La pobreza y el hambre en el Perú y el mundo tienen un gran vínculo con los usos de la tierra y de quiénes la administran y claro, con el papel del Estado en esta relación.

En América Latina, el 81% de los productos que nos alimentan en la mesa de nuestros hogares día a día, provienen de la pequeña agricultura familiar. Son estos agricultores quienes generan más trabajo en nuestros países, ocupando entre el 57% al 77% de la población económicamente activa.[1]

En Perú, más del 90% de los productores agrarios peruanos son agricultores familiares. Más del 75% de los alimentos que consumimos provienen de sus tierras y trabajo diario. Estos agricultores operan en su mayoría en parcelas menores a las 5 hectáreas.[2]

Según el programa de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) los niveles de hambre se han reducido de manera importante en nuestro país, sin embargo, al 2015, existirían aún 2,3 millones de personas que sufren hambre.[3]

El Instituto Nación de Estadística e Informática (INEI), indica que hasta el año 2014, la pobreza afectaba al 33,8% de la población de la Sierra, al 30,4% de los residentes de la Selva y en la Costa (incluye Lima Metropolitana) al 14,3%a población. Esta pobreza además tiene un perfil a considerar: el 64% habla una lengua nativa amazónica, el 34,1% habla Quechua o Aymara, el 39,3% son trabajadores familiares no remunerados y el 42% se dedican a actividades primarias o extractivas como la agricultura, pesca y minería.

Hasta nuestros días, los programas sociales están enfocados en temas asistenciales, sin embargo, la inversión para que estos agricultores desarrollen su actividad de manera sostenible, es bastante pequeña en relación al peso económico y poblacional de la agricultura familiar. Los agricultores que reciben asistencia técnica son un 11% y los que acceden a créditos un 8%.

En un reciente Foro Latinoamericano Andino Amazónico realizado en Bolivia en septiembre del presente año, el ecuatoriano Eddy Timias, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA resaltó, que sólo en la cuenca amazónica de América Latina, viven 390 pueblos indígenas que ocupan poco más de 170 millones de hectáreas y cuentan con una población de 2.586.012 personas pero, que cerca de 24 millones hectáreas de sus territorios en la región, se encuentran en disputa.[4]

Estos pueblos Amazónicos como otros pueblos indígenas, son los más pobres entre los pobres en América Latina, y los que tienen menos asegurado sus territorios y apoyo de los Estados para desarrollar una agricultura amigable con los bosques, el medio ambiente y que valore sus conocimientos ancestrales.

El Congreso de la República en Perú, en octubre del presente año, ha aprobado una Ley Marco de Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar en el Perú[5]. La norma recién ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo y se debiera contar con un reglamento en los próximos 90 días a partir del 4 de noviembre del presente.

Todos aquellos que reconocemos, por lo indicado, la importancia de la agricultura familiar en nuestro país, necesitamos motivar que esta norma sea reglamentada en breve.

De igual forma, necesitamos reconocer las agriculturas de nuestro país y la desigualdad sobre estas. Los pueblos cercanos a la Costa tienen mayor interés de las grandes inversiones bajo zonas irrigadas por la facilidad para explotarlas pero, estas zonas no producen la mayor riqueza alimenticia de nuestro país. La zona Andina y Amazónica son las más rezagadas por el Estado. De manera particular la zona Amazónica que tiene un potencial adicional, sus Bosques. Esto significa que para la Amazonía, el Estado tiene una doble responsabilidad, apoyar una agricultura sostenible pero, además, una agricultura que sea amigable con la conservación y usos del mayor pulmón de América Latina.

Esto tiene plena y directa relación con la pobreza y el hambre. Ayudar a estos agricultores a desarrollar sus potencialidades, significa mejorar la actividad económica que da más trabajo en el Perú y que aún, podría generar aún más puestos de trabajo. Esto además significa no invertir en mono cultivos y prácticas no sostenibles de uso de pesticidas y abonos artificiales sino, potenciar la inmensa biodiversidad y formas alternativas de agricultura de nuestros pueblos.

¿Será posible asumir éste reto? ¿Seguiremos apostando por el asistencialismo o políticas de venta de nuestros territorios para que sean terceros los que se lleven nuestras riquezas? ¿Podemos hacer posible una inversión social, cultural y ambientalmente responsable?

- Jorge Arboccó es Antropólogo Peruano