A pocos días de que se haga la evaluación de los 15 años de aplicación del Plan Colombia, las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios han enviado una carta al presidente Barack Obama en la que insisten en que lejos de los resultados positivos del Plan hay una serie de violaciones a los Derechos Humanos a los que la financiación por parte de Estados Unidos ha sido favorable.

En la carta CONPAZ resalta que la ley de víctimas y restitución de tierras ha sido un “total fracaso” porque no ha dado garantías para el acceso a las tierras de manera digna incluso sobre decisiones de la propia Corte Constitucional. “Evidentemente Colombia ha cambiado con el Plan Colombia. Dichos cambios, no necesariamente ha significado mejoría en la calidad de la mayoría de los colombianos” señala.

La comunicación también señala que incluso las políticas extractivas propiciadas y facilitadas en Colombia son muy diferentes a las que se aplican en Estados Unidos, donde mediante resoluciones comunitarias se impide la práctica del Fracking entre otras que son altamente destructivas de los ecosistemas.

CONPAZ resalta los mecanismos jurídicos que impiden el acceso a las tierras y burlan los derechos a la consulta previa, la “tributación desigual que beneficia a los más ricos” y la cantidad de posibilidades que apoyadas por los tratados de libre comercio se abren para desconocer los derechos laborales de los trabajadores o la construcción de obras de infraestructura de alto impacto nocivo.

Por esas razones las comunidades hacen un llamado para que en la evaluación de los 15 años del Plan Colombia se tengan en cuenta las voces de las comunidades negras, campesinas e indígenas que son las víctimas directas de las acciones que a través del Plan se han visto afectadas.

Carta al presidente Obama 

COMUNIDADES CONSTRUYENDO PAZ EN LOS TERRITORIOS

Varios lugares de Colombia, 28 de enero de 2016

Señor Presidente de los Estados Unidos de América

Barack Obama

Washington

Reciba un fraterno saludo, Nuestra Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, donde nos encontramos campesinos, afrodescendientes, indígenas y pobladores urbanos de 135 organizaciones en 13 departamentos de Colombia, como víctimas de Estado y del conflicto armado reconocemos y celebramos su decisión de contribuir a la construcción de un país hacia la paz. Nosotras y nosotros hemos constatado que para violar nuestros derechos se ha usado el pretexto del conflicto armado, hemos visto cómo nuestros territorios han sido y continúan siendo militarizados y lo peor, paramilitarizados, hoy tenemos la esperanza que la solución del conflicto armado con las FARC EP y el inicio de las conversaciones con el ELN, permita fundamentar una democracia respetuosa de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Evidentemente Colombia ha cambiado con el Plan Colombia.

Dichos cambios, no necesariamente ha significado mejoría en la calidad de la mayoría de los colombianos, excluidos, empobrecidos, sectores medios, y algunos sectores empresariales. Se ha ido creando toda una arquitectura legal que limita, que burla derechos a la consulta previa, o mecanismos que niegan nuestra existencia y habitación en territorios; mecanismos que permiten una tributación desigual y desproporcionada que beneficia a los más ricos; hoy apoyados en los Tratados Comerciales se continúan desconociendo los derechos laborales y se posibilita la implementación de obras de infraestructura, agronegocios, operaciones extractivas y el arrasamiento de la riqueza biológica, la destrucción de los bosques, las aguas y los páramos.

Nosotros hemos construido en medio de la violencia con balas y de la violencia con hambre, de la violencia con la cárcel injusta, propuestas para la producción agroecológicas, para la preservación del ambiente; de la violencia con la mentira, propuestas humanitarias y hoy nuestra iniciativa de aldeas de paz. Hemos también afirmado propuestas de protección territorial, de desarrollo agroambiental y hemos estado abiertos a diálogos transparentes con sectores estatales y gubernamentales y empresariales sobre la base que se cumpla los principios de Naciones Unidas para empresas y derechos humanos; se realicen consultas previas; se logre consentimientos libres; se protejan los derechos de las comunidades y el ambiente; y se logre acuerdos  justos y democráticos. Eso hasta ahora ha sido un imposible. La paramilitarización y las nuevas formas de control social territorial aseguran la inequidad y la destrucción ambiental.

Hemos propuesto en el escenario de las conversaciones al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, al gobierno y las guerrillas de las FARC-EP y ELN, propuestas para la Comisión de la Verdad; el derecho reparativo como construcción novedosa de la sanción y de reconocimiento de responsabilidades e iniciativas como las Universidades de la Paz, para asegurar el derecho a la educación y una cultura de paz para nuestros jóvenes, que no pueden acceder a las grandes capitales y que pueden por la imposibilidad de lograr satisfacer este derecho arraigarse en los territorios. Tenemos currículos y presupuestos básicos, y como parte de un plan escolar desde las guarderías, la primaria, la secundaria y las materias transversales en la educación superior en la que participarían comunidades, víctimas y sobrevivientes y responsables directos e indirectos, pero nada de eso es atendido por el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que imposibilita creer que las víctimas estamos en el centro de los Acuerdos.

Como red CONPAZ, valoramos el significativo e inédito avance en el que se acuerda en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Reparación. La verdad es punto central de este acuerdo, tal como lo hemos venido planteando en nuestra propuesta de Justicia Restaurativa, con las sanciones distintas y alternativa a la cárcel. Solo si se garantiza el esclarecimiento de la verdad por parte de los responsables y se logra sancionar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, daremos pasos a otra sociedad. Insistimos que garantizando la verdad y la Justicia restaurativa de la que nosotros hemos hablado, habrá realmente una justicia. Para nosotros, las cárceles ocultan la verdad y hace que los beneficiarios y sus planificadores en su gran mayoría o totalidad disfruten de su libertad. Lamentamos del Acuerdo sobre Justicia que ante los tribunales que se creen no comparezcan expresidentes, la dignidad democrática se expresa en la igualdad ante la Ley, aquí no lo es, y genera un privilegio que no contempla el Estatuto de Roma.

Dentro de todo el proceso que se lleva a cabo preocupa que el Presidente Juan Manuel Santos no ha interlocutado ni discutido muchas de las propuestas realizadas por organizaciones sociales y de víctimas. Es sumamente importante que se garantice la plena participación de víctimas y organizaciones sociales en todo este proceso y en particular la  jurisdicción para la paz. Es importante que nuestro gobierno avance con las negociaciones con el ELN y que dicho proceso sea complementario al de las FARC-EP.

Para consolidar la paz en varias regiones del país se requiere esfuerzos serios para enfrentar y desmantelar el paramilitarismo en su totalidad en nuestras zonas. Adicionalmente sería recomendable que nuestro gobierno apoye esfuerzos económicos consultados con los líderes de las comunidades donde se aplican que garantizan educación, empleo respetando los derechos laborales y proyectos productivos lícitos viables y sostenibles con mercados garantizados a los jóvenes Colombianos para que no entre en las filas de grupos ilegales.

Ahora, los cambios que ha logrado el plan Colombia y de los que usted, señor Presidente Obama hace referencia, no han significado mejoría alguna en nuestras comunidades. Por ejemplo hay mucho que decir sobre la ley de víctimas y restitución de tierras y quienes hemos sido los directamente afectados, podemos afirmar que es un total fracaso; no hay garantías ciertas para nuestro derechos para la restitución de tierras, incluso con decisiones de la Corte Constitucional; la política ambiental ni siquiera se asemeja a la de Uds., por ejemplo, con las decisiones comunitarias en su país de imposibilitar el fracking, la política energética solo busca rentabilidad financiera, no se escuchan alternativa diferentes, las proyecciones extractivas, incluyen bosques, y páramos, incluso la Amazonía.

Creemos que de seguir así no solo los conflictos sociales se profundizarán sino que consolidaran una democracia excluyente que no posibilitara la paz; el paramilitarismo al servicio empresarial sigue avanzando en nuestros territorios, entre ellos la empresa de la droga. Es importante señor Presidente Obama, que escuchen a través de todas sus agencias en Colombia, escuchar las propuestas éticas, políticas, y técnicas que proponemos desde lo local para la construcción de la paz.

La participación e integración plena de las víctimas, comunidades y sociedad civil es necesario para asegurar que se construya la paz en el terreno. Para esto se va necesitar apoyo directo de parte de los países quienes apoyaran el proceso de paz con la cooperación internacional. Pedimos que Ud. nos apoye para que esto sea una realidad y podamos garantizar la verdad, justicia, reparaciones, no-repetición y la reconciliación en nuestras comunidades.

Dejamos estas consideraciones y esperamos su respuesta, para esta interlocución.

Lunes, 1 de febrero de 2016

CONPAZ