No habían pasado ni 24 hrs de la victoria electoral de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas, que el famoso diario La Nación publicaba un editorial donde pedía el fin de los juicios a los militares responsables de crímenes lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar argentina, a la vez que exigían el fin de la “persecución” de los cómplices civiles investigados por el poder judicial nacional, ya que para ellos, la justicia que tanto costó conseguir, no es más que “ansias de venganza”. Este editorial tuvo una fuerte repercusión en la sociedad civil argentina, y en los sectores populares, de izquierda, progresistas, defensores de los derechos humanos, etc., encendió una alarma de preocupación, pero definitivamente nadie pudo decir que se sorprendía por esto.

No hubo sorpresa porque La Nación, por más aberrantes que nos puedan parecer sus posturas, siempre mantuvo una coherencia ideológica, oligárquica y pro burguesía imperial, que se sostuvo desde su fundación por Bartolomé Mitre, ex presidente argentino, en el año 1870, hasta nuestros días. Postura que los ha llevado históricamente a oponerse a cualquier movimiento popular o expresión política con características populares tanto en Argentina como en resto del mundo.

Tampoco sorprendió, porque esta postura sobre los juicios a los responsables del terrorismo de estado no es nueva, y se explica fácilmente al analizar la complicidad del medio con la última dictadura, que en los años 1976-1977 les llevó a obtener una considerable recompensa, que los represores los convirtieran en accionistas de Papel Prensa S.A junto a los diarios Clarín y la Razón, por cuyo hecho la cúpula de los 3 medios, junto a los del diario La Prensa, se encuentran en la actualidad imputados judicialmente. Por lo tanto, al leer este editorial, se debe hacer en clave de una exigencia al gobierno entrante, al cual han ayudado a lograr la victoria electoral, de cerrar la causa cuanto antes.

La respuesta no se hizo esperar, diversas organizaciones sociales salieron a responderle al diario La Nación de forma inmediata y expresaron su disconformidad absoluta con la publicación, a la vez que advertían el olor a revanchismo que se podía, y se puede, percibir de los diversos sectores que respaldan a Mauricio Macri y que lo catapultaron a la victoria electoral del 22 de noviembre pasado. Una de las voces que más fuerte se alzó contra el editorial de este diario, fue la de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quién expresó, desde la TV Pública, no llamarle la atención dicha editorial ya que “el diario La Nación siempre estuvo en las antípodas de nuestra lucha por los Derechos Humanos”, a la vez que señaló que el objetivo de la editorial es “condicionar al gobierno actual a que ya empiece a pensar en abrir las cárceles para estos genocidas”. Quien también se expresó fervorosamente en contra de La Nación, fue el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien lo hizo mediante una carta abierta al famoso diario argentino, en donde, entre otras cosas, manifestaba que “(…) la memoria es necesaria para iluminar el presente y que no vuelva nunca más el odio, el revanchismo y la venganza, pero usted (por Bartolomé Mitre, dueño de La Nación) pretende volver a esos tiempos de oscurantismo que vivió nuestra Patria.”. Tal fue la repercusión y las voces que se manifestaron contra este ya tristemente célebre editorial, que los propios empleados de La Nación se expresaron públicamente en repudio del mismo.

Ante tamaña repercusión, ¿Hubo algún repudio de Mauricio Macri para con el editorial? Obviamente la respuesta es negativa. Lo máximo que pudo expresar es que los juicios continuarían, ahora bien, ¿Qué seguridad podemos tener de que esto ocurra en el gobierno de alguien que no solo no repudió el vergonzoso editorial de La Nación, sino que siempre manifestó que con él se acabaría el “curro de los Derechos Humanos”? La verdad es que es difícil de imaginar al flamante presidente argentino como un acérrimo defensor de los Derechos Humanos, de hecho, es mucho más fácil imaginarlo cercano a las posturas de La Nación. La designación por parte del nuevo gobierno argentino de funcionaros que fueron parte de la dictadura cívico-militar o que, si no lo han sido, por lo menos han defendido a los genocidas públicamente, hablan por sí mismas. Por ejemplo, se puede mencionar la designación de Juan José Gómez Centurión, al frente de la Dirección General de Aduana, un ex “carapintada” que participó de dos levantamientos militares, tanto en 1987 como en 1988. También se puede mencionar a Diego Guelar, nuevo embajador en China, quien años atrás manifestó la necesidad de una amnistía para los responsables de la última dictadura cívico-militar. A su vez, considero necesario destacar la opinión de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, uno de los partidos que conformaron la alianza Cambiemos, junto al Pro y parte de la UCR, quién expresó públicamente la necesidad de liberar, debido a su ancianidad, a los represores encarcelados.

Hace apenas unos días se celebró la Cumbre Social de los Pueblos del Mercosur, en donde Macri denunció violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, en un claro intento de injerencia en la política de un país soberano por parte del nuevo presidente argentino. Ante lo expuesto anteriormente habría que preguntarse ¿Con qué autoridad puede hablar de Derechos Humanos? ¿Con qué autoridad habla de Derechos Humanos alguien que no es capaz de repudiar un editorial que le pide claramente el fin de los juicios y la liberación de los genocidas encarcelados? ¿Con qué autoridad habla de Derechos Humanos un presidente que designa como funcionarios públicos defensores de la última dictadura cívico-militar argentina, o a ex funcionarios de la misma? Definitivamente, alguien por el estilo, no tiene ningún tipo de autoridad, principalmente moral, para hablar de Derechos Humanos, y menos aún para denunciar su violación por parte de cualquier país soberano, cuando no tiene en su mente ni siquiera respetar los de su propio país.

A su vez, en la misma cumbre, el mandatario argentino acusó al gobierno del presidente Maduro de reprimir las “manifestaciones pacíficas” opositoras, e irónicamente, hace unas horas, se llevó a cabo la primer represión de Mauricio Macri como presidente, cargo que ocupa hace menos de 2 semanas, una represión a trabajadores que pedían la restitución de sus fuentes de trabajos y que recibieron como respuesta palos y balas de goma. Más irónico aún es que el presidente que acusa al gobierno venezolano de no respetar las manifestaciones y de violar los Derechos Humanos, esté llevando a cabo la creación de un “protocolo de protesta” que dará un paso fundamental en la criminalización de las protestas sociales en un contexto que nos permite ver un creciente clima de inestabilidad y malestar social producto de sus políticas económicas recientemente anunciadas.

Para concluir, sólo me resta decir que Mauricio Macri antes de intentar intervenir en los asuntos de otros países, debería por lo menos intentar resolver los existentes de la misma materia en el país que preside, que al no hacerlo no solo queda como un cínico, sino que deja al descubierto que no es más que un peón de este gran ajedrez geoestratégico en donde el imperialismo mueve las fichas para desestabilizar y derrotar, de una vez por todas, a los gobiernos pos-neoliberales de Latinoamérica. Además, se debe enfatizar en que, como bien dijo Pérez Esquivel en la carta abierta a La Nación, no vamos a dar ni un paso atrás en materia de Derechos Humanos, y eso incluye avanzar con los juicios a los responsables de la última dictadura cívico-militar argentina, porque esto no es venganza como expresan los sectores más conservadores, por el contrario, esto es justicia, y como tal debe reparar los daños causados por tantos años de terrorismo de Estado, que tanto La Nación como el presidente Macri intentan invisibilizar.