En las últimas semanas se volvió a hablar de un acuerdo político que apoye las conversaciones para terminar el conflicto armado que se adelanta con las FARC en La Habana y las que tratan de insinuarse con el ELN, pero realmente dejan muchos interrogantes acerca de qué tan sólidos son esos acuerdos y qué tanto son solamente de tipo mediáticos, o para la foto como dirían algunos.

En primer lugar, está bien que ese acuerdo no requiera apoyos a otras políticas del Gobierno, pero un acuerdo político es para darle un respaldo pleno e incondicional al equipo negociador del Gobierno, de tal manera que lo acordado por éste con la contraparte –ya sean las FARC o el ELN- no pueda ser objeto de controversia, sino tendría el Gobierno una especie de equipo negociador eunuco, otra cosa es que de repente requieran aclaración, explicación de algunos puntos, pero no una nueva negociación.

En segundo lugar, los partidos de la coalición del Gobierno, que además cuentan con cuotas burocráticas en el mismo, aparecen todo el tiempo cuestionando las iniciativas del Gobierno en este campo o peor aun mostrándose casi como que tienen que apoyar a regañadientes ésta que es la política bandera del actual gobierno. Y algo similar sucede al interior de los partidos de la coalición de Gobierno, donde algunos de sus congresistas parecen actuar como ‘ruedas sueltas’ o sencillamente, quizá por el ánimo de figuración, aparecen en medios dando declaraciones que poco tienen que ver con la posición oficial de sus partidos de apoyar la política pública fundamental del Gobierno del cual forman parte.

Algunos dirigentes invocan como ejemplo el pacto del Frente Nacional, con el cual los partidos liberal y conservador pusieron fin a su enfrentamiento armado bipartidista y que dejó casi trecientos mil muertos –de lo cual no hay mucho interés en hablar-, pero éste fue el pacto de paz entre las dos colectividades para dejar atrás décadas de enfrentamientos armados, que ninguna de las dos había logrado ganar; igualmente se menciona el pacto que dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que permitió que se convocara una Constituyente, cuando la Constitución de ese momento no lo tenía previsto de ninguna manera y efectivamente fue una forma de dar respuesta a un momento crucial de la vida política que el narcoterrorismo de los carteles de la droga y sus aliados habían generado.

En esta ocasión se trataría de un acuerdo de las fuerzas políticas establecidas, así como del sector empresarial y sindical, iglesias, universidades y otros sectores relevantes de la sociedad, para darle viabilidad política y jurídica a los acuerdos que nos permitan cerrar este medio siglo largo de conflicto armado –incluida la renuncia al uso de los grupos paramilitares- y que se garantice igualmente que lo acordado se vaya a implementar, independiente del Gobierno que suceda al del Presidente Santos, para ver si podemos aprovechar positivamente lo acordado para darle un impulso en términos de desarrollo al sector rural colombiano y a territorios que han sido marginalizados, en parte por la persistencia de la violencia, pero también por la predominancia de prácticas corruptas que o se han apropiado de los recursos públicos, o los han feriado para favorecer a sus clientelas políticas y en muchos de estos territorios con el apoyo intimidador de grupos armados paramilitares.

Este es el verdadero pacto de paz que se requiere entre las fuerzas sociales y políticas reales –los funcionarios de las instituciones son transitorios-, para garantizar que podamos dejar atrás el conflicto armado con todas sus secuelas negativas y avanzar en la construcción de paz; sólo así podemos dejar de lado la incertidumbre si el acuerdo de terminación del conflicto con las insurgencias va a ser refrendado o no, e igualmente concentrarnos en los aspectos centrales que hacen referencia a cómo se va a construir una sociedad más equitativa y una mejor democracia, que es construir paz.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia