumido los sentimientos de la población cajamarquina. 

Los impuestos

Para justificar los altos costos políticos-sociales (inestabilidad, conflictos), y los trastornos ambientales permanentes, que implican la sucesión de proyectos mineros en las mismas regiones, los gobiernos explican que gracias a estos proyectos se produce el ingreso de capitales y divisas en forma de inversión, se mantienen elevados niveles de exportación y se obtienen significativos montos de impuestos a favor del Estado que permiten solventar el gasto público, en especial en el área social.

Mirando el cuadro de inversiones de Yanacocha se ve sin embargo que el capital de la empresa minera a septiembre de 1994, era de 2 millones 105 mil dólares a los que se añadían diversos créditos hasta por 270 millones de dólares, teniendo como una de sus mayores fuentes al Banco Mundial. A partir de ese año los ingresos de la minera empiezan a crecer cada vez a mayor velocidad con el efecto que la inversión se termina pagando a sí misma. Las exportaciones a su vez alcanzan, en el 2012, un valor de 2,241 millones de dólares, que representó el 8.7% del total del ingreso minero, cuando la mayor parte de los precios de estos productos descendió en el mercado global, con excepción del oro, que empezó a hacerlo el año siguiente.

Finalmente en 20 años de operación (1993-2013), Yanacocha ha pagado impuesto a la renta al Estado peruano por 2,438 millones de dólares de donde se extrae el llamado canon que se entrega a las regiones donde se desarrolla la actividad minera, la cantidad de 1,258 millones. Parece un monto considerable. Pero oculta una profunda falta de fiscalización sobre todo el movimiento económico de la empresa. Es como si el Estado se contentara con una cifra más o menos interesante y no que exigiera el cumplimiento estricto de la ley.

Si se observa que en 2006, cuando el precio del oro se hallaba sobre 605 dólares la onza y las ventas totales llegaban a 1,636 millones de dólares, se generaba un impuesto de 256 millones de dólares, y que en el 2012, con un precio de 1,670 dólares la onza, las venas crecían hasta 2,241 millones de dólares mientras los impuestos pagados se ubicaban en 288 millones. Es decir las ventas crecieron 37% por el efecto precios, pero los impuestos pagados lo hicieron en solo 12.5%. ¿Cómo explicar esta incongruencia?

La única solución al problema está en la revisión de los costos de producción de la empresa que sufrieron aumentos espectaculares. Así por ejemplo en el 2006, el costo de una onza troy de oro en Yanacocha era de 245 dólares, y el 2012, para ese mismo resultado se requería 712 dólares (el 2013, se llega a 1,001 por onza troy). Esto significaría que en Yanacocha cada año cuesta más producir, a pesar de su fama de empresa rentable, pero cuesta más en costos indirectos que en directos. Lo que ha ido pasando es que la minera por decisión de sus propietarios ha ido aumentando sus inversiones en exploración y equipamiento del proyecto nuevo (Conga), colocándolos como si fueran gastos de Yanacocha y liberándolos de impuestos.

Este dato es clave porque en el 2013, el primer año en el que la empresa dio pérdidas y el que seguía al conflicto de Conga, no solo son sustantivamente más altos (1,001 por onza troy), cuando los precios internacionales empiezan a bajar, sino que adicionalmente añade un rubro especial denominado “deterioro de activos de larga duración”, por un monto de 1,038 millones de dólares, que determina que a la diferencia entre las ventas totales: 1,487 millones de dólares, y los costos de venta y operación: 1,049  millones, tuviera un resultado positivo antes de impuestos de 338 millones, que por efecto de la nueva carga se convierte en una pérdida bruta de 700 millones. El Estado deja de percibir impuestos y Yanacocha deja de repartir utilidades entre sus socios y también a sus trabajadores.

Por lo que se sabe, este esquema se repite el año 2014, con nuevas pérdidas, cero impuestos y los adelantos a cuenta señalados por ley convertidos en una acreencia de la minera. ¿Por qué se deterioran activos de largo plazo, en una empresa que no tiene “largo plazo”, porque está cerrando el ciclo de la veta de oro de Yanacocha? Solo puede haber una razón que es que tras el conflicto, los socios mayoritarios se están reponiendo en dinero, de la inversión que ya realizaron para Conga, también con plata de Yanacocha, y haciendo una caja para el caso que el proyecto saliera adelante.  En otras palabras, pagan Conga con dinero de Yanacocha, a pesar de que se dice que nos estamos perdiendo una gran inversión, dejando de pagar impuestos y canon, y luego se cobran esas inversiones nuevamente descontando a las utilidades.

El monto de impuestos que este juego ha permitido eludir está necesariamente sobre los mil millones de dólares, y podría ascender a 2 mil millones si se hace el ajuste de los costos a lo que otras minas de oro en el Perú requieren para producir una onza troy. En cualquier caso, se podría haber cobrado entre 40 y 80% adicionales de impuestos que Yanacocha habría logrado eludir. La SUNAT (entidad de cobranza y supervisión de pago de tributos) no ha querido investigar esta información que ha sido presentada formalmente desde el Congreso de la República. Hay entre falta de voluntad y complicidad con la gran empresa, que se va haciendo más crítica cuando entramos en la última fase de la explotación de Yanacocha y hay pocas esperanzas de que los cajamarquinos acepten un nuevo proyecto, después de la experiencia vivida con más de veinte años de gran minería, que ni siquiera ha pagado los impuestos justos a los que estaba obligada.

(Este artículo toma como base el trabajo de investigación: La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha; elaborado por Raúl Wiener y Juan Torres Polo, Ediciones Latindadd, diciembre del 2004.  La información estadística puede ser consultada en dicho texto) 

- Raúl Wiener es peruano, periodista de investigación con una amplia trayectoria en prensa. Además, es autor de varias investigaciones publicadas por editoriales nacionales.