Resulta alentador que el subsecretario Luis Enrique Miranda no se adhiera al clima de amenazas crecientes y de confrontación cada vez más aguda que distingue a la Secretaría de Educación Pública desde que la dirige Aurelio Nuño, sobre todo en la aplicación a rajatabla de la evaluación educativa, misma que encuentra en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respuestas dizque radicales al ejercer, como sucedió el fin de semana en Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, las llamadas acciones directas, también conocidas como vandálicas y que denuncian como producidas por infiltrados.

Para Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y quien desde el principio de la gestión de Enrique Peña Nieto fue el responsable de negociar con los líderes de la CNTE, ésta “no es un foco rojo. No se trata de derrocar, sino convencer de la necesidad que tiene el magisterio de evaluarse”.

Y mientras Nuño Mayer y el salinista Otto Granados, otro de los improvisados subsecretarios en la SEP, hablan de “sabotaje”, “acciones penales” y “despidos” contra los que interrumpieron su jornada de evaluación docente en el puerto, Miranda explicó a Fabiola Martínez que “ningún maestro será despedido. Aun cuando no saliera avante en la prueba”.

El funcionario de toda la confianza del presidente reconoció, a diferencia del presunto favorito para ocupar la candidatura presidencial del Revolucionario, que “La reforma educativa generó descontento en muchas personas que no quieren evaluarse o que quieren seguir con la dinámica de muchos años anteriores; (esta dinámica) se ha roto, se está rompiendo y se tiene que privilegiar sobre todo el diálogo”, comentó a La Jornada del día 15.

Diálogo, subrayó Miranda, mientras Nuño amenaza un día sí y otro también a los que no forman filas en el gobiernista SNTE. Lo dijo el subsecretario enseguida de la negociación que realizó con los obreros agrícolas de San Quintín y puso como ejemplo que eso hizo Miguel Osorio con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los padres de los 43 de Ayotzinapa. Importa lo dicho y el momento, no tanto si corresponde plenamente a la realidad.

En torno a la sustancia del tema le comparto puntos resolutivos de los especialistas reunidos en Chihuahua capital, del 16 al 20 de noviembre:

 “2. La reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le dé sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en nuestro país.

“3. Los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta debida a los maestros. Se les concibe como objetos y no como sujetos, actores imprescindibles en la transformación requerida. La reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Con ello, no sólo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.

“4. Además de tener carácter punitivo, los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. (…)

“5. Consideramos que ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, ni permiten atender las profundas necesidades educativas de nuestro país.”

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