Según el Censo de 2010, la población urbana de Brasil alcanzó el 84%, son más de 160 millones de brasileños que viven en zonas urbanas.  La ciudad se ha convertido en un gran negocio, el buque insignia es la corrupción inmobiliaria, obtener ingresos sin producir nada, a través de la colusión con los poderes públicos, en la definición del uso del suelo y el incumplimiento de la función social de la propiedad, como lo determina la Constitución.

Las políticas públicas también han sido el blanco del capital privado.  La tercerización de los servicios y de las políticas públicas, acompañadas de la precarización de éstos, llevará a las ciudades al caos.  Pero ¿por qué el Estado dejó de cumplir su papel?

Si analizamos la financiación de las campañas electorales, vemos que hay un círculo vicioso y pernicioso que mantiene a los candidatos como rehenes de los intereses privados.  Es el fracaso del interés público y de la democracia.  En resumen, usted vota, pero quien decide el rumbo de las ciudades es el capital privado.

Las campañas electorales sustituyeron a los militantes por el individuo que consigue votos para un candidato a cambio de dinero o de favores, las movilizaciones y debates de la calle por los expertos en marketing, que manipulan y moldean candidatos de acuerdo a las encuestas de opinión.  Ya no hay más una identidad político-ideológica, los partidos están perdiendo su papel político.

Esta mezcla entre el capital privado, expertos en marketing y grandes medios de comunicación, impone la agenda a la sociedad y se configura como la primera arma del capitalismo para manipular a la sociedad en favor de sus intereses, escamoteando el interés público.

Corrupción galopante

La producción de viviendas, instalaciones públicas y la prestación de servicios públicos, están contaminados por intereses privados, que financian campañas electorales y luego pasan la cuenta por esa "inversión".  La política de tercerización ha sido extendida, incluyendo los servicios de salud y el transporte "público", entre otros, a fin de garantizar los ingresos y mayores ganancias al capital privado.  Y son estos capitalistas, que se benefician de contratos millonarios, los financistas (o inversores) de las campañas electorales.  ¡Este es el núcleo duro de la corrupción en Brasil!

La corrupción se extiende como un virus fuera de control, es un agujero negro que absorbe todo a su alrededor y es la comida que alimenta al sistema capitalista.  El capital nacional e internacional compra todo, soborna a todos: directores de las empresas estatales, fiscales, jueces, políticos, periodistas y propietarios de empresas de medios de comunicación (con las asignaciones para publicidad).  Convence a la gente de que este es el mejor sistema para la humanidad, a pesar de la putrefacción.  Es la concepción que tienen de su mundo.  Es la perdición de la humanidad.

Encontramos la corrupción en los más variados poros de la sociedad.  Quién tiene la fuerza y el poder, agarra lo que puede.  Y la depravación se generaliza, muchos que no tienen poder optan por trampear para obtener ventajas sin realizar un trabajo productivo, lo que a menudo no es más que una forma de corrupción generalizada.

La democracia sólo podrá ser plena con la efectiva participación popular en la toma de decisiones sobre el rumbo de la política pública y el uso del suelo.  La especulación, o corrupción, inmobiliaria traba la democratización, quita derechos y está inviabilizando la vida en las ciudades.  Los inmuebles ociosos en los centros urbanos y los terrenos vacíos sin función social son fieles retratos de cómo la corrupción inmobiliaria socava nuestras ciudades.  Persiste la expulsión de los más pobres a las periferias de las ciudades, sin infraestructura o servicios públicos.

Situación de exclusión

Esta expulsión, por si sola, produce la exclusión de la mayoría de la población, no sólo del derecho a la vivienda, sino del derecho a la ciudad con toda su infraestructura y servicios: transporte deficiente, saneamiento inadecuado, drenaje inexistente, dificultad de abastecimiento, difícil acceso a los servicios de salud, educación y guarderías, una mayor exposición a la ocurrencia de inundaciones y deslizamientos de tierra, sumándose a esto, la ausencia casi absoluta de empleo formal.

Todo esta situación de exclusión y falta de alternativas lleva a la constatación de que, donde la población es más pobre de ingresos, falta más infraestructura y mayores son los índices de violencia policial y de homicidios.  En las zonas periféricas de Brasil, está en curso un verdadero genocidio de la población pobre, predominantemente joven y negra.  Las tasas de homicidios en São Paulo pueden variar desde menos de 10 muertes por cada 100 mil habitantes, en un barrio rico de São Paulo (Alto de Pinheiros), a 222 en un barrio pobre (Jardim Angela), como revelan las investigaciones.

Actualmente hay un intenso debate en la sociedad brasileña sobre el tema de la reducción de la edad penal de 18 a 16 años, bajo la justificación de la reducción de la violencia.  Datos de UNICEF muestran que menos del 1% de los homicidios son cometidos por jóvenes menores de 18 años.  El cálculo del 1% hecho por este organismo es una estimación basada en los informes de violencia difundidos por el gobierno y por los académicos entre 2002 y 2012.  De acuerdo a UNICEF, el 2,8% de los asesinatos fueron cometidos por menores de edad, y el 1% por jóvenes de entre 16 y 17 años.

Hay indicios que indican que el interés real de este descenso es el aumento de la población carcelaria, con el fin de tercerizar las administraciones penitenciarias a fin de, una vez más, garantizar las ganancias y generar mayor renta al capital privado, además de que hay, por supuesto, toda la carga ideológica y de segregación social que la elite brasileña impone a la mayoría de la población.

Toda esta situación de exclusión de los derechos fundamentales: vivienda, salud, educación, transporte, saneamiento, recreación, oportunidades de trabajo y de profesionalización, expulsa a esta población de la ciudad legal y la empuja a la periferia de la periferia, es decir, donde el mercado inmobiliario no tiene ningún interés, porque allí la infraestructura no llega, y no hay rentabilidad.

Modelo insostenible

El transporte público masivo y de calidad debe ser una prioridad del poder público, pero en la práctica es el automóvil el que controla las mentes y los corazones de la gente y los gobernantes.  Este modelo, insostenible y resultado de la ausencia del poder público y de la planificación estratégica, es coherente con el mercado inmobiliario y sus intereses.  Eso quiere decir que las vías públicas, además de dar visibilidad electoral tradicional, rinden muchos recursos para las campañas electorales y agregan valor a las propiedades ubicadas en sus alrededores.  ¡Esta es la forma más cruel de corrupción inmobiliaria!  Más allá de la especulación inmobiliaria, quita derechos como el transporte público, la vivienda y el derecho a la ciudad en su plenitud para la mayoría de la población.

Esta política tiene un enorme impacto en las finanzas personales y públicas.  Para los individuos: impuestos como el IPVA (Impuesto sobre la Propiedad del Vehículo Automotor), zona azul, estacionamientos privados, entre otros.  Para las finanzas públicas: conservación de vías, enormes gastos en salud y bienestar, debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito, y los diversos casos de problemas respiratorios y de estrés provocados por el ruido y la contaminación atmosférica.  ¡El costo de la ciudad de élite es insostenible!

El modo de funcionamiento de las ciudades, que produce desigualdades, está al servicio del capitalismo, y tiene como sus principales actores los mercados inmobiliario y financiero, que usurpan a través del rentismo y los recursos públicos que deberían ser canalizados hacia las políticas públicas y sociales.

Para hacerse una idea, el pago de intereses de la deuda pública en Brasil representa el segundo gasto más importante del país: en 2014 fueron 300 mil millones de dólares, dinero que beneficia a las 20.000 familias más ricas.  Altos intereses sólo benefician a la especulación financiera, o sea a los parásitos que no contribuyen a la producción y el desarrollo.  Por otra parte, sólo en 2014, los ricos obtuvieron 500 mil millones de dólares.  Esta forma cruel de la corrupción no se denuncia en los medios de comunicación, ni es enfrentada por el gobierno.

El ajuste fiscal propuesto recientemente por el Gobierno Federal no enfrenta este problema y quiere pasar la cuenta al pueblo.  El ajuste fiscal tiene que ser aplicado a los ricos, con el aumento de los impuestos sobre la renta y las herencias y la implantación de impuestos sobre las grandes fortunas.

Reforma política

Es necesaria y urgente una reforma política que amplíe los canales de participación popular con carácter deliberativo, para evitar el financiamiento privado de las campañas.  Sin estas medidas, estamos caminando a pasos agigantados hacia la barbarie, tan grave es el nivel de segregación y exclusión.

Las ciudades, para ser democráticas, deben tener una fuerte intervención del poder público en la regulación del uso del suelo y en la planificación urbana.  En ambos casos, la participación popular y el control social son determinantes.

La ciudad es un espacio privilegiado de la lucha de clases contra el capitalismo depredador y en contra de la furia y codicia de la derecha.  Luchar es necesario, una sociedad justa e igualitaria, social y ambientalmente acogedora, será obra de la clase trabajadora. (Traducción ALAI)

- Eduardo Cardoso es coordinador general de la Central de Movimientos Populares, coordinador del Movimiento Sin Tierra de Lucha y Consejero Nacional de las Ciudades.