Las elecciones presidenciales de la Argentina (25/10/2015) vinieron con sorpresa, aun cuando y como se esperaba ganó el oficialismo por escaso margen (36,86% a 34,33%), algo así como 9 millones de votos para el Frente para la Victoria y aliados, mientras que la coalición Cambiemos colectó 8.400.000 votantes. Es la primera vez en la historia política argentina, que una opción electoral alineada a la derecha protagoniza una acción de masas de esta magnitud, con el antecedente de 8 años en el gobierno de la ciudad capital, y que ya renovó para otro periodo. Vale recordar que la división de las opciones kirchneristas en 2007 le abrieron las puertas al gobierno de Mauricio Macri.

A una semana del acto eleccionario existe incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta para el 22/11. Curiosamente, el protagonismo principal en la disputa del voto proviene de la primera mayoría, donde preocupa el ascenso impensado de la opción opositora, que aprovecha el impulso de una votación quizá impensada. A partir de esa realidad es que se mantienen las incógnitas sobre el futuro de la política económica. ¿Qué propuesta se impondrá para atender el problema de la inflación? Es decir, cuál será el horizonte en materia de precios, especialmente de las divisas, y con ello la distribución del ingreso y de la riqueza. La tendencia actual es preocupante, especialmente para los sectores de ingresos fijos.

El dato más novedoso fue el triunfo de la oposición de derecha en la provincia de Buenos Aires, la más grande de la Argentina, casi el 40% de la expresión electoral nacional. Como dato no menor y en simultáneo, gane quien gane la segunda vuelta del 22 de noviembre próximo, los distritos con más población y de mayor peso económico estarán gobernados por la actual oposición. Además de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires gobernada por el PRO, debe incluirse en esa situación, aun con matices de sus gobiernos, a los socialistas en Santa Fe; justicialistas disidentes en Córdoba y los radicales en Mendoza y Jujuy; casi en todos los casos producto de coaliciones opositoras al kirchnerismo, gobernante por 12 años en la Argentina. Sin duda, una nueva historia para la política y la economía en la Argentina.

Celebración del poder y defensiva gubernamental

Entre los sectores hegemónicos del poder económico hubo celebración por los resultados, aun cuando anticipadamente otorgaban crédito a cualquiera de los principales candidatos en la disputa por el gobierno. Ambos son amigables con el poder económico y mediático.

La celebración fue puesta de manifiesto en los negocios procesados en la bolsa de valores y las acciones e iniciativas especulativas. La agenda del poder en política económica fue ratificada en la perspectiva del ajuste y la devaluación, con costo, claro está, para la mayoría de la población, los que viven de ingresos fijos, sean trabajadores activos, jubilados o beneficiarios de planes sociales, incluso, empresarios cuyo destino es la actividad económica en el mercado interno.

En el marco de esa agenda, la preocupación gubernamental apunta a frenar operaciones que disparen anticipadamente la elevación de la cotización de las divisas. Para ello, el BCRA aumentó las tasas de interés sobre los plazos fijos para estimular inversiones en pesos por sobre la demanda de dólares; al tiempo que agudizó las restricciones a la compra de divisas en el mercado local y acelerar la liquidación de activos en divisas de las compañías de seguro. Al mismo tiempo estimula el mercado a futuro para marzo del 2016 con una cotización de 10,80 pesos por dólar. Un gran negocio para especuladores con capacidad de inversión en el corto plazo y que desde ahora descuentan una segura devaluación con el cambio de gobierno. Son medidas que encarecen el crédito y fortalecen las inversiones especulativas de corto plazo, con impacto directo en los precios, que no crecen más por las condiciones de estancamiento presentes desde hace tiempo.

El discurso electoral es convergente hacia el centro, intentando ampliar los núcleos duros de consenso. Por eso desde el opositor Macri se apunta a cambios en las formas de la política más que en nuevos rumbos de la orientación económica, aunque es previsible una mayor relación con el bloque que en la región estimula la liberalización de la economía. El desemboque de ese rumbo es más amigable con la Alianza del Pacifico, que empuja EEUU con sus aliados regionales en México, Colombia, Chile y Perú.

Queda muy lejos un balance crítico a la subordinación liberalizadora que hace una década se sostenía contra el ALCA, que ahora resurge bajo nuevas formas de integración subordinada. El intento de Scioli aparece complicado, con historia y perfil a la derecha del gobierno, lo que provoca discusión al interior del consenso oficial. En esas condiciones realiza esfuerzos por asimilarse lo más posible al imaginario del votante oficialista y enunciar nuevas propuestas. En ese sentido intentó difundir un compromiso con la demanda del 82% móvil del salario mínimo, intentando asociar la propuesta a la que sostiene el movimiento de jubilados y fue descalificado inmediatamente por la opinión presidencial, quién recordó que oportunamente había vetado esa iniciativa. Las propuestas relativas a las actualizaciones impositivas para la cuarta categoría también parecen llegar a destiempo.

Ambos candidatos disputan el consenso mostrando confiabilidad en la atracción de inversiones externas y capacidad para intervenir en la reinserción de la Argentina en el mercado financiero, lo que supone negociar con los inversores no ingresados a los canjes de deuda del 2005 y 2010, incluidos los fondos buitres que cuentan con la sentencia del Juez Griesa ratificada en instancias superiores. Un tema agravado con la asimilación dispuesta en estas horas a los llamados “me too”, otros inversores que demandan igual beneficio que el logrado por los buitres en la justicia de EEUU.

El debate político en estas horas es intenso, con el objeto de mostrar diferencias de orientación en uno u otro de los candidatos y claro, existen matices entre ellos, especialmente sobre la base social de sustento de cada uno y de la posibilidad para desandar cierto consenso social construido desde la crisis del 2001, que incluye, obvio, la resistencia a las políticas de reestructuración reaccionaria generalizadas en los 90. En esa consideración es que más allá del resultado electoral y la gestión presidencial emergente, el movimiento popular organizado en diversas experiencias con pretensión alternativa, incluso a la dominación capitalista, interpondrá límites a cualquier objetivo de restauración conservadora. No se trata de una expectativa esperanzada, sino del desafío que supone la coyuntura para construir y avanzar en un camino por la emancipación.

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2015

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.